Leonel Rojas Isidoro
Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonel Rojas Isidoro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por la autoridad responsable 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla -remitido vía correo electrónico-, a través del cual, acusa recibo de la misiva 536/2021 de veinte de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual -este órgano jurisdiccional- le remitió el duplicado de la causa penal 3/2008 de su índice, con el que se formó el anexo I del presente juicio de amparo; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la cual, surtió efectos el veinticuatro siguiente (por haberse efectuado al quejoso) y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veinticinco de marzo al diecinueve de abril de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) veintisiete -sábado-, veintiocho -domingo-, tres -sábado-, cuatro -domingo-, diez -sábado-, once -domingo-, diecisiete -sábado- y dieciocho -domingo- de abril del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, por haber sido declarados días no laborables con motivo de la Semana Santa, como se comunicó mediante circular 3/2021 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; asimismo, insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe, se ordena devolverle: ( El duplicado de la causa penal 3/2008, con el que se formó el anexo I del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso Leonel Rojas Isidoro y al tercero interesado Luis Leyva Téllez (occiso), por conducto de Rosa María Molina Vargas -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, con excepción del 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción)...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El treinta de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Leonel Rojas Isidoro, respecto de la orden de aprehensión dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008, del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, así como de su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en sus considerandos noveno y décimo. Haciendo hincapié que no se requirió su cumplimiento de manera inmediata al no actualizarse el antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo, sino que hasta que quedara firme la resolución y se requiriera su cumplimiento. En acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al juez responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el contenido del oficio con registro 3539 del año 2021 y anexo, remitidos por el referido juez de origen, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de treinta de noviembre de dos mil veinte, se consideró inconstitucional que el juez de origen, mediante resolución dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008, decretara en contra del aquí quejoso orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Luis Leyva Téllez; pues se advirtió que dicha resolución contenía un vicio de fondo, que transgredía el artículo 16 Constitucional vigente hasta el dieciocho de junio de dos mil ocho, que regula los requisitos de fondo para la emisión de una orden de aprehensión en los procesos penales tramitados bajo el sistema tradicional, en relación con el artículo 14 de la propia constitución, que establece la garantía de exacta aplicación de la ley penal. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que la orden de aprehensión se emitió por autoridad jurisdiccional competente y que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso. B. Que existían medios de prueba suficientes para establecer el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla -vigentes en la época de los hechos: noviembre de dos mil siete-, cometido en agravio de Luis Leyva Téllez. C. Que dichos medios de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión, en términos de los artículos 13 y 21, fracción I, del citado código punitivo local. D. Que, para el momento procesal en que se dictó la orden de aprehensión reclamada, existían más elementos de prueba que apuntaban a que no se actualizaba la agravante de ventaja, prevista en el artículo 326, fracción II, del código penal, que elementos que señalaran que sí se acreditaba dicha agravante, ya que existió un riesgo para el quejoso de ser matado o herido por el ofendido con la acción que desplegó -ataque con machete- y que éste no obró en legítima defensa. E. Que con la información aportada por el ministerio público no era factible acreditar plenamente que el quejoso actuó en legítima defensa para que no se pueda considerar la ventaja como agravante del delito imputado, en términos del artículo 327 del código punitivo local o para que se actualizara la excluyente del delito prevista en el artículo 26, fracciones IV y V, del propio código y, por ende, para considerar del todo ilegal la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el fallo protector, dictara otra orden de aprehensión, debiendo tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos: noviembre de dos mil siete-, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; y, señalara que la agravante de ventaja, indicada en la fracción II del artículo 326 del propio código punitivo, no se actualizó en el caso en concreto. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que mediante resolución emitida el tres de marzo del año actual, dentro del proceso penal 3/2008 de su índice, realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente la orden de aprehensión de nueve de mayo de dos mil ocho -acto reclamado-; y, 2) Con base en los razonamientos indicados en la sentencia de amparo, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, al tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla, así como su probable responsabilidad en su comisión; señalando que no se actualizó la agravante de ventaja, indicada en la fracción II del artículo 326 del propio código punitivo. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dictó una nueva orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, en la que tuvo por acreditados el cuerpo del delito de homicidio simple intencional y su probable responsabilidad en su comisión; y, iii) determinó que no se actualizó la agravante de ventaja. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Leonel Rojas Isidoro; por lista al tercero interesado Luis Leyva Téllez (occiso), por conducto de Rosa María Molina Vargas -parte ofendida de origen-, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción)...
