Leopoldo Efrain Ruiz Lizardi

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Leopoldo Efrain Ruiz Lizardi

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el apoderado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se dé de baja la autorización de la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice la baja correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario ROBL810810GE6, que el promovente autorizó para consultar electrónicamente el presente juicio. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 384/2021-VIII (número de origen E-379/2021-VIII), del índice de este juzgado, mismo que fue librado para notificar al quejoso el proveído por el que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de cuenta y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Bajo esa tesitura, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, QUE A LA LETRA DICE, """""""""""""""""""Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve vía **************************, que anexó para tal efecto, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y otras autoridades, que los hace consistir en: la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el ****************************, del índice de la autoridad responsable, así como la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Desechamiento. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se surte la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los siguientes casos de excepción: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Hecho notorio Ahora, toda vez que de la consulta al Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes se desprende la existencia del juicio de amparo 68/2020, del índice de este Juzgado, del que se advierte que Leopoldo Efraín Ruíz Lizardo, promovió juicio de amparo directo en contra del proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el juicio ordinario civil 385/2017, donde manifestó que fue notificado del proveído reclamado el quince de diciembre de dos mil veinte, por lo que procede a invocarlo como hecho notorio en este expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 385/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. En ese sentido, resulta evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados desde el quince de diciembre de dos mil veinte, toda vez que, como se advierte de los párrafos precedentes, los reclamados en el juicio de amparo 68/2020, del índice de este Juzgado y los reclamados en la demanda de cuenta, derivan del juicio ordinario civil 385/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, máxime que ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso Leopoldo Efraín Ruíz Lizardo. En la especie, la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. La anterior expresión hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia P./J.12/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de idea, el término de quince días que la ley concede a la parte quejosa para impugnar los actos reclamados transcurrió en exceso. En tanto que, el solicitante del amparo promovió su demanda hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, cuando ya había trascurrido el citado término legal. Por tanto, la demanda de amparo es evidentemente extemporánea. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el impetrante de amparo, al no haber sido impugnado por esta vía constitucional dentro del término legal de quince días. Es indudable si se toma en cuenta que ese hecho de ninguna manera podría ser desvirtuado con algún medio de prueba que eventualmente ofreciera la parte quejosa durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE Por otra parte, dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, notifique al solicitante de amparo, el presente proveído, en el domicilio ubicado en Sierra Vertientes, número 914, colonia Lomas de Chapultepec, VIII Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 305, 306 y 308 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario ROBL810810GE6; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MEDIO ALTERNATIVO DE CONTACTO. Se tiene como medio alternativo de comunicación el correo electrónico que proporciona, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente acuerdo, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese por exhorto al promovente.""""""""""""""""""", por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve vía **************************, que anexó para tal efecto, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y otras autoridades, que los hace consistir en: la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el ****************************, del índice de la autoridad responsable, así como la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Desechamiento. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se surte la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los siguientes casos de excepción: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Hecho notorio Ahora, toda vez que de la consulta al Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes se desprende la existencia del juicio de amparo 68/2020, del índice de este Juzgado, del que se advierte que Leopoldo Efraín Ruíz Lizardo, promovió juicio de amparo directo en contra del proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el juicio ordinario civil 385/2017, donde manifestó que fue notificado del proveído reclamado el quince de diciembre de dos mil veinte, por lo que procede a invocarlo como hecho notorio en este expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 385/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. En ese sentido, resulta evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados desde el quince de diciembre de dos mil veinte, toda vez que, como se advierte de los párrafos precedentes, los reclamados en el juicio de amparo 68/2020, del índice de este Juzgado y los reclamados en la demanda de cuenta, derivan del juicio ordinario civil 385/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, máxime que ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso Leopoldo Efraín Ruíz Lizardo. En la especie, la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. La anterior expresión hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia P./J.12/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de idea, el término de quince días que la ley concede a la parte quejosa para impugnar los actos reclamados transcurrió en exceso. En tanto que, el solicitante del amparo promovió su demanda hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, cuando ya había trascurrido el citado término legal. Por tanto, la demanda de amparo es evidentemente extemporánea. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el impetrante de amparo, al no haber sido impugnado por esta vía constitucional dentro del término legal de quince días. Es indudable si se toma en cuenta que ese hecho de ninguna manera podría ser desvirtuado con algún medio de prueba que eventualmente ofreciera la parte quejosa durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE Por otra parte, dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, notifique al solicitante de amparo, el presente proveído, en el domicilio ubicado en Sierra Vertientes, número 914, colonia Lomas de Chapultepec, VIII Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 305, 306 y 308 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario ROBL810810GE6; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MEDIO ALTERNATIVO DE CONTACTO. Se tiene como medio alternativo de comunicación el correo electrónico que proporciona, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente acuerdo, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese por exhorto al promovente.

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