Leopoldo Eduardo Flores

Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
99/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Leopoldo Eduardo Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 216 a 220), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Tesorera del Municipio de Tlaxcala y anexo, mediante el cual rinde informe justificado en el juicio en que se actúa; en atención al mismo, agréguese únicamente para que obre como corresponda, debiendo estarse a lo acordado en proveído del treinta de mayo año en curso (fojas 216 a 220), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso Leopoldo Eduardo Flores, el contenido del proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho: ...Agréguense los oficios signados por el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia y Titular del Área Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecida las documentales que anexan a sus oficios las autoridades responsables consistentes en el convenio de pago y modificación de las condiciones jurídico administrativas de Leopoldo Eduardo Flores, la cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del contenido de las constancias adjuntadas por las autoridades mencionadas, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando, subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el no realizar el pago correspondiente por concepto de salario y/o remuneración diaria ordinaria, solicitado mediante escrito de fecha treinta de diciembre del año dos mil diecisiete, presentado en oficialía de partes el dos de enero del año dos mil dieciocho. En este supuesto, la improcedencia deviene de la existencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido. La razón legal de la causa de improcedencia en comento, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de derecho fundamentales conforme a lo estipulado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho conculcado y, por tanto, la sentencia que se dicte no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. La causa de improcedencia de mérito tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo; la no realización de los efectos del amparo impugnado en el caso previsto en esta fracción es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXII, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. En el caso, el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia responsable y Titular del Área Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, en los oficios de cuenta, exhibieron el convenio de pago y modificación de las condiciones jurídico administrativas de Leopoldo Eduardo Flores realizado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, para la reinstalación laboral del citado quejoso, el pago de dos quincenas de salario, la primera comprendida del uno de marzo al quince de marzo de dos mil dieciocho y la segunda del dieciséis de marzo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; cada una por la cantidad de $3,857.35 (tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos); documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Por ende, si de las aludidas constancias se advierte que se realizó un convenio y que fueron pagadas dos quincenas, mismas que comprendían del uno de marzo de dos mil dieciocho; por la cantidad de $3,857.35 (tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos) y la segunda del dieciséis de marzo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $3,857.35 (tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos); pagos que acepto el quejoso y otorgó recibo más amplio que en derecho corresponda a el Municipio (Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala) por concepto de salario devengado de la primer quincena comprendida del uno de marzo al quince de marzo de dos mil dieciocho y la segunda quincena comprendida del dieciséis de marzo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; asimismo, Leopoldo Eduardo Flores manifestó que a la fecha el Municipio (Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala) no adeuda cantidad liquida alguna por concepto de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por lo que no se reservó acción legal para el reclamo de dichas prestaciones; entonces, inconcuso es que los actos aquí reclamados consistentes en el no realizar el pago correspondiente por concepto de salario y/o remuneración diaria ordinaria, solicitado mediante escrito de fecha treinta de diciembre del año dos mil diecisiete, presentado en oficialía de partes el dos de enero del año dos mil dieciocho, -aunque materialmente subsisten-, ya no pueden surtir efecto legal alguno. En efecto, no obstante de que formalmente subsista el escrito de treinta de diciembre de dos mil diecisiete, tal motivo de reclamo dejó de surtir sus efectos legales o materiales en la esfera jurídica de la parte quejosa, con motivo del pago correspondiente por concepto de salario y/o remuneración diaria ordinaria, que cubre el concepto que pretendía requerir en el citado escrito, porque aun cuando pudiera estimarse que los actos reclamados fueran violatorios de las prerrogativas constitucionales del peticionario de amparo, a nada práctico conduciría analizar la legalidad del aludido acto reclamado en sede constitucional, debido a que la materia del amparo dejó de existir. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del citado acto reclamado, ello de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en cita, por lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. De igual forma, tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que prescribe: "ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE. POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL. Si la resolución administrativa cuya validez reconoció la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, y que constituye el acto reclamado, ha sido dejado sin efectos por la autoridad demandada de la cual emanó aquella resolución, el juicio de amparo que contra la susodicha sentencia definitiva se interponga, resulta improcedente, al tenor de lo dispuesto por la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia del mismo." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios aplicados en la presente ejecutoria, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, en la especie resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con dieciocho minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Giovanni Alberto Díaz Ávila, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se niega a Leopoldo Eduardo Flores la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto y por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.

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