Leopoldo Calleja Clemente

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Leopoldo Calleja Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 623/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, LEOPOLDO CALLEJA CLEMENTE, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Encargado o Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con residencia en Cópala, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "a).- La ilegal detención y privación de libertad de que pueda ser objeto el suscrito, así como el ilegal cobro de la cantidad de $47,000 que dice debo pagarle a la C. Magdalena Calleja Cilia y su esposo." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 623/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento a un cuerpo auxiliar de la Seguridad Pública Municipal, que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Leopoldo Calleja Clemente, reclama del Encargado o Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con residencia en Cópala, Guerrero, la eventual detención de la que puede ser objeto y como consecuencia, la privación de su libertad por la policía comunitaria, con motivo del no pago de la cantidad de $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos), cuyo cobro también reclama. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Encargado o Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con residencia en Cópala, Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte del acuse de recibo del oficio número 12630/2018; sin embargo, no se aprecia que se actualice la presunción de certeza a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen- La parte quejosa reclama un acto eventual o contingente, que consiste en su detención, lo que basa en el hecho de que fue citado a las doce horas del trece de julio de dos mil dieciocho para que compareciera a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Cópala, Guerrero, lo que refirió haber hecho en esa data, y que esa ocasión el encargado o comandante señalado como responsable le refirió que debía pagar la suma de $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos), a Magdalena Calleja Cicilia y al cónyuge de esta última, de quien desconoce su nombre; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sería detenido en ese momento y sólo sería liberado hasta que pagara tal suma de dinero, y que por temor y para que pudiera irse, tuvo que firmar un documento sin que pudiera leer su contenido, permitiéndole salir bajo el argumento de que iba a conseguir dinero. En ese orden de ideas, lo reseñado con antelación revela el contexto sobre el cual se emitieron los actos reclamados; es decir, bajo el reconocimiento del derecho constitucionalmente reconocido a los pueblos indígenas a su libre determinación para adoptar por sí mismos, las decisiones e instruir prácticas propias relacionadas con su organización sociopolítica, entre otros aspectos; cuyos usos y costumbres forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen rasgos y características propios de cada pueblo indígena; lo que se obtiene de la intelección de los artículos 2 y 6, fracciones I, IV, V, VIII, X y XI, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Luego, dentro de aquel marco de libre autodeterminación, se reconocen como autoridades indígenas, aquellas que los pueblos indígenas así reputan conforme a las normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario que reconocen como válidas para regular su vida pública, organización, actividades y las que dichas autoridades indígenas aplican para la resolución de sus conflictos, derivado de sus usos y costumbres. De igual forma, se reconoce, como parte de la organización propia de los pueblos indígenas, al cuerpo de seguridad pública interno en quien también se encomienda la prestación del servicio de seguridad pública que les corresponde a los Ayuntamientos dentro de su jurisdicción, particularmente en aquellas comunidades que por su naturaleza geográfica, económica, social y cultural, no exista tal servicio conformado por un cuerpo policiaco regular, sino que se integra de personas de la misma comunidad considerados aptos para ese servicio, tal y como lo precisa el artículo 18 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Entonces, es cierto que ni en el artículo 2º, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que reconoce el derecho de los pueblos indígenas ni en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (artículo 9), o las legislaciones secundarias invocadas con antelación, definen el derecho de los pueblos indígenas a su libre autodeterminación y organización política y social, apartadas de los principios de la Carta Magna, tan es así que la fracción II, del invocado artículo segundo de la Carta Magna expresamente ciñe el sistema normativo interno de solución de conflictos de los pueblos indígenas a los principios generales emanados de la Constitución; sin embargo, era necesario que la parte quejosa allegara evidencia que permitiera verificar la existencia de un conflicto entre particulares, y sobre todo, que a partir del mismo a se pretende realizar su posterior detención hasta en tanto sea cubierta la deuda en cuestión, pues tal proceder infringiría lo dispuesto por el último párrafo del artículo 17 constitucional que dispone: "Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Por tanto, al no haberlo hecho así, este juzgado de Distrito se encuentra impedido para tener por presuntivamente cierto el acto reclamado, ya que al no haberse demostrado lo anterior, se arribaría al extremo de someter a control constitucional un aspecto relativo a usos y costumbres sobre la base de tener la sospecha de que infringe el texto constitucional, aunado a que la emisión de una eventual sentencia amparadora únicamente tendría efectos declarativos, lo que no es propio del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 77, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 623/2018. