Leopoldo Contreras Nuñez

Expediente 900/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
900/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
04/11/2015

Partes del expediente

  • Leopoldo Contreras Nuñez
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de treinta de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA la resolución de veintinueve de octubre del año en curso, en atención a que no compareció los días tres o cuatro de noviembre del año en curso, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito signado por *****, en su carácter de quejoso, mediante el cual solicita se requiera al Director y/o Encargado del Registro Agrario Nacional, a fin de que remita la información que refiere; sin embargo, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el promovente no acredita haber realizado la petición ante dicha autoridad, como lo establece el citado precepto legal.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por -----, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de octubre de dos mil quince, agréguese para que obre como corresponda. Atento a su contenido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir, en la resolución de fecha dos de octubre de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 501/2015, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, que declaró inapelable el auto de ocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio Hipotecario 357/2015, por medio del cual, se declaró precluido el derecho de los demandados para aceptar la depositaría y, se tuvo al actor designándose como depositario a quien se ordenó poner en posesión del bien inmueble materia de la hipoteca. Puntualizado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto mencionado, el aquí quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en los artículos 232, 233, 234 y 235, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, mismos que en su orden, disponen: "Artículo 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233.- La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234.- Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. Artículo 235.- Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." En esas condiciones, si en el caso se reclama la resolución de fecha dos de octubre de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 501/2015, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, que declaró inapelable el auto de ocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio Hipotecario 357/2015, por medio del cual, se declaró precluido el derecho de los demandados para aceptar la depositaría y, se tuvo al actor designándose como depositario a quien se ordenó poner en posesión del bien inmueble materia de la hipoteca, este último puede ser modificado o revocado a través del diverso recurso de revocación que establece el propio Código de Procedimientos Civiles en comento. De lo que se sigue que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación -recurso de revocación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a.El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b.No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c.La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de quince de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el veintidós de octubre de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por -----, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de octubre de dos mil quince, agréguese para que obre como corresponda. Atento a su contenido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir, en la resolución de fecha dos de octubre de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 501/2015, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, que declaró inapelable el auto de ocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio Hipotecario 357/2015, por medio del cual, se declaró precluido el derecho de los demandados para aceptar la depositaría y, se tuvo al actor designándose como depositario a quien se ordenó poner en posesión del bien inmueble materia de la hipoteca. Puntualizado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto mencionado, el aquí quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en los artículos 232, 233, 234 y 235, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, mismos que en su orden, disponen: "Artículo 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233.- La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234.- Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. Artículo 235.- Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." En esas condiciones, si en el caso se reclama la resolución de fecha dos de octubre de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 501/2015, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, que declaró inapelable el auto de ocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio Hipotecario 357/2015, por medio del cual, se declaró precluido el derecho de los demandados para aceptar la depositaría y, se tuvo al actor designándose como depositario a quien se ordenó poner en posesión del bien inmueble materia de la hipoteca, este último puede ser modificado o revocado a través del diverso recurso de revocación que establece el propio Código de Procedimientos Civiles en comento. De lo que se sigue que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación -recurso de revocación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a.El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b.No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c.La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de quince de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el quince de octubre de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve -----, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil de Valle de Santiago, Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 904/2015-VI; y, fórmese expediente. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracciones II, III, IV y V, de la Ley de Amparo vigente, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: Especifique cuál es el acto que de manera concreta reclama, toda vez que del capítulo señalado como "V. ACTOS RECLAMADOS", se aprecia que reclama lo siguiente: "Reclamo un gravamen o afectación, que se encuentra registrado y descrito en el documento que acompaño consistente en el certificado de gravámenes de fecha 23 veintitrés de Septiembre de 2015 dos mil quince, dicho certificado me fue expedido por la encargada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Valle de Santiago Gto., cuya superficie medias (sic) y colindancias pertenecen al número de folio real -----, que le corresponde a mi copropiedad, dicho gravamen deviene del Juicio Ejecutivo mercantil con número de expediente 41/2010 radicado en el Juzgado de Primera Instancia de lo civil de la Ciudad de Valle de Santiago Gto." Y del capítulo "VIII CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", se aprecia que reclama: "En el caso en particular se viola en mi perjuicio las mencionadas garantías, toda vez que las autoridades responsables embargaron, aprobaron y pretenden rematar el bien inmueble de mi copropiedad y posesión ubicado en -----". Precise a qué autoridad responsable señala como ordenadora, en virtud de que, en el apartado denominado "III. AUTORIDAD ORDENADORA", señala lo siguiente: "C. Juez de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Valle de Santiago Gto." Y, de las constancias que anexa a su escrito de demanda, de manera concreta de la consulta de lista de acuerdos para juzgados del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, aparece que el expediente 41/2010 del cual pudiera emanar el acto reclamado, corresponde al índice del Juzgado Primero Civil de Valle; por lo que no existe certeza a qué autoridad le atribuye el acto reclamado, esto es, si al Juez de Partido Primero Civil o al Juez de Primera Instancia de lo Civil de Valle de Santiago. Por tanto, deberá señalar en forma clara y precisa la denominación correcta de la autoridad ordenadora responsable y en caso de señalar ambas, exhibir una copia más del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio. Los anteriores datos resultan necesarios para tener un panorama del estado procesal del juicio de origen y estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda planteada. Se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado, dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, téngase a la parte promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el ocurso de cuenta; asimismo, se tiene como su autorizado en términos de la segunda parte, segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo a -----, en virtud de que sí cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano