Leopoldo Corona Aguilar
Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leopoldo Corona Aguilar
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial a que alude la cuenta, se advierte la imposibilidad para notificar al quejoso Leopoldo Corona Aguilar, del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Atento a lo anterior y, considerando que no se advierte diverso domicilio que haya señalado el promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele éste y dicho proveído mediante la lista que se fije en los estrados de este juzgado; QUE A LA LETRA DICE, """"""""""""""""""""""""Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia del escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo ****************************por propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra diversos actos y autoridades, en virtud de la separación de autos que ordenó en dicho expediente; sin embargo, de dicho comunicado se advierte que este órgano jurisdiccional conocerá del acto y autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México de la Delegación Fiscal Naucalpan. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México. Gerente de la sucursal 7822 de la institución bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México. Acto reclamado La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar o suspender las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta ********************, aperturada en la institución bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, derivada del procedimiento de ejecución ********************iniciado por la Delegada Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con motivo de la medida de apremio que se hizo efectiva al quejoso en el juicio administrativo ******************** del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo ********************. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto el quejoso reclama: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar o suspender las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta ********************, aperturada en la institución bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, derivada del procedimiento de ejecución ********************iniciado por la Delegada Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con motivo de la medida de apremio que se hizo efectiva al quejoso en el juicio administrativo ******************** del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Ahora bien, cabe destacar que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que el congelamiento de su cuenta bancaria, derivó de la ampliación del embargo decretado en el procedimiento de ejecución ********************emanado del juicio administrativo ********************, en el que se hicieron efectivas en contra del quejoso diversas multas por el incumplimiento en el que incurrió a diversos mandatos jurisdiccionales en su carácter de Tesorero del Municipio de Naucalpan de Juárez a pesar de estar debidamente notificado de ello. En efecto, de las constancias enviadas por el homólogo oficiante, consistentes en copia certificada del juicio administrativo ********************, se advierte que el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, requirió, entre otros, al ahora quejoso ********************en su calidad de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que acreditara el pago al actor, en el juicio de origen, por la cantidad de cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y un pesos 33/100 moneda nacional y, lo apercibió, para el caso de incumplimiento, con imponerle una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en dos mil diecinueve (época de los hechos). Sin embargo, a pesar de diversos requerimientos que le formuló dicha Sala, el ahora quejoso no acreditó haber dado cumplimiento a tal encomienda, a pesar de haber actuado en el proceso realizando diversas gestiones, razón por la cual, se le hizo efectiva la medida de apremio con la que se le conminó y, una vez instaurado el procedimiento de ejecución respectivo, en ampliación de embargo, se ordenó el congelamiento de su cuenta bancaria. Por tanto, en contra de dicho acto procede el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece: Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.). Del contenido de dicho artículo, se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra de actos administrativos que dicten las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo de la entidad, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten los derechos de los particulares. Lo que acontece en la especie, toda vez que los actos que reclama el quejoso son de naturaleza administrativa, los cuales atribuye a diversas autoridades administrativas de carácter estatal. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo contenido es el siguiente: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Por ello, se reitera, que es a través de los medios ordinarios de defensa que el quejoso puede obtener la modificación, revocación de los actos que reclama en sede constitucional. Así es, el impetrante del amparo estaba obligado a interponer el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para la salvaguarda de sus derechos, en aras de obtener la revocación de los actos reclamados, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligado a agotar el medio de defensa ordinario que la legislación administrativa le concede, es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, se actualiza de manera indudable un motivo de improcedencia. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo sea procedente antes de agotar el medio ordinario de defensa que contempla el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello es así, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo se encuentra prevista en una ley, en sentido formal y material, y no en un reglamento. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En diverso aspecto, tampoco se advierte que se actualice la excepción relativa a que los actos reclamados carezcan de fundamentación, en virtud que de las constancias que se reciben se desprenden los fundamentos y los motivos que la autoridad responsable consideró para emitir los actos que ahora se combaten. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa en su demanda reclama una violación a sus derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior, ya que de lo expuesto, se advierte que el quejoso actúo en el juicio de origen y, por ende, dicha violación no puede considerarse como una transgresión directa a la Carta Magna, respecto de la cual opere una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues desde el momento en que el impetrante es parte en el procedimiento de donde hace derivar la violación reclamada, implícitamente se respetó su garantía de audiencia; por ende, cualquier violación relacionada con dicha garantía de audiencia y la de legalidad, resultaría indirecta, porque si ésta presuntamente se cometió durante la tramitación de un procedimiento, en todo caso derivaría de una violación a la disposición legal secundaria que rige el citado procedimiento. Sirve de apoyo la tesis aislada II.4o.C.2 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito2, cuyo contenido es el siguiente: VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD. NO CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN SI EL QUEJOSO COMPARECIÓ COMO PARTE AL PROCEDIMIENTO. Si el quejoso reclama que en el procedimiento donde compareció como parte, se violaron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dicha violación no puede considerarse como una transgresión directa a la Carta Magna, respecto de la cual opere una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues desde el momento en que el impetrante se apersonó al procedimiento de donde hace derivar la violación reclamada ejercitando sus derechos, implícitamente se respetó su garantía de audiencia; por ende, cualquier violación relacionada con dicha garantía de audiencia y la de legalidad, resultaría indirecta, porque si ésta presuntamente se cometió durante la tramitación de un procedimiento, en todo caso derivaría de una violación a la disposición legal secundaria que rige el citado procedimiento. Tampoco se desprende que se actualice la excepción relativa a que se reclamen únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que las cuestiones planteadas son tema de legalidad. De modo que el quejoso se encuentra en plena posibilidad legal de agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, a efecto de combatir los vicios de legalidad de que pudieran adolecer los actos que reclama y lograr, en su caso, que se declare su invalidez. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Notificación personal y requerimiento de domicilio No obstante que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado fuera de la residencia de este juzgado de distrito, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el ubicado en ******************** y le haga del conocimiento el presente auto. Asimismo, deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Acceso al expediente electrónico Se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario "********************que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno de los usuarios que proporciona para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso.""""""""""""""""""""", en el entendido de que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán en esos términos. Notifíquese: por lista al quejoso, el auto de diecisiete de febrero, éste y, en su caso, los subsecuentes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver, en el presente juicio de amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese por lista a las partes.
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