Leonor Ortíz Ramírez

Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
574/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Leonor Ortíz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la directa quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos como prueba dentro del presente juicio de amparo; autorizando a diversa persona para recogerlos. En su atención, por cuanto hace a la devolución de los documentos exhibidos, dígasele a la promovente que deberá estarse a lo ordenado en proveído de veintidós de junio de la presente anualidad, en el que se proveyó sobre el particular. Finalmente, téngase por autorizada a la persona que refiere, únicamente para los efectos que precisa. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su DESTRUCCIÓN. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de NOVENTA DÍAS contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el 1 Artículo 25. - - - Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. En mérito de lo anterior, se exhorta a la promovente para que realice las gestiones conducentes para generar el código de acceso QR correspondiente, en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional y cumplimentar lo ordenado en el párrafo anterior. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aviso y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****************************, por su propio derecho, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, México. 2. Notificador adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, México. ACTOS RECLAMADOS ? La omisión de dar contestación de forma congruente, fundada y motivada, respecto a la petición registrada con el número de folio 05124, de la Oficialía de Partes Común del Municipio de Tultitlán, México, presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por la cual solicitó la certificación respecto de la existencia, y en su caso, inexistencia del acuerdo vigente de cabildo del Ayuntamiento, por la que se autorice o permite el funcionamiento de la actividad comercial en la vía pública (tianguis) los días lunes y jueves en la calle Adolfo Ruíz Cortines, Barrio de San Juan, cabecera Municipal de Tultitlán, México. ? La omisión de notificar, el acuerdo que recayó a la petición señalada con antelación. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 574/2022-VI. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y, es indudable, cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:1 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;" (.). Lo anterior es así, en virtud que la quejosa acude ante esta instancia constitucional al considerar que las autoridades responsables han sido omisas en dar respuesta al escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y justifica su pretensión en el artículo 8 constitucional que prevé el derecho de petición, el cual se transcribe a continuación: 1 Registro 1000320. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho numeral reconoce el derecho de petición, mismo que establece la obligatoriedad acerca que toda petición de cualquier persona planteada de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, la que además deberá comunicar al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. En tal virtud, toda persona tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, y formular una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica reconocida en el artículo 8° constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud y darlo a conocer en breve término al peticionario. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, más no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Circunstancia que ha sido corroborada, por la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, enero de 2001, página 203, de rubro: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto constitucional al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además, la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8°, constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Al particular es aplicable, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXIII, Página: 39, Materia Constitucional, Sexta Época, que es como sigue: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO.". De todo lo anterior, puede concluirse que el denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el mecanismo que el Estado ha otorgado a las personas para reconocer el derecho de petición establecido en el artículo 8° constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producirla se caracterizan por los siguientes elementos: 1. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, congruente con la petición; notificarse el acuerdo recaído al gobernado; resolver en sentido congruente, esto es, que al proveer no necesariamente debe ser de acuerdo a lo solicitado por el promovente, sino de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ahora bien, en la especie la quejosa realizó la petición a la referida autoridad el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mientras que la demanda de amparo la presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, el veinte de mayo del presente año. Esto es, entre la petición formulada a la autoridad responsable y la presentación de la demanda de amparo, sólo mediaron tres días naturales. Es cierto, que para la petición que realizó la quejosa no existe término específico, mencionado para configurar o no la transgresión al derecho de petición de la impetrante, y ello, tampoco puede afirmar que debe esperarse a un término genérico, sino que ese breve término debe responder al caso concreto, a las circunstancias particulares o alguna ley semejante del tema. Así, en la especie, se estima que no se trasgrede el derecho de petición reconocido a la parte quejosa en el artículo 8 constitucional, puesto que desde que formuló su petición a la fecha en que presentó la demanda, solamente habían ocurrido tres días, lo cual se considera que no supera el breve término que tiene la autoridad para emitir su respuesta. En ese orden de ideas, atendiendo al caso particular, se afirma que no se ha transgredido el breve término que tenía la autoridad para contestar la petición de la quejosa, pues -se reitera-, tres días, entre la petición formulada a la responsable y la presentación de la demanda de amparo, no se consideran que se haya incurrido en violación a su derecho fundamental previsto en el artículo 8, de la Constitución. En ese orden, si en este juicio la quejosa alega la omisión en que incurren las responsables de no dar contestación de forma congruente, fundada y motivada, respecto a la petición registrada con el número de folio 05124, de la Oficialía de Partes Común del Municipio de Tultitlán, México, presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, es evidente que no se surte el requisito de procedencia del juicio de amparo, puesto que entre la presentación de dicho escrito y la presentación de la demanda, solo han transcurrido tres días naturales, por lo que no puede considerarse que dicha dilación sea excesiva. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.112 K2, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO. El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque no existe una abierta dilación por parte de la responsable para responder al escrito presentado por la quejosa, pues entre la presentación del escrito de petición a la autoridad responsable y la demanda de amparo tan solo han trascurrido tres días naturales, por lo que no se transgrede de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente, en relación a los actos reclamados en los 1 y 3 de los párrafos que antecedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, toda vez que la ley de la materia no prevé esos supuestos para efectuar una notificación en el procedimiento del juicio de amparo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, con fundamento en el artículo 3° párrafos cuarto y quinto de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa vía electrónica, con el nombre de usuario "jcerives"; por ende, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE efectuar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, dada la trascendencia de la presente determinación, por única ocasión, túrnense los autos al actuario adscrito respectivo para que se constituya en el domicilio que señala la quejosa en su escrito de demanda, y haga de su conocimiento este acuerdo. Notifíquese: PERSONALMENTE a la parte quejosa..." Lo anterior para los efectos conducentes.