Leonel Pérez Mendoza

Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
602/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Leonel Pérez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el escrito que signa +++ autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, así como el oficio 0004223, dirigido al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México, los cuales remitió la autoridad responsable a este órgano de control jurisdiccional en copias certificadas, no obran físicamente en el expediente laboral J/O/1261/2009; solicitando, se le requiera a la autoridad responsable para que informe si ya despachó el oficio 0004223, y a su vez, remita copia certificada del oficio en cuestión, con el sello de despachado hacia su destino. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, toda vez que en auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, este órgano de control jurisdiccional tuvo a bien sobreseer en el juicio fuera de audiencia, al haber advertido una causal de improcedencia, de acuerdo con las constancias que remitió la autoridad responsable, mismas que fueron valoradas en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo; dado que se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es decir, este juicio de amparo, ya fue resuelto, de ahí que no exista necesidad de seguir requiriendo más constancias a la autoridad responsable. No obstante, queda expedito el derecho de la promovente para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda, en relación con la manifestación que hace, en el sentido de que las actuaciones que remitió la autoridad responsable, y que sirvieron para sobreseer el juicio fuera de audiencia, no obran físicamente en el expediente laboral que se encuentra en la junta responsable.

  3. Principal

    Visto, la razón de cuenta, realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de mayo del año en curso, por las razones ahí expuestas. Al efecto, se acuerda: Para no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, notifíquese el proveído de referencia, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO: Visto, el oficio signado por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, adjuntando copias certificadas de los escritos de veintiocho de febrero y veintidós de octubre de dos mil dieciocho, así como del auto de veintidós de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral J/O/1261/2009, de su índice. Al efecto se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: "omisión de acordar escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dentro del juicio laboral J/O/1261/2009, por el cual solicitó se requiera al Registro Público de la propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, para que informe y remita copia certificada de una cesión de derechos, a fin de estar en condiciones de proceder al remate del bien inmueble embargado en ese juicio." Por su parte, con las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, la Junta responsable, tuvo por recibido el escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, presentado por la parte actora aquí quejosa y en atención al mismo, emitió proveído en el cual ordenó girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, a efectos de que en auxilio y en colaboración de la labores de esa autoridad laboral, comisionará a quien correspondiera, para que le informará y a la vez remitiera copias certificadas de la cesión de derechos que realizó Su Casita, Sociedad Anónima de Capital variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Hipotecaria Su Casita (anterior acreedora), hacia CIBANCO Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (nueva acreedora), según escritura 27010, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 201, del entonces Distrito Federal; lo anterior, para que esa autoridad esté en condiciones de proceder con la audiencia de remate del bien inmueble embargado dentro del expediente J/O/1261/2009; evidenciándose con ello que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de acordar escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dentro del juicio laboral J/O/1261/2009, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera al Registro Público de la propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, para que informara y remitiera copia certificada de la cesión de derechos, de Su Casita, Sociedad Anónima de Capital variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Hipotecaria Su Casita (anterior acreedora), hacia CIBANCO Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (nueva acreedora), a fin de estar en condiciones de proceder al remate del bien inmueble embargado en ese juicio; de acuerdo a lo antes narrado se evidenció que la autoridad responsable proveyó el citado escrito, mediante auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, queda de manifiesto que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, ya que con la emisión de ese proveído, dichos efectos fueron destruidos en forma total e incondicional. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del once de junio de dos mil diecinueve.

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