Leonides Ramos Pinto
Expediente 656/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/07/2019
Partes del expediente
- Leonides Ramos Pinto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Al efecto se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A.- ARCHIVO. Ahora, del estado de autos se evidencia que no hay diligencia o trámite alguno por realizar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B.- VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Trasferencia, digitalización depuración destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia para documental para su conservación. C.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión respectivo. D.- REGISTROS CORRESPONDIENTES. Finalmente, como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobiernos; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes E.- DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. LA PRESENTE RESOLUCION SERA PUBLICABLE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO ULTIMO DE ESTA SENTENCIA...
- Principal
Visto, el oficio que signa el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estrado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del auto de trece de junio de dos mil diecinueve, oficios 05188 y 05189, dictados dentro del expediente laboral J/O/576/2011. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta con sus respectivos anexos para que obren como legalmente correspondan. Tocante a las constancias adjuntas al oficio en cita, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copias certificadas del auto de trece de junio de dos mil diecinueve, oficios 05188 y 05189, dictados dentro del expediente laboral J/O/576/2011, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente.
- Principal
I.- El escrito que firma +++quejoso en este juicio de amparo, por medio del cual desahogando la vista conferida en auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, manifiesta que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en compañía del actuario judicial adscrito la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, se constituyeron al domicilio de la parte demandada, a requerir el pago y cumplimiento de laudo de veintidós de febrero de dos mil trece; así como la reinstalación en el lugar que venía desarrollando antes del despido injustificado del que fue objeto, para tal efecto anexa copias simples del acta de requerimiento y/o embargo, de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, así como del acta de no reinstalación de la misma data. II.- El oficio que signa el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparo, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remiten diversas copias certificadas relativas al expediente laboral J/O/576/2011, consistentes en copias certificadas de las diligencias anteriormente mencionadas, así como del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que la citada autoridad tuvo por devueltas las diligencias encomendadas y ordenó girar oficios a diversas instituciones bancarias, a fin de que se bloquearan, trabaran y/o congelaran todas y cada una de las cuentas que se encontraran a nombre del demandado Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Reforma, Chiapas, hasta por la cantidad de $454,986.09 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 09/100 moneda nacional), lo que deberían de informar dentro del término de tres días. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el escrito y el oficio de cuenta para que obren como legalmente correspondan. Por otra parte, en base al artículo 119, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que exhiben la parte quejosa y la autoridad responsable, las que se desahogan atentas a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el apoderado de la parte quejosa, solicitó a la autoridad responsable que girara oficios a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Crédito, Grupo Financiero Banorte y/o Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, a fin de que bloqueara, trabaran y/o congelaran todas y cada una de las cuentas que se encontraran a nombre del demandado Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Reforma, Chiapas, así como las cuentas con números 1033831333, 01033831333, 10338313330, 0593102521, 00593102521 y 05931025210, hasta por la cantidad de $454,986.09 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 09/100 moneda nacional), y hecho lo anterior pusiera a disposición de la parte actora el referido numerario. Atento a lo anterior, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba el oficio condigno, remita copia certificada del proveído en el que se haya pronunciado respecto de las cuentas específicas que la parte quejosa le solicitó bloquear, trabar y/o congelar, mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda, esto con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la tesis sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 fracción III, de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto.
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