Leonides Juárez González

Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
140/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Leonides Juárez González
  • Fidel Gómez León y Otros.
  • Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****** Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por los quejosos susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por+++, contra los actos del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 140/2021-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: Omisión de ser reinstalado en su fuente de trabajo, derivado del laudo dictado en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Improcedencia de la demanda. Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad y/o de Tecpatán, Chiapas, la omisión de ser reinstalado en su fuente de trabajo, derivado del laudo dictado en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso particular, por cuanto a que señala como autoridad responsable al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". Así, este juzgador federal estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia ya que, de lo narrado en los antecedentes del acto se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, es parte demandada en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011; por tanto, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos previstos en los artículos 160 al 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que establecen los instrumentos legales para lograr el cumplimiento de sus laudos, la dependencia demandada en el juicio natural mantiene una relación de igualdad con la parte quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de esa dependencia puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante en su carácter de trabajador lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En virtud de que en esos preceptos se establece la función trascendental y las herramientas vinculatorias que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito disponen: "ARTÍCULO 160.- EL TRIBUNAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES; PODRÁ IMPONER MULTAS DE CIEN HASTA QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA ENTIDAD, MISMAS QUE PODRÁN SER APLICADAS HASTA EN TRES OCASIONES. CUANDO SE PIDA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO, EL TRIBUNAL DESPACHARÁ AUTO DE EJECUCIÓN Y COMISIONARÁ A UN ACTUARIO PARA QUE, ASOCIADO DE LA PARTE INTERESADA, SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA Y LA REQUIERA PARA QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN, APERCIBIÉNDOLA QUE DE NO HACERLO, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO. ARTÍCULO 161.- LAS MULTAS SE HARÁN EFECTIVAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, PARA LO CUAL EL TRIBUNAL REMITIRÁ OFICIO CORRESPONDIENTE. LA TESORERÍA INFORMARÁ AL TRIBUNAL HABER HECHO EFECTIVA LA MULTA, SEÑALANDO LOS DATOS RELATIVOS QUE ACREDITEN SU COBRO, TRANSFIRIENDO EL MONTO TOTAL DE LA MULTA AL FONDO AUXILIAR DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO. ARTÍCULO 162.- AGOTADOS LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES Y DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL, A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA SE PROCEDERÁ AL EMBARGO DE BIENES, PARA ELLO, EL TRIBUNAL COMISIONARÁ A UN ACTUARIO PARA QUE SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA Y LA REQUIERA PARA QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN O EN SU DEFECTO SE SEÑALEN BIENES SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. PARA ELLO, SE ESTARÁ A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ARTÍCULO 163.- LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES ESTÁN OBLIGADAS A PRESTAR AUXILIO AL TRIBUNAL, PARA HACER RESPETAR SUS RESOLUCIONES CUANDO FUEREN REQUERIDAS PARA ELLO. ARTÍCULO 164.- PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROVEER A LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS Y, A ESE EFECTO, DICTARÁ TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY Y LAS QUE A SU JUICIO SEAN PROCEDENTES". De lo expuesto, se advierte que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor de la parte quejosa, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el juzgado referido está en aptitud de requerir la reinstalación del trabajador a su centro de trabajo, al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 161, 162, 163 y 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el Tribunal está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. En dichas condiciones, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones legales, es manifiesto que en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, sí es procedente aplicar los medios de apremio previstos en la propia ley, como medidas para ejecutar el laudo dictado en favor del impetrante de amparo. Sin que además pase inadvertido para este juzgador, el criterio contenido en la jurisprudencia número 85/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXIV, Julio 2011, Materia Común, visible en la página 448, del rubro y texto siguiente: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Lo anterior, en virtud que ese criterio jurisprudencial, se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, y en el presente asunto se trata de una dependencia, en contra de la cual sí se puede cumplir el laudo mediante ejecución forzosa, pues así lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. De esa forma, como se aprecia de las consideraciones que justifican la improcedencia del juicio de amparo respecto al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de Tecpatán, Chiapas, el acto que se le atribuye no constituye algún acuerdo de observancia general o alguna norma que tilde de inconstitucional sino de una negativa a cumplir con lo que fue condenado en el laudo dictado en el expediente laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Por otro lado, existe la jurisprudencia 2ª./J.31/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. Misma que establece que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que los órganos de gobierno o dependencias públicas del estado de Veracruz, figuran como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo; ejecutoria que es obligatoria para los órganos jurisdiccionales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. IV. Desechamiento. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, por resultar notoriamente improcedente. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la Tercera Norte Poniente, número 378-A, de esta ciudad. Se tiene como autorizados a ++, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto. Resulta aplicable al respecto la tesis, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. IX. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS++++++++++++++++++++Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por+++, contra los actos del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de +++++++, Chiapas. