Leopoldo Soberanis Hernández
Expediente 803/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leopoldo Soberanis Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 803/2017; y, R E S U L T A N D O: ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 803/2017 promovido por Leopoldo Soberanis Hernández, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ":.. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 803/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y remitido al día siguiente por razón de turno, al Juzgado Primero de Distrito, Leopoldo Soberanis Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadoras: a).- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero., residente en Chilpancingo. b).- Administrador Fiscal Estatal 07-01, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero. Ejecutoras: c).- Notificador Ejecutor del Administrador Fiscal Estatal 07-01, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero. ACTO RECLAMADO "De las autoridades señaladas como ordenadoras (.) la falta de emplazamiento o en su caso el ilegal de la multa y/o de su ejecución que me pretende hacer efectiva. De la autoridad señalada como ejecutor, reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que pretenda dar a las multas en perjuicio del suscrito." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, registró el asunto bajo el número 859/2017 y previno a la parte quejosa, desahogada que fue la prevención por auto de uno de septiembre de esa anualidad, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, declinando la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en esta ciudad de Acapulco. CUARTO. Por oficio recibido el cinco de septiembre siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad de Acapulco y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, se recibió el juicio de amparo 859/2017, por lo que este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, registrándola bajo el número de expediente 803/2017; y en acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, previno al quejoso para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado que se advertía su participación en el acto reclamado; lo que no desahogó dentro del término concedido; consecuentemente, mediante proveído de veintinueve de septiembre siguiente, se admitió la demanda, teniéndose únicamente como autoridades responsables a las señaladas en el escrito inicial de demanda, a quienes se requirió su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde, se ordenó notificar al tercero interesado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo de ejecución atribuido a una autoridad administrativa, cuya ejecución tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de agosto de dos mil diecisiete, lo que se corrobora con el acta de notificación que anexó a su demanda; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del tres al veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (descontados los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto del año pasado por ser días inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintidós de agosto pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se precisa que la parte quejosa reclama el requerimiento de pago contenido en el oficio número SDI/DGR/TCA/III/EF/0477/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, emitido por el Agente Fiscal Estatal 07-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero, por concepto de multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivada del expediente laboral 285/2006 y acumulado 517/2017. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través de quien lo representa, al rendir su informe justificado acepto el acto que se le reclama, lo que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con la copia certificada del oficio SDI/DGR/TCA/III/EF/0477/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete y del diverso 1793/2017 de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual impuso a la parte quejosa una multa de doscientos salarios diarios, en el expediente laboral 285/2006 y su acumulado 517/2017, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Por su parte el Agente Fiscal Estatal 07-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y el Notificador Ejecutor adscrito a dicha administración, ambos residentes en Tecpan de Galeana, Guerrero, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificados de los oficios por los cuales se les requirió, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XVI, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, tomo I, Julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001155, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente precisar lo siguiente: que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye el requerimiento de pago contenido en el oficio número SDI/DGR/TCA/III/EF/0477/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, emitido por el Agente Fiscal Estatal 07-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero, por concepto de multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivada del expediente laboral 285/2006 y su acumulado 517/2017. Asimismo, la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Estado exhibió copia certificada del oficio 1793/2017 de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual solicitó hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al quejoso Leopoldo Soberanis Hernández, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete por incumplimiento de la sentencia dictada en el aludido juicio laboral, por la cantidad de doscientos salarios diarios; luego entonces, la citada multa es un aprovechamiento que origina un crédito fiscal exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo segundo del título cuarto del Código Fiscal del Estado de Guerrero. En efecto, los artículos 2, 3, y 143 del Código Fiscal del Estado de Guerrero disponen el primero y el segundo, que los ingresos del Estado por concepto de contribuciones se clasifican en ordinarios y extraordinarios, que dentro de los primeros se encuentran los aprovechamientos, los cuales constituyen ingresos que percibe el Estado, distintos de los impuestos, derechos, productos o participaciones; finalmente, el último de los dispositivos legales señala que no satisfecho un crédito en favor del erario del Estado dentro del plazo que para el efecto señalen las disposiciones legales, se hará efectivo por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Bajo ese contexto, se concluye que el quejoso omitió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debió instar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en cuya instancia puede demostrar la ilegalidad del referido acto administrativo, previo a la interposición del juicio de amparo. En torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, conviene citar los siguientes preceptos: Artículo 118, de la Constitución Política del Estado de Guerrero: "Artículo 118. Las resoluciones que dicte la administración pública serán conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la ley. En los términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad. La ley respectiva definirá su organización y competencia." Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433: "Artículo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos de autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional." Artículos 4 y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194: "Artículo 4. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; (.)" Artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos." La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa y fiscal. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, el quejoso debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, como se prevé en el citado artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses del citado quejoso. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en sede de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 65 a 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: 1) que sea solicitado por el interesado; 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3) que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Incluso, en el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, se prevén las figuras del interés jurídico, o en su caso legítimo, para la concesión de la suspensión del acto reclamado; asimismo, del artículo 68 del propio código, se encuentra la figura de la apariencia del buen derecho homologada, dado que procede la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o a criterio del magistrado cuando sea necesario otorgarle aquellos efectos, para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no se actualiza la excepción a dicho principio de definitividad relativa a la falta de fundamentación de los actos reclamados (el requerimiento de pago contenido en el oficio SDI/DGR/TCA/III/EF/0477/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete), en razón de que de su contenido se aprecia que a modo de fundamento contiene diversos preceptos legales a saber: 18, fracción III, 22, fracciones III, XV, XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 38, fracciones II, VIII y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, 2, fracción I, 11, fracción VIII, 196, 136, 137, 138, 145, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Guerrero; lo que evidencia que los actos reclamados no carecen de fundamentación. Máxime que, tampoco se está ante la presencia de una violación directa a la constitución, partiendo del hecho de que de la lectura de la demanda se advierte que lo que se reclama es la actuación de la autoridad exactora, y por ende, un aspecto de legalidad, que no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto; mientras que el recurso que se estima -debió agotar el quejoso previamente al amparo que nos ocupa, no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley, como lo es el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, como se abordó con anterioridad. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el quejoso se ostenta como tercero extraño a la contienda que dio origen a la medida de apremio que pretende hacer efectiva la autoridad exactora; ya que no está en controversia el hecho de que en el expediente laboral burocrático 285/2006, el Presidente Municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero, fue señalado como parte demandada; que se solicitó la ejecución de la multa impuesta por la autoridad de trabajo el veintidós de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 1793/2017; y que Leopoldo Soberanis Hernández fue electo para ocupar el cargo de presidente de dicho municipio por el periodo 2015-2018, según la constancia de mayoría de validez allegada a los autos; pues dichas constancias revelan la sanción derivada de la falta de cumplimiento al requerimiento efectuado a dicha autoridad, correspondía ser colmada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no así por las autoridades exactoras señaladas como responsables; de ahí que - se insiste- lo reclamado sólo se relacione con una cuestión de legalidad. Finalmente, en el presente caso el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, en tanto que se le notificó el acto reclamado como se advierte del acta de notificación que la propia parte allegó a su demanda de amparo. En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad previo a instar la demanda de amparo, por no haberse impugnado dicho acto administrativo a través del medio ordinario que la propia ley establece, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Orienta lo anterior, la tesis 6 A, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página novecientos noventa y uno, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 803/2017 promovido por Leopoldo Soberanis Hernández, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIMBRE DE DOS MIL DIECISIETE...
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