Leopoldo Rito Lopez Tlapa

Expediente 1498/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1498/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Leopoldo Rito Lopez Tlapa

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ******************** hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de siete de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 20 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20, párrafo tercero del acuerdo. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Estado de Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintitrés. Radica demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Pérez ********************, en su calidad de autorizado en términos amplios del quejoso Leopoldo Rito López Tlapa, contra actos que reclaman del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1498/2023-II. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: tiene ese carácter: a) SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÈSIMO OCTAVO CIRCUITO. IV. NORMA, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: se reclama de la responsable la omisión de formular proyecto de resolución de sentencia, dentro de los noventa días siguientes, a la fecha en que le fue turnado mediante auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés." Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral de la demanda, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. A) Falta de interés jurídico, al no existir agravio personal y directo. Ahora bien, respecto a los actos reclamados que señaló la parte promovente en el presente juicio de amparo, de oficio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De la transcrita fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo. Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.". En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera de la parte promovente, en razón de que reclama la omisión de formular proyecto de resolución de sentencia, en el plazo que prevé la Ley en los autos del Juicio de Amparo Directo ********************, por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. No obstante, para que la parte promovente pueda reclamar dicha omisión, debe demostrar su interés jurídico, para lo cual es necesario que justifique con pruebas idóneas que la omisión reclamada a la responsable, afecta su esfera jurídica, pues de esa manera justificará su interés jurídico para reclamar dicha omisión (como pretende). Aunado a lo anterior, debe decirse que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente agosto de 2014, Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Lo anterior provoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo. B) Acto emitido por Tribunal Colegiado de Circuito. Precisado lo anterior, este Juzgador estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. (.)" En efecto, el precepto y fracción transcritos aluden a la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales en contra de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, la cual tiene como finalidad proteger la estabilidad y seguridad jurídica del gobernado, ya que ésta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimiento de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Esto, porque un acto generado durante el trámite de un juicio de amparo, no puede ser objeto de otro juicio de amparo, pues en todo caso, las violaciones que pudieran resentir las partes en virtud de un auto, decreto, proveído o resolución emitidos por un órgano de control constitucional que conoce de un juicio de esa naturaleza, pueden ser combatidas a través de los medios de impugnación que contempla la propia Ley de Amparo. En ese contexto, debe decirse que la causa de improcedencia en estudio abarca también las omisiones que se generen con motivo de la tramitación de los juicios de amparo directo o recursos de revisión, queja o reclamación que se someten al conocimiento de dichos tribunales, puesto que las omisiones generadas en esos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causa de mérito. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar, es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante de existir una solicitud expresa del gobernado, también lo es que, si de conformidad con la hipótesis prevista en la fracción VI, del artículo 61, del ordenamiento legal en consulta, el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, por mayoría de razón, también resulta improcedente en contra de las omisiones de esos tribunales. Ahora bien, en el particular, de la lectura integral del líbelo constitucional, se advierte que el impetrante de amparo señala como acto reclamado la dilación y retardo de la justicia, lo que se traduce en la omisión de dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo directo ********************, acto que atribuye al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; de ahí que, en el caso cobra actualidad de forma notoria e indudable la hipótesis legal prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues como se expuso con anterioridad, si de conformidad con lo previsto en dicha fracción, el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, por mayoría de razón, también resulta improcedente en contra de las omisiones de esos tribunales. En suma, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo indirecto, en contra de actos de un Tribunal Colegiado de Circuito, porque de conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo. Brinda sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." En las apuntadas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. Sin que obste a lo anterior, que las tesis invocadas, hagan referencia a diversos artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que las mismas fueron consideradas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Notificaciones electrónicas. Ahora bien, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la notificación del expediente electrónico a través del usuario "********************", toda vez que se encuentra registrado; por tanto, el Actuario Judicial de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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