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 140/2021-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: Omisión de ser reinstalado en su fuente de trabajo, derivado del laudo dictado en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Improcedencia de la demanda. Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el +++++++++++++ de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el +++++++++ de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad y/o de +++++, Chiapas, la omisión de ser reinstalado en su fuente de trabajo, derivado del laudo dictado en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso particular, por cuanto a que señala como autoridad responsable al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de ++++++++++++, Chiapas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". Así, este juzgador federal estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia ya que, de lo narrado en los antecedentes del acto se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de ++++++++++, Chiapas, es parte demandada en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011; por tanto, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos previstos en los artículos 160 al 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que establecen los instrumentos legales para lograr el cumplimiento de sus laudos, la dependencia demandada en el juicio natural mantiene una relación de igualdad con la parte quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de esa dependencia puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante en su carácter de trabajador lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de +++++++, Chiapas, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En virtud de que en esos preceptos se establece la función trascendental y las herramientas vinculatorias que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito disponen: "ARTÍCULO 160.- EL TRIBUNAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES; PODRÁ IMPONER MULTAS DE CIEN HASTA QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA ENTIDAD, MISMAS QUE PODRÁN SER APLICADAS HASTA EN TRES OCASIONES. CUANDO SE PIDA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO, EL TRIBUNAL DESPACHARÁ AUTO DE EJECUCIÓN Y COMISIONARÁ A UN ACTUARIO PARA QUE, ASOCIADO DE LA PARTE INTERESADA, SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA Y LA REQUIERA PARA QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN, APERCIBIÉNDOLA QUE DE NO HACERLO, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO. ARTÍCULO 161.- LAS MULTAS SE HARÁN EFECTIVAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, PARA LO CUAL EL TRIBUNAL REMITIRÁ OFICIO CORRESPONDIENTE. LA TESORERÍA INFORMARÁ AL TRIBUNAL HABER HECHO EFECTIVA LA MULTA, SEÑALANDO LOS DATOS RELATIVOS QUE ACREDITEN SU COBRO, TRANSFIRIENDO EL MONTO TOTAL DE LA MULTA AL FONDO AUXILIAR DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO. ARTÍCULO 162.- AGOTADOS LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES Y DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL, A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA SE PROCEDERÁ AL EMBARGO DE BIENES, PARA ELLO, EL TRIBUNAL COMISIONARÁ A UN ACTUARIO PARA QUE SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA Y LA REQUIERA PARA QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN O EN SU DEFECTO SE SEÑALEN BIENES SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. PARA ELLO, SE ESTARÁ A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ARTÍCULO 163.- LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES ESTÁN OBLIGADAS A PRESTAR AUXILIO AL TRIBUNAL, PARA HACER RESPETAR SUS RESOLUCIONES CUANDO FUEREN REQUERIDAS PARA ELLO. ARTÍCULO 164.- PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROVEER A LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS Y, A ESE EFECTO, DICTARÁ TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY Y LAS QUE A SU JUICIO SEAN PROCEDENTES". De lo expuesto, se advierte que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor de la parte quejosa, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el juzgado referido está en aptitud de requerir la reinstalación del trabajador a su centro de trabajo, al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de ++++++++++++, Chiapas, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 161, 162, 163 y 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el Tribunal está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. En dichas condiciones, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones legales, es manifiesto que en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de++++++++, Chiapas, sí es procedente aplicar los medios de apremio previstos en la propia ley, como medidas para ejecutar el laudo dictado en favor del impetrante de amparo. Sin que además pase inadvertido para este juzgador, el criterio contenido en la jurisprudencia número 85/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXIV, Julio 2011, Materia Común, visible en la página 448, del rubro y texto siguiente: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Lo anterior, en virtud que ese criterio jurisprudencial, se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, y en el presente asunto se trata de una dependencia, en contra de la cual sí se puede cumplir el laudo mediante ejecución forzosa, pues así lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. De esa forma, como se aprecia de las consideraciones que justifican la improcedencia del juicio de amparo respecto al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esa ciudad, y/o de+++++++++++, Chiapas, el acto que se le atribuye no constituye algún acuerdo de observancia general o alguna norma que tilde de inconstitucional sino de una negativa a cumplir con lo que fue condenado en el laudo dictado en el expediente laboral 1103/2020 antes 567/C/2011. Por otro lado, existe la jurisprudencia 2ª./J.31/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. Misma que establece que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que los órganos de gobierno o dependencias públicas del estado de Veracruz, figuran como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo; ejecutoria que es obligatoria para los órganos jurisdiccionales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. IV. ++++++++++++++++. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, por resultar notoriamente improcedente. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la Tercera Norte Poniente, número 378-A, de esta ciudad. Se tiene como autorizados a ++, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto. Resulta aplicable al respecto la tesis, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. IX. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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