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****************************, por su propio derecho, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, México. 2. Notificador adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, México. ACTOS RECLAMADOS ? La omisión de dar contestación de forma congruente, fundada y motivada, respecto a la petición registrada con el número de folio 05124, de la Oficialía de Partes Común del Municipio de Tultitlán, México, presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por la cual solicitó la certificación respecto de la existencia, y en su caso, inexistencia del acuerdo vigente de cabildo del Ayuntamiento, por la que se autorice o permite el funcionamiento de la actividad comercial en la vía pública (tianguis) los días lunes y jueves en la calle Adolfo Ruíz Cortines, Barrio de San Juan, cabecera Municipal de Tultitlán, México. ? La omisión de notificar, el acuerdo que recayó a la petición señalada con antelación. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 574/2022-VI. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y, es indudable, cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:1 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;" (.). Lo anterior es así, en virtud que la quejosa acude ante esta instancia constitucional al considerar que las autoridades responsables han sido omisas en dar respuesta al escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y justifica su pretensión en el artículo 8 constitucional que prevé el derecho de petición, el cual se transcribe a continuación: 1 Registro 1000320. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho numeral reconoce el derecho de petición, mismo que establece la obligatoriedad acerca que toda petición de cualquier persona planteada de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, la que además deberá comunicar al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. En tal virtud, toda persona tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, y formular una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica reconocida en el artículo 8° constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud y darlo a conocer en breve término al peticionario. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, más no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Circunstancia que ha sido corroborada, por la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, enero de 2001, página 203, de rubro: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto constitucional al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además, la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8°, constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Al particular es aplicable, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXIII, Página: 39, Materia Constitucional, Sexta Época, que es como sigue: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO.". De todo lo anterior, puede concluirse que el denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el mecanismo que el Estado ha otorgado a las personas para reconocer el derecho de petición establecido en el artículo 8° constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producirla se caracterizan por los siguientes elementos: 1. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, congruente con la petición; notificarse el acuerdo recaído al gobernado; resolver en sentido congruente, esto es, que al proveer no necesariamente debe ser de acuerdo a lo solicitado por el promovente, sino de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ahora bien, en la especie la quejosa realizó la petición a la referida autoridad el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mientras que la demanda de amparo la presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, el veinte de mayo del presente año. Esto es, entre la petición formulada a la autoridad responsable y la presentación de la demanda de amparo, sólo mediaron tres días naturales. Es cierto, que para la petición que realizó la quejosa no existe término específico, mencionado para configurar o no la transgresión al derecho de petición de la impetrante, y ello, tampoco puede afirmar que debe esperarse a un término genérico, sino que ese breve término debe responder al caso concreto, a las circunstancias particulares o alguna ley semejante del tema. Así, en la especie, se estima que no se trasgrede el derecho de petición reconocido a la parte quejosa en el artículo 8 constitucional, puesto que desde que formuló su petición a la fecha en que presentó la demanda, solamente habían ocurrido tres días, lo cual se considera que no supera el breve término que tiene la autoridad para emitir su respuesta. En ese orden de ideas, atendiendo al caso particular, se afirma que no se ha transgredido el breve término que tenía la autoridad para contestar la petición de la quejosa, pues -se reitera-, tres días, entre la petición formulada a la responsable y la presentación de la demanda de amparo, no se consideran que se haya incurrido en violación a su derecho fundamental previsto en el artículo 8, de la Constitución. En ese orden, si en este juicio la quejosa alega la omisión en que incurren las responsables de no dar contestación de forma congruente, fundada y motivada, respecto a la petición registrada con el número de folio 05124, de la Oficialía de Partes Común del Municipio de Tultitlán, México, presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, es evidente que no se surte el requisito de procedencia del juicio de amparo, puesto que entre la presentación de dicho escrito y la presentación de la demanda, solo han transcurrido tres días naturales, por lo que no puede considerarse que dicha dilación sea excesiva. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.112 K2, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO. El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque no existe una abierta dilación por parte de la responsable para responder al escrito presentado por la quejosa, pues entre la presentación del escrito de petición a la autoridad responsable y la demanda de amparo tan solo han trascurrido tres días naturales, por lo que no se transgrede de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente, en relación a los actos reclamados en los 1 y 3 de los párrafos que antecedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, toda vez que la ley de la materia no prevé esos supuestos para efectuar una notificación en el procedimiento del juicio de amparo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, con fundamento en el artículo 3° párrafos cuarto y quinto de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa vía electrónica, con el nombre de usuario "jcerives"; por ende, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE efectuar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, dada la trascendencia de la presente determinación, por única ocasión, túrnense los autos al actuario adscrito respectivo para que se constituya en el domicilio que señala la quejosa en su escrito de demanda, y haga de su conocimiento este acuerdo. Notifíquese: PERSONALMENTE a la parte quejosa.

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