Leonor Elsa Valenzuela Barrios
Expediente 770/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonor Elsa Valenzuela Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar el disco compacto que remitió la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en apoyo a su informe justificado; devuélvasele el mencionado disco relacionado con el proceso penal 32/2017 de su estadística, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja 74; y, requiérasele para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el domicilio que señaló como calle Cuatro Poniente (esquina Tres Norte), número ciento cinco, en San Andrés Cholula, Puebla, pues al constituirse en el referido inmueble fue atendido por Raquel Sánchez Guevara, quien le manifestó que no conoce a la persona buscada, ni labora allí y desconoce si es vecina del lugar. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte por ese medio todas las notificaciones, incluso las personales. Por otro lado, agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río y, visto que fue su contenido, como lo solicita, remítasele copia certificada de las constancias que señala, para lo que tenga a bien acordar dentro del juicio de amparo 652/2017-II de su índice; haciendo de su conocimiento que en auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ley para que dicha resolución quede firme. AUTO DE 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veintiocho de junio pasado (fojas 2 a 7) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la 1. Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y otras autoridades; de quienes reclamó. I. La orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión, así como su ejecución. Mediante proveído de treinta de junio pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado. Ahora bien, de autos se aprecia que las autoridades responsables siguientes rindieron sus informes de la manera en que se señala: No. Orden Autoridades responsables Sentido del informe. Foja 1 Jueza de Control Interina del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Número XIX de San Andrés Tuxtla, en el Estado de Veracruz. Cierto 27 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, destacamentado en San Andrés Cholula, Puebla. Niega 17 3 Comandante de la Policía Ministerial Zona Centro San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto del Jefe de Detectives de esa Policía Ministerial. Niega 22 Informes con las cuales se dio vista a la parte quejosa, y de los que transcurrió la vista por el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En efecto, la autoridad responsable 1. Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete, en contra de la aquí quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, dentro del proceso 32/2017, por el delito de retención de menores, previsto y sancionado en los artículos 241 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada identificado bajo las iniciales 08-K.D.F.A. Lo que se corrobora con las documentales que envió para justificar la existencia de los actos reclamados (fojas 28 a 58), mismas que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2, ya que se trata de un documento público expedido por funcionario público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, de tal acuerdo se obtiene que al momento de dicho suceso (presentación de la demanda el veintiocho de junio de dos mil diecisiete), la mencionada orden de captura no se había emitido, es decir, no existía. Tienen aplicación las jurisprudencias sustentadas por la Primera y Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se citan: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, ante la inexistencia de la orden de captura reclamada, a la fecha en que se promovió este juicio de amparo, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que hace extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, destacamentado en San Andrés Cholula, Puebla, y 3. Comandante de la Policía Ministerial Zona Centro San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto del Jefe de Detectives de esa Policía Ministerial; pues dichos actos no se reclaman por vicios propios. Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete (foja 64 vuelta). Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que en el particular ya transcurrió el plazo de ocho días que establece al artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que legalmente precluyó el derecho de la parte quejosa para desvirtuar la inexistencia señalada. Esto es, la quejosa no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la orden de captura reclamada aun no existía. Por otra parte, no pasa inadvertido para la suscrita juez Federal que la parte agraviada dentro del proceso penal 32/2017 del índice de la autoridad responsable ordenadora no fue emplazada al presente juicio de garantías con el carácter de parte tercero interesada, lo que debió haber ocurrido en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25/2011, cuyo rubro y texto son los siguientes: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. De la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.", se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. Sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que ésta no le causa ningún perjuicio a aquella. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por Katya Darinka Fernández Azuara, a través del cual solicita que se le reconozca el carácter de tercero interesada; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veintiocho de junio pasado (fojas 2 a 7) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la 1. Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y otras autoridades; de quienes reclamó. I. La orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión, así como su ejecución. Mediante proveído de treinta de junio pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado. Ahora bien, de autos se aprecia que las autoridades responsables siguientes rindieron sus informes de la manera en que se señala: No. Orden Autoridades responsables Sentido del informe. Foja 1 Jueza de Control Interina del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Número XIX de San Andrés Tuxtla, en el Estado de Veracruz. Cierto 27 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, destacamentado en San Andrés Cholula, Puebla. Niega 17 3 Comandante de la Policía Ministerial Zona Centro San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto del Jefe de Detectives de esa Policía Ministerial. Niega 22 Informes con las cuales se dio vista a la parte quejosa, y de los que transcurrió la vista por el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En efecto, la autoridad responsable 1. Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete, en contra de la aquí quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, dentro del proceso 32/2017, por el delito de retención de menores, previsto y sancionado en los artículos 241 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada identificado bajo las iniciales 08-K.D.F.A. Lo que se corrobora con las documentales que envió para justificar la existencia de los actos reclamados (fojas 28 a 58), mismas que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2, ya que se trata de un documento público expedido por funcionario público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, de tal acuerdo se obtiene que al momento de dicho suceso (presentación de la demanda el veintiocho de junio de dos mil diecisiete), la mencionada orden de captura no se había emitido, es decir, no existía. Tienen aplicación las jurisprudencias sustentadas por la Primera y Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se citan: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, ante la inexistencia de la orden de captura reclamada, a la fecha en que se promovió este juicio de amparo, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que hace extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, destacamentado en San Andrés Cholula, Puebla, y 3. Comandante de la Policía Ministerial Zona Centro San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto del Jefe de Detectives de esa Policía Ministerial; pues dichos actos no se reclaman por vicios propios. Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete (foja 64 vuelta). Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que en el particular ya transcurrió el plazo de ocho días que establece al artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que legalmente precluyó el derecho de la parte quejosa para desvirtuar la inexistencia señalada. Esto es, la quejosa no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la orden de captura reclamada aun no existía. Por otra parte, no pasa inadvertido para la suscrita juez Federal que la parte agraviada dentro del proceso penal 32/2017 del índice de la autoridad responsable ordenadora no fue emplazada al presente juicio de garantías con el carácter de parte tercero interesada, lo que debió haber ocurrido en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25/2011, cuyo rubro y texto son los siguientes: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. De la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.", se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. Sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que ésta no le causa ningún perjuicio a aquella. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por Katya Darinka Fernández Azuara, a través del cual solicita que se le reconozca el carácter de tercero interesada; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Intégrese al expediente la copia certificada de la comunicación del Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por medio de la cual, informa a este juzgado que la quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios, no ha comparecido ante ella para la continuación del procedimiento penal 32/2017 de su índice. En tales condiciones, ya que la parte quejosa no ha cumplido las obligaciones procesales que le fueron fijadas y que ha transcurrido en exceso el término de cinco días concedido a la parte quejosa para exhibir la garantía que fue fijada en la interlocutoria de tres de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha resolución, por lo que deja de surtir sus efectos la suspensión definitiva concedida a la quejosa Leonor Elsa Valenzuela Barrios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la anterior determinación. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la quejosa podrá exhibir la garantía fijada, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional.
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