Leonor Lizbeth Sánchez Hernández
Expediente 43/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leonor Lizbeth Sánchez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guerreo, con sede en Chilpancingo; en atención a su contenido, agréguese a sus autos sin proveer sobre el particular, en razón de que con fecha nueve de diciembre pasado, se tuvo por recibido su informe justificado, además de que el veintiuno de abril del año en curso se dictó la sentencia definitiva en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo 21; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicarán por lista, salvo aquéllas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el diecisiete de enero de dos mil veinte y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leonor Lizbeth Sánchez Hernández, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Congreso del Estado de Guerrero. 2.- Gobernador del Estado de Guerrero. 3.- Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero. 4. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Residentes en Chilpancingo, Guerrero. 5.- Presidente Municipal de Zihuatanejo, Guerrero. 5.- Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero. 6.- Superintendente General Zona de Distribución Zihuatanejo, de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Residentes en Zihuatanejo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "1.- H. Congreso del Estado: Se reclama la expedición y aprobación de la Ley 436 de Ingresos para el Municipio de José Azueta, Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en la sección cuarta servicios de alumbrado público. Artículo 23 (.) 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero (.). Se reclama la promulgación y orden Ley 436 de Ingresos para el Municipio de José Azueta, Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en la sección cuarta servicios de alumbrado público. Artículo 23 (.) 3.- C. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, el refrendo y publicación, de la Ley 436 de Ingresos para el Municipio de José Azueta, Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en la sección cuarta servicios de alumbrado público. Artículo 23 (.). 4.- Secretario General de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guerrero, se reclama el refrendo, de la Ley 436 de Ingresos para el Municipio de José Azueta, Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en la sección cuarta servicios de alumbrado público. Artículo 23 (.). 5.- H Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, C. Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, C. Tesorero del H Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero; se reclama la aplicación, de la disposición reclamada en líneas precedentes, así como la emisión de liquidaciones a cargo de la quejosa que pretendan hacer efectivos los derechos establecidos en el precepto reclamado." SEGUNDO.- Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 43/2020, se desechó respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas y administración, ambos del Estado de Guerrero, y al Superintendente General Zona de Distribución Zihuatanejo, de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad; y se admitió por los actos reclamados a las restantes autoridades, de quienes se solicitó su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su primer acto de aplicación por autoridades municipales que se encuentran en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en el respectivo ámbito de su competencia la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación de la Ley número 436 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, en específico su artículo 23 que contiene el derecho de alumbrado público, con motivo del que aduce es su primer acto de aplicación materializado en los avisos recibos por consumo de energía eléctrica exhibidos, afirmando tener registrado a su nombre el servicio número 326160104191 y 326180902727, que corresponden al periodo del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte; y del tres de noviembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte, respectivamente, en los que aparece un cobro por tal concepto. TERCERO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados al Congreso del Estado de Guerrero y al Gobernador del Estado, residentes en Chilpancingo, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, y orden de publicación de la Ley número 436 de Ingresos para el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados, por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Asimismo, tal convicción de certeza obedece además a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la parte quejosa atribuye a dichas autoridades, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus atribuciones, participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 260, tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, el Presidente Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, Primer Síndica y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de José Azueta, al rendir su informe justificado conjuntamente, negaron la existencia del acto atribuido por la parte quejosa; sin embargo, lo procedente es tener por cierta la participación que se les atribuye en la aplicación del precepto legal reclamado, en virtud de que, conforme al texto legal reclamado, las autoridades municipales se encuentran indirectamente vinculadas con el acto concreto de aplicación combatido, porque éstas son las encargadas de vigilar que se cumpla la norma relativa, así como de recibir la contribución, y en su caso, devolverlo a los gobernados en cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Esta apreciación encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 353 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PUBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991)". SEXTO.- Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, si la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 23 de la Ley número 436 de Ingresos del Municipio de José Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que crea el Derecho de Alumbrado Público, puede afirmarse que no logró demostrar la aplicación en su perjuicio de dicho ordinal. Ello es así, porque las documentales que exhibió la parte quejosa para demostrar el extremo en cuestión, resultan insuficiente para ello al tratarse de la copia simple de lo que al parecer son los avisos-recibos relacionados al servicio número 326160104191 y 326180902727; documentales que al no concatenarse con otros medios de convicción que robustezcan su contenido y le den mayor fiabilidad, carecen de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 202 (aplicado a contrario sensu), 203 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 213, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." En este punto, es importante destacar que tampoco es factible verificar el contenido de las aludidas documentales exhibidas en copia simple, ya que no se advierte que contengan sello digital o cualquier otro elemento tecnológico que permita autentificar su contenido, habida cuenta que al escáner el código QR que aparece en dicha documental, no se obtiene resultado positivo; lo que impide tener por acreditado el acto concreto de aplicación del artículo 23 de la Ley número 436 de Ingresos del Municipio de José Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que crea el Derecho de Alumbrado Público, por ende, tampoco se actualiza la existencia del interés jurídico de la parte quejosa para reclamarlo en esta instancia constitucional, y lo que procede con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el juicio por no demostrarse la individualización de la norma controvertida, en términos de la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 77, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leonor Lizbeth Sánchez Hernández, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTSO LEGALES CONDUCENTES..
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