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Encargado O Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con sede en Copala, Guerrero, y del acuse de recibo del oficio mediante el cual se le requirió, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó para ello; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Leopoldo Calleja Clemente, solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA: 1). Encargado o Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con sede en Copala, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: La eventual detención de la que puede ser objeto y como consecuencia, la privación de su libertad por la policía comunitaria, con motivo del no pago de la cantidad $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos), cuyo cobro también reclama." SEGUNDO.- Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe previo, señalándose esta fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de dos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, se precisa que la parte quejosa reclama: 1) La eventual detención de la que puede ser objeto y como consecuencia, la privación de su libertad por la policía comunitaria, con motivo del no pago de la cantidad $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos), cuyo cobro también reclama. 2) Lo anterior, porque a decir del incidentista, fue citado a las doce horas del trece de julio del año actual, y que al comparecer a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Cópala, Guerrero, cuyo encargado o comandante señalado como responsable le refirió que debía pagar dicha suma de dinero a Magdalena Calleja Cicilia y al cónyuge de ésta, de quien desconoce su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sería detenido y liberado hasta que pagara tal cantidad de dinero, y que por temor y para que pudiera irse, tuvo que firmar un documento sin que pudiera leer su contenido, permitiéndole salir bajo el argumento de que iba a conseguir dinero. SEGUNDO. La autoridad responsable señalada como ordenadora Encargado o Comandante de la Policía Comunitaria (Policía Ciudadana), con sede en Copala, Guerrero, fue omisa en rendir su informe previo, pese a estar debidamente notificada, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que le atribuye el incidentista. Ahora bien, ante la presunción de certeza de los actos reclamados y al estimar que se satisfacen los requisitos previstos por los artículos 128 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, se concede al incidentista, la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo del no pago de la cantidad de $ 47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos). Lo anterior hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el fondo del amparo. Por el contrario, dado el contexto reseñado por el quejoso sobre el cual se emitieron los actos reclamados; es decir, bajo el reconocimiento del derecho constitucionalmente reconocido a los pueblos indígenas a su libre determinación para adoptar por sí mismos, las decisiones e instruir prácticas propias relacionadas con su organización sociopolítica, entre otros aspectos, cuyos usos y costumbres forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen rasgos y características propios de cada pueblo indígena; lo que se obtiene de la intelección de los artículos 2 y 6, fracciones I, IV, V, VIII, X y XI, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Y que dentro de aquel marco de libre autodeterminación, se reconocen como autoridades indígenas, aquellas que los pueblos indígenas así reputan conforme a las normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario que reconocen como válidas para regular su vida pública, organización, actividades y las que dichas autoridades indígenas aplican para la resolución de sus conflictos, derivado de sus usos y costumbres. De igual forma, se reconoce, como parte de la organización propia de los pueblos indígenas, al cuerpo de seguridad pública interno en quien también se encomienda la prestación del servicio de seguridad pública que les corresponde a los Ayuntamientos dentro de su jurisdicción, particularmente en aquellas comunidades que por su naturaleza geográfica, económica, social y cultural, no exista tal servicio conformado por un cuerpo policiaco regular, sino que se integra de personas de la misma comunidad considerados aptos para ese servicio, tal y como lo precisa el artículo 18 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Sin embargo, ni en el artículo 2º, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que reconoce el derecho de los pueblos indígenas ni en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (artículo 9), o las legislaciones secundarias invocadas con antelación, definen el derecho de los pueblos indígenas a su libre autodeterminación y organización política y social, apartadas de los principios de la Carta Magna, tan es así que la fracción II, del invocado artículo segundo de la Carta Magna expresamente ciñe el sistema normativo interno de solución de conflictos de los pueblos indígenas a los principios generales emanados de la Constitución. Por ello, aun y cuando se advierta la existencia de un conflicto entre particulares, de ello no puede avalarse la detención del quejoso hasta en tanto sea cubierta la deuda en cuestión, pues tal proceder infringiría lo dispuesto por el último párrafo del artículo 17 constitucional que dispone: "Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." en tanto que, de estimarse la comisión de un delito, del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se deriva que solamente aquellas conductas que no estén calificadas como tales, son susceptibles de normarse conforme a los usos y costumbres propios de los pueblos indígenas. Esta medida cautelar surte efectos, sin necesidad de exigir garantía en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se tiene la certidumbre de que exista una persona a la cual pueda ocasionar daño o perjuicio la concesión de la suspensión de los actos reclamados; ello, sin prejuzgar sobre la existencia o inexistencia de dicha persona que pudiera revestirle el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5°, fracción III de la ley de la materia, para efectos de su emplazamiento en el principal. Esta medida precautoria no surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad personal al quejoso en la comisión de flagrante delito o en cumplimiento de una orden de detención librada en su contra por autoridad administrativa o judicial diversa a la aquí designada como responsable ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada, en términos de los considerandos primero y segundo de esta resolución. Notifíquese.

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