Leonides Tenorio Jimenez
Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonides Tenorio Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, al resultar innecesaria la conservación de las pruebas que remitió la autoridad responsable Jueza Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se ordena devolverlas a su lugar de origen, es decir, la copia certificada de la causa penal 425/2012-7, de su índice, con la que se formaron los anexos I y II. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 29 DE marzo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós.********************SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la jueza responsable, en apoyo a su informe de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento y una diversa de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen.********************En principio es necesario precisar que los actos reclamados por la quejosa ********************, en este controvertido constitucional son:********************-De la 1. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla.********************a) La omisión de acordar el escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual solicitó, entre otras cuestiones, el sobreseimiento por prescripción o por falta de pruebas de la causa penal; y,********************-Del 2. Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla.********************b) El acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno -actuando como encargado del despacho por falta temporal de la titular del juzgado de su adscripción-, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.********************I. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso a) y sobreseimiento.********************La autoridad responsable 1. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 86), negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************; toda vez que refirió que el veintiuno de octubre del año próximo anterior, se dio contestación a dicho ocurso, lo que fue notificado tanto a la procesada -aquí quejosa- como a su defensor particular, el tres de noviembre siguiente.********************Afirmación que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitido por la responsable en apoyo a su informe de ley (anexos I y II); documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."********************En efecto, de las referidas documentales se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dos de febrero de dos mil veintidós- ya se había acordado la petición formulada por la aquí quejosa [mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno -fojas 599 a 604 del anexo II-], y se le había notificado tanto a ella como a su defensor particular [foja 604 vuelta del anexo II]; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada no existía; tan es así, que la quejosa se inconformó contra dicho acuerdo, interponiendo recurso de revocación mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 641 a 649 del anexo II).********************De lo anterior, se evidencia que al momento de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, no solamente ya se había dado respuesta al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, sino que la quejosa tenía conocimiento de la respuesta recaída a su petición, tan es así, que la impugnó a través del recurso ordinario previsto en la ley adjetiva aplicable.********************Apoya lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguientes:********************"INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo."********************Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto reclamado ha quedado acreditada fehacientemente con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; por lo que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, la referida inexistencia no podría ser desvirtuada, ya que su materialización es tal que ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario. ********************En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio fuera de la audiencia constitucional, en relación con dicho acto.********************Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro y texto siguientes:******************** "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional."********************Finalmente, no se inadvierte que la parte quejosa aduzca que la omisión que reclama se la atribuye a la jueza responsable, porque propiamente ella no ha dado contestación a la petición realizada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, sino que, quien lo realizó, fue el secretario de acuerdos -sin que la ley lo faculte para pronunciarse en definitiva respecto del fondo del asunto-; empero, esta autoridad no se encuentra facultada para analizar dicho motivo de disenso al haberse sobreseído en el juicio respecto a dicho acto, máxime que, como ya se dijo, la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, sin que se advierta que haya hecho valer como agravio el hecho que la determinación haya sido proveída por el secretario de acuerdos encargado del despacho por falta temporal de la titular, por lo que, se estima que tácitamente fue consentida.********************II. Existencia del acto reclamado precisado en el inciso b).********************Por otro lado, atinente al diverso acto reclamado consistente en: b) el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de dicho acto, por lo que se tiene plenamente probado (foja 85).********************Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Certeza que se corrobora con la copia certificada de la causa penal de origen, remitida por la jueza responsable (anexos I y II); documental valorada previamente, de la que se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla -actuando como encargado del despacho por falta temporal de la titular del juzgado de su adscripción-, dictó el acuerdo combatido (fojas 637 a 639 del anexo II).********************Ahora bien, no obstante la existencia del mencionado acto reclamado, no ha lugar a analizar su constitucionalidad, dado que, respecto del mismo, se actualiza la causal de improcedencia que a continuación se explicará.********************ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.********************En efecto, atinente al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************(.)."********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."********************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."********************De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que:********************a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso;********************b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o********************c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.********************La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:********************-Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.********************-Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años.********************-Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años.********************-Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.********************En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa.********************Ahora bien, de la documental remitida por la jueza responsable, consistente en copia certificada de la causa penal ******************** -valorada anteriormente-, se aprecia que la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue notificada tanto a la procesada -aquí quejosa- como a su defensor particular, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 639, vuelta del anexo II).********************Notificaciones que surtieron efectos el mismo día, pues de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación; por lo que, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan.********************Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 57/2015, cuyos datos de localización, rubro y texto siguientes: ********************"DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas."********************De modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del veintinueve de noviembre al diecisiete de diciembre del año próximo anterior, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo.********************Entonces, si la demanda de amparo se presentó, mediante buzón judicial, el dos de febrero de dos mil veintidós, es incuestionable que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que, su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto que se trata, sea considerado consentido tácitamente.********************En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo fuera del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto de la determinación reclamada, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional.********************Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados.********************Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones.********************Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que, además, para su procedencia que sea oportuno.********************Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: ********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. ".********************En efecto, es preciso indicar, que las causas de improcedencia analizadas, se interpretaron de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, pues el hecho de que la quejosa, en su caso, alegue transgresión a sus derechos humanos, de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia sean inaplicables; es decir, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que, el accionante debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, no implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permitiera acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación de los tribunales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retraso generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y, que no configura una denegación de justicia.********************Es ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que es del tenor siguiente: ********************"DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo."********************De igual forma, resulta aplicable la tesis número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia."********************SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del seis de abril de dos mil veintidós.********************Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese personalmente a la quejosa y a la tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós.********************SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la jueza responsable, en apoyo a su informe de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento y una diversa de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen.********************En principio es necesario precisar que los actos reclamados por la quejosa ********************, en este controvertido constitucional son:********************-De la 1. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla.********************a) La omisión de acordar el escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual solicitó, entre otras cuestiones, el sobreseimiento por prescripción o por falta de pruebas de la causa penal; y,********************-Del 2. Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla.********************b) El acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno -actuando como encargado del despacho por falta temporal de la titular del juzgado de su adscripción-, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.********************I. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso a) y sobreseimiento.********************La autoridad responsable 1. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 86), negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************; toda vez que refirió que el veintiuno de octubre del año próximo anterior, se dio contestación a dicho ocurso, lo que fue notificado tanto a la procesada -aquí quejosa- como a su defensor particular, el tres de noviembre siguiente.********************Afirmación que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitido por la responsable en apoyo a su informe de ley (anexos I y II); documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."********************En efecto, de las referidas documentales se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dos de febrero de dos mil veintidós- ya se había acordado la petición formulada por la aquí quejosa [mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno -fojas 599 a 604 del anexo II-], y se le había notificado tanto a ella como a su defensor particular [foja 604 vuelta del anexo II]; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada no existía; tan es así, que la quejosa se inconformó contra dicho acuerdo, interponiendo recurso de revocación mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 641 a 649 del anexo II).********************De lo anterior, se evidencia que al momento de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, no solamente ya se había dado respuesta al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, sino que la quejosa tenía conocimiento de la respuesta recaída a su petición, tan es así, que la impugnó a través del recurso ordinario previsto en la ley adjetiva aplicable.********************Apoya lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguientes:********************"INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo."********************Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto reclamado ha quedado acreditada fehacientemente con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; por lo que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, la referida inexistencia no podría ser desvirtuada, ya que su materialización es tal que ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario. ********************En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio fuera de la audiencia constitucional, en relación con dicho acto.********************Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro y texto siguientes:******************** "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional."********************Finalmente, no se inadvierte que la parte quejosa aduzca que la omisión que reclama se la atribuye a la jueza responsable, porque propiamente ella no ha dado contestación a la petición realizada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, sino que, quien lo realizó, fue el secretario de acuerdos -sin que la ley lo faculte para pronunciarse en definitiva respecto del fondo del asunto-; empero, esta autoridad no se encuentra facultada para analizar dicho motivo de disenso al haberse sobreseído en el juicio respecto a dicho acto, máxime que, como ya se dijo, la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, sin que se advierta que haya hecho valer como agravio el hecho que la determinación haya sido proveída por el secretario de acuerdos encargado del despacho por falta temporal de la titular, por lo que, se estima que tácitamente fue consentida.********************II. Existencia del acto reclamado precisado en el inciso b).********************Por otro lado, atinente al diverso acto reclamado consistente en: b) el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de dicho acto, por lo que se tiene plenamente probado (foja 85).********************Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Certeza que se corrobora con la copia certificada de la causa penal de origen, remitida por la jueza responsable (anexos I y II); documental valorada previamente, de la que se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla -actuando como encargado del despacho por falta temporal de la titular del juzgado de su adscripción-, dictó el acuerdo combatido (fojas 637 a 639 del anexo II).********************Ahora bien, no obstante la existencia del mencionado acto reclamado, no ha lugar a analizar su constitucionalidad, dado que, respecto del mismo, se actualiza la causal de improcedencia que a continuación se explicará.********************ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.********************En efecto, atinente al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, a través del cual -medularmente-, la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************(.)."********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."********************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."********************De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que:********************a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso;********************b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o********************c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.********************La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:********************-Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.********************-Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años.********************-Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años.********************-Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.********************En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa.********************Ahora bien, de la documental remitida por la jueza responsable, consistente en copia certificada de la causa penal ******************** -valorada anteriormente-, se aprecia que la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue notificada tanto a la procesada -aquí quejosa- como a su defensor particular, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 639, vuelta del anexo II).********************Notificaciones que surtieron efectos el mismo día, pues de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación; por lo que, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan.********************Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 57/2015, cuyos datos de localización, rubro y texto siguientes: ********************"DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas."********************De modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del veintinueve de noviembre al diecisiete de diciembre del año próximo anterior, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo.********************Entonces, si la demanda de amparo se presentó, mediante buzón judicial, el dos de febrero de dos mil veintidós, es incuestionable que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que, su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto que se trata, sea considerado consentido tácitamente.********************En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo fuera del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto de la determinación reclamada, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional.********************Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados.********************Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones.********************Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que, además, para su procedencia que sea oportuno.********************Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: ********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. ".********************En efecto, es preciso indicar, que las causas de improcedencia analizadas, se interpretaron de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, pues el hecho de que la quejosa, en su caso, alegue transgresión a sus derechos humanos, de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia sean inaplicables; es decir, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que, el accionante debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, no implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permitiera acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación de los tribunales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retraso generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y, que no configura una denegación de justicia.********************Es ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que es del tenor siguiente: ********************"DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo."********************De igual forma, resulta aplicable la tesis número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia."********************SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del seis de abril de dos mil veintidós.********************Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese personalmente a la quejosa y a la tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veintiocho minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, para esa data se encontrará transcurriendo el plazo de ocho días concedido a la tercera interesada Rosario Romero Camela, representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Luis Romero Cazatl, Luis Romero Cozatl y/o Luis Romero y/o J. Luis Romero y/o José Luis Romero -parte agraviada en la causa penal 425/2002-7, del índice de la responsable-, para imponerse de los informes justificados que obran en autos; por tanto, a efecto de dar oportunidad a que dicha parte se imponga del contenido de los informes de ley, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional precisada anteriormente; y, se señalan las nueve horas con veinticuatro minutos del seis de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
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