Leticia Alcantar Oseguera
Expediente 884/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leticia Alcantar Oseguera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida contra actos del Procurador General del Estado de Guanajuato, Agentes del Ministerio Público Investigadores II y III, ambos con residencia en Pénjamo, Guanajuato, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis dictado en el presente juicio, se notifica por este medio a la PARTE PROMOVENTE, el proveído de esa misma fecha que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Procurador General del Estado de Guanajuato, Agentes del Ministerio Público Investigadores II y III, ambos con residencia en Pénjamo, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 884/2016-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior ha de decirse que el acto reclamado lo constituye el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia, el archivo definitivo de la carpeta de investigación número ***, del índice de la Agencia Investigadora II, con residencia en Pénjamo. Bajo ese tenor, ha de decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX en de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo vigente; mismo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia [.]." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como en el caso que nos ocupa. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Por lo que, en el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, no constituye un auto con carácter definitivo, ya que es recurrible, de acuerdo con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la determinación combatida en el presente sumario constitucional, puede ser impugnado ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas las partes de dicha resolución, en ese sentido, y considerando que la parte quejosa es parte ofendida dentro de la carpeta de investigación 12132/2015, por tanto, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, por vía diversa a la ahora intentada. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra el acto que se reclama el recurso procedente, es claro que no se satisfizo por la parte impetrante del amparo, el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la parte quejosa debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del presente juicio de garantías. Atento a lo anterior, si en términos de la ley del acto que reclama, éste se puede impugnar en vía diversa a la intentada por la promovente y que no agotó antes de acudir ante este instancia de garantías, queda de manifiesto que el juicio de amparo que ahora se promueve no cumple con el principio de definitividad y en esas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Téngasele por señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos restringidos a -- por no contar con el requisito anterior. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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