Leonel Xiclama Lorenzo

Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
595/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Leonel Xiclama Lorenzo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera parte de la certificación secretarial de cuenta y atento al estado que guardan los presentes autos, se advierte que al día de hoy han transcurrido los términos de tres días concedidos a la parte quejosa, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que señalará domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. En tanto que de la segunda parte de la certificación de cuenta se tiene que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que origino el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que origino el presente juicio de amparo, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del citado artículo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el artículo 9, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 24467 signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 1614/2021 (579/2021-E-A-F), deducido del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el cual se envió a fin de que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara dicho proveído al directo quejoso Leonel Xiclama Lorenzo, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa; circunstancia que aconteció el veintiséis de noviembre pasado, como se advierte de las constancias que adjunta al oficio de cuenta; lo anterior para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso emitir acuse postal al respecto, en virtud a que el oficio y anexos de cuenta fueron remitidos vía electrónica y el sistema relativo lo genera de manera automática, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Intégrese a los autos la boleta de turno que antecede de la que se advierte que el exhorto 1614/2021 (579/2021-E-A-F) deducido del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en León, Guanajuato, de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Leonel Xiclama Lorenzo, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 595/2021, en la cual se reclaman los siguientes actos: .Reclamo de la autoridad responsable el auto de fecha 28 de septiembre del año 2021, mediante el cual se me tiene por no contestando la demanda, y que en lo medular refiere, lo siguiente: " "... Visto el escrito que suscribe el demandado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que como se aprecia del documento en estudio, dicho escrito carece de firma de abogado, que respalde su contenido; luego entonces, se desecha de plano tal escrito... ", ello dentro del expediente civil número 333/2021; siendo que el acto reclamado carece de la debida FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN, lo que irroga agravios graves en mi contra, pues es un acto de inminente realización cierta, tal como lo expresaré en líneas posteriores.". DESECHAMIENTO. Es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado la anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu , por las razones de derecho que se expresan. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Mientras que el artículo 107, fracción V, de ese ordenamiento, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando ésta -improcedencia- surja de la Ley de Amparo. De tal manera, por un lado, resulta que, la procedencia del juicio de amparo indirecto, es contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La razón fundamental de la exigencia relativa a que el acto que se reclame sea de imposible reparación, es que de no ser así, si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Los razonamientos expuestos, tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número cincuenta y seis, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo que es acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, al establecer que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual Ley, ello es así, en razón a que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa al juicio de amparo en revisión 804/2014 -en la que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo-, indicó que, el contenido de la referida porción normativa recoge el supuesto de procedencia (de amparo indirecto) que contemplaba el artículo 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo, respecto de los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación; sin embargo, a diferencia de lo previsto en éste, en la especie se define lo que se debe entender por dicho enunciado, al establecer que son: ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para tal efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió al proceso de análisis de las iniciativas de ley correspondientes de la que no se advirtió discusión respecto al contenido y alcance de la referida porción normativa, sin embargo, atendiendo a la similitud entre el texto del artículo aprobado (artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo) y el contenido del proyecto de la Ley de Amparo, siéndole posible entender que el propósito de la norma consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente, en el que sea posible controvertir -a través de la vía indirecta- únicamente aquellos actos cuya afectación sea de tal magnitud que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, dejando para la vía directa cualquier tipo de acto que implique alguna violación procesal. Lo cual justificó la necesidad de establecer precisamente un concepto de "actos de imposible reparación", que contribuya a hacer más eficiente el sistema. Asimismo, enfatizó los siguientes puntos: Que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación"; lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Que una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011), fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles. Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que -finalmente- fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III, del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento. Que con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio; y Que en la actualidad la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que (la afectación) no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Así, a juicio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto se excluyen las violaciones procesales e incluso, aquéllas que afectan en grado predominante o superior. Ello es así, al tomar el Máximo tribunal en consideración -por principio, que la porción normativa, fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en ningún momento eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en dicha normativa no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, pues ni siquiera existía disposición que definiera tal concepto para los efectos de la procedencia de amparo indirecto, antes bien constituía un concepto "indeterminado". Y si bien, en la actual legislación de amparo, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos -en el que se procuró un ámbito de protección más amplio a través del juicio de amparo y se establecieron diversos mecanismos para agilizar su tramitación en aras de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita-, el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente (de modo tal que se impida su ejercicio), dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. También precisó que era importante mencionar que no pasaba inadvertido que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, era posible controvertir a través de la vía biinstancial, las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior; no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, puesto que como se dijo, en aquella época no existía disposición que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Ello es así, ya que si bien es cierto, la redacción de la referida porción normativa no sufrió ninguna modificación, lo cierto es que a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once y sobre todo, con motivo de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, el contenido de dicha porción se clarifica en la medida que adquiere un significado coherente con el sistema normativo (actual) para hacer eficiente la tutela de los actos que importan una afectación directa a derechos sustantivos, que es el propósito de tal disposición constitucional. [Hasta aquí consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto]. Consideraciones que desembocaron en la tesis aislada 2a. XLIX/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de dos mil quince, tomo I, página 1078, con registro electrónico 2009484, bajo el rubro y texto: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Para tener plena comprensión de dicha circunstancia, es conveniente precisar que el quejoso Leonel Xiclama Lorenzo, por derecho propio, señalo como acto reclamado el siguiente: ".Reclamo de la autoridad responsable el auto de fecha 28 de septiembre del año 2021, mediante el cual se me tiene por no contestando la demanda, y que en lo medular refiere, lo siguiente: " "... Visto el escrito que suscribe el demandado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que como se aprecia del documento en estudio, dicho escrito carece de firma de abogado, que respalde su contenido; luego entonces, se desecha de plano tal escrito... ", ello dentro del expediente civil número 333/2021; siendo que el acto reclamado carece de la debida FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN, lo que irroga agravios graves en mi contra, pues es un acto de inminente realización cierta, tal como lo expresaré en líneas posteriores.". Ahora en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, expresa lo siguiente: "En primer término, señalo que el compareciente fui demandado por la parte de la C. Elizabeth Villa Palomino en la Via Oral Especial Familiar sobre la prestación de pago de alimentos tanto para ella como para nuestros menores hijos de nombre Noah y Aaron ambos de apellidos Xiclam Villa, en lo sucesivo de identidad reservada de iniciales NXV y AXV, demanda que se radicó en fecha 27 de mayo del año 2021 dentro del expediente número 333/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán; asimismo, se giró exhorto al C. Juez de Manzanillo, Colima, para que se me emplazara en mi domicilio particular, siendo debidamente emplazado el día 13 de septiembre del 2021, y dentro del término de ley me permití dar contestación a la demanda entablada en mi contra, siendo que conteste hasta el 23 de septiembre del 2021, ello en virtud, de que la autoridad responsable había realizado suspensión de labores por causas que desconozco; así las cosas, resulta que al no recibir notificación alguna en mi domicilio procesal respecto de mi contestación de demanda, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que por vivir el exponente en Manzanillo, el día 05 de octubre del año 2021 chequé la página del Poder judicial del Estado de Michoacán, específicamente los acuerdos emitidos por la autoridad responsable dentro del expediente 333/2021, y es en esa fecha cinco de los corrientes cuando me entero del ilegal desechamiento de mi escrito de contestación de demanda, mismo que me di cuenta se había notificado por lista el día 28 de septiembre del año 2021, ello , no obstante de que como reitero, había señalado domicilio procesal en mi escrito de contestación de demanda en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y me di cuenta entonces, que del extracto correspondiente se observa que la autoridad responsable omitió Fundar Y Motivar su actuar, emite el auto que se impugna y donde decide desechar mi contestación de demanda porque según no firmo ningún abogado que respaldara su contenido (.)." De lo antes precisado se tiene que el acto reclamado que se analiza en este apartado se hace consistir en el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se desestimó su escrito de contestación de demanda, dentro del Juicio Oral Especial Familiar 333/2021, sobre alimentos que presento Elizabeth Villa Palomino, frente al hoy quejoso. Cabe destacar que en el apartado de antecedentes, el quejoso precisó que es parte demandada del juicio natural; asimismo, se indicó que el origen del acto reclamado proviene de un Juicio Oral Especial Familiar, promovido por Elizabeth Villa Palomino, sobre sobre alimentos en favor de la precisada y los menores N.X.V. y A.X.V.; de ahí que, puede afirmarse válidamente que el acto reclamado fue dictado en la etapa de trámite del Juicio Oral Especial Familiar 333/2021, tal y como se advierte del contenido del libelo constitucional. De lo que se advierte que en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos reclamados no constituye un acto de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos como la vida, propiedad, papeles o posesiones, pues el único efecto que produce es que no se les tenga por contestando la demanda entablada en su contra, sin que se le impida comparecer en la siguiente etapa como lo es la Audiencia preliminar. De donde, se infiere que la determinación judicial, no incide en la continuación del procedimiento. Por tanto, el acto reclamado, no constituye en la esfera jurídica del quejoso, efectos que sean de imposible reparación, porque no afectan, materialmente, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere le fueron ocasionadas con el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se le desestimó su escrito de contestación de demanda, en su caso deberá reclamarla de manera conjunta con la resolución que habrá de dictarse en el juicio de origen, siempre y cuando dicha resolución no favorezca sus interés. Habida cuenta que el cauce procesal del juicio oral especial familiar con lleva la celebración de una audiencia preliminar en la cual esté podrá comparecer y realizar las manifestaciones que en derecho corresponda, sin que pase inadvertido que de ninguna parte de su escrito inicial de demanda se advierte que dicho procedimiento familiar se encuentra con sentencia dictada mucho menos que la misma se encuentre ejecutoriada. En consecuencia, si los actos reclamados en mención no satisface la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a Jorge Humberto García Ceballos, Margarita Jiménez Magaña, Jorge Humberto García Jiménez y Mario Alberto Ramírez Morales, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Héctor Leonel de Jesús García Jiménez Atzel Anayanci Cabrera Rangel y Juan Gabriel Ruiz Domínguez, por así solicitarlo el promovente. En