- Principal
*(PUBLICACIÓN DE CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MARZO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El treinta de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Leonel Rojas Isidoro, respecto de la orden de aprehensión dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008, del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, así como de su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en sus considerandos noveno y décimo. Haciendo hincapié que no se requirió su cumplimiento de manera inmediata al no actualizarse el antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo, sino que hasta que quedara firme la resolución y se requiriera su cumplimiento. En acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al juez responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el contenido del oficio con registro 3539 del año 2021 y anexo, remitidos por el referido juez de origen, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de treinta de noviembre de dos mil veinte, se consideró inconstitucional que el juez de origen, mediante resolución dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008, decretara en contra del aquí quejoso orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Luis Leyva Téllez; pues se advirtió que dicha resolución contenía un vicio de fondo, que transgredía el artículo 16 Constitucional vigente hasta el dieciocho de junio de dos mil ocho, que regula los requisitos de fondo para la emisión de una orden de aprehensión en los procesos penales tramitados bajo el sistema tradicional, en relación con el artículo 14 de la propia constitución, que establece la garantía de exacta aplicación de la ley penal. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que la orden de aprehensión se emitió por autoridad jurisdiccional competente y que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso. B. Que existían medios de prueba suficientes para establecer el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla -vigentes en la época de los hechos: noviembre de dos mil siete-, cometido en agravio de Luis Leyva Téllez. C. Que dichos medios de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión, en términos de los artículos 13 y 21, fracción I, del citado código punitivo local. D. Que, para el momento procesal en que se dictó la orden de aprehensión reclamada, existían más elementos de prueba que apuntaban a que no se actualizaba la agravante de ventaja, prevista en el artículo 326, fracción II, del código penal, que elementos que señalaran que sí se acreditaba dicha agravante, ya que existió un riesgo para el quejoso de ser matado o herido por el ofendido con la acción que desplegó -ataque con machete- y que éste no obró en legítima defensa. E. Que con la información aportada por el ministerio público no era factible acreditar plenamente que el quejoso actuó en legítima defensa para que no se pueda considerar la ventaja como agravante del delito imputado, en términos del artículo 327 del código punitivo local o para que se actualizara la excluyente del delito prevista en el artículo 26, fracciones IV y V, del propio código y, por ende, para considerar del todo ilegal la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión dictada el nueve de mayo de dos mil ocho, dentro de la causa penal 3/2008; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el fallo protector, dictara otra orden de aprehensión, debiendo tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos: noviembre de dos mil siete-, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; y, señalara que la agravante de ventaja, indicada en la fracción II del artículo 326 del propio código punitivo, no se actualizó en el caso en concreto. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 4. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que mediante resolución emitida el tres de marzo del año actual, dentro del proceso penal 3/2008 de su índice, realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente la orden de aprehensión de nueve de mayo de dos mil ocho -acto reclamado-; y, 2) Con base en los razonamientos indicados en la sentencia de amparo, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, al tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316 del Código Penal del Estado de Puebla, así como su probable responsabilidad en su comisión; señalando que no se actualizó la agravante de ventaja, indicada en la fracción II del artículo 326 del propio código punitivo. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dictó una nueva orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, en la que tuvo por acreditados el cuerpo del delito de homicidio simple intencional y su probable responsabilidad en su comisión; y, iii) determinó que no se actualizó la agravante de ventaja. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Leonel Rojas Isidoro; por lista al tercero interesado Luis Leyva Téllez (occiso), por conducto de Rosa María Molina Vargas -parte ofendida de origen-, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción)...
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