Leopoldo Padron Rangel
Expediente 289/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leopoldo Padron Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se aprecia que el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia, no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó sobreseer el amparo solicitado, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Documentos: La parte quejosa no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 20, fracciones II y III, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado del sello pertinente en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno. Asimismo, devuélvase al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, el tomo de pruebas, formado con las constancias que envió como apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remita. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que signa el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, atento a su contenido, se le tiene remitiendo la constancia de emplazamiento del fiscal de su adscripción, tercero interesado, el cual únicamente se agrega para los efectos legales, toda vez que el diecinueve de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, a través del cual informa que, en el juicio de origen, las partes contendientes celebraron un convenio que fue ratificado por éstas y sancionado de legal por esa autoridad; asimismo, allega las constancias de las que se advierte esa cuestión. Documentales que solo se agregan a los autos para que obren como correspondan debido a que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés se resolvió en definitiva la suspensión del acto reclamado. Con indepedencia de lo anterior, con copia certificada de la promoción que se recibe y sus anexos, dese cuenta en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, a fin de que se acuerde lo procedente. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito que signa el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual informa que las partes en el juicio de origen (aquí quejoso y terceros interesados) llegaron a un convenio que lo dio por terminado y acompaña copia del convenio, ratificación y acuerdo que lo sancionó, para acreditar su dicho. Los que se agregan a los autos para constancia legal. De igual forma, se tiene por recibida la copia certificada del oficio signado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, a través del cual, confirma lo expuesto por el autorizado de la parte quejosa en el sentido de que en el juicio de origen, las partes contendientes celebraron un convenio que fue ratificado por éstas y sancionado de legal por esa autoridad, anexando las constancias de las que se advierte esa cuestión. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las documentales reseñadas que aporta la autoridad responsable se advierte que en el presente asunto, respecto al acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio, pues dicha causa de improcedencia resulta de estudio preferente por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la demanda de amparo y constancias remitidas por el juzgado responsable en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio familiar ***** de su estadística, se aprecia que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veinticuatro de febrero del presente año, mediante el cual, el juez decretó la medida cautelar provisional de separación de concubinos a fin de que el quejoso dejara de habitar en el domicilio ubicado en calle ***** número *****, colonia ***** de esta ciudad. Ahora, mediante las constancias que en este acto se reciben, el juez responsable informó que en el juicio de origen, las partes contendientes, celebraron un convenio el cual fue ratificado por éstas y sancionado de legal por esa autoridad; por tanto, se colige que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por sobrevenir un cambio de situación jurídica, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. Con la precisión de que, cuando se reclame la trasgresión a los artículos 19 o 20 de la Constitución Federal, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las respetivas violaciones. Sobre esa base, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, determinó en la tesis 2a. CXI/96 que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas; d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. En resumen, existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente. Por tanto, en el caso concreto, el supuesto descrito con antelación, se encuentra satisfecho como se verá a continuación: a. El acto reclamado emana del juicio oral ordinario *****, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar con sede en Salamanca, Guanajuato. El cual consiste en el acuerdo de veinticuatro de febrero del presente año, mediante el cual, el juez decretó la medida cautelar de separación de concubinos a fin de que el quejoso dejara de habitar en el domicilio ubicado en calle ***** número *****, colonia ***** de esta ciudad. b. El nueve de mayo de dos mil veintitrés -posterior a la emisión del acuerdo reclamado- la parte quejosa -demando natural- y la actora original -aquí tercera interesada- presentaron un convenio por escrito ante el juez responsable, en el que pactaron lo relativo a las personas que habitarían el inmueble materia de la medida cautelar de separación de concubinos y, en la misma fecha, ratificaron el acuerdo de voluntades ante la presencia judicial. Mediante acuerdo de doce de mayo actual, el juez de lo autos aprobó el convenio y lo elevó a categoría de sentencia ejecutoria. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, al haberse celebrado un convenio a fin de concluir el juicio de origen, en el que se determinó lo conducente a quien habitará en el inmueble respecto del que se decretó la medida cautelar de separación de concubinos, entre otras cuestiones. d. Por lo que, existe autonomía entre el acto reclamado y la nueva determinación relativa al citado acuerdo de voluntades, por cuanto a que respecto a la medida de separación de concubinos que imperaba al presentar la demanda de amparo, con posterioridad se celebró un convenio en el que se fijaron los términos para que se habitara el inmueble de trato. Por ello, no es factible el estudio del acto reclamado por la vía del amparo indirecto, dado que no podría decidirse sobre su legalidad o ilegalidad, sin afectar la nueva situación jurídica surgida con el convenio celebrado por las partes del juicio de origen y sancionado de legal por la autoridad responsable. Bajo esas consideraciones, al haberse celebrado el citado convenio y elevarse a categoría de cosa juzgada, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y fiscal adscrito, por lista a los terceros interesados, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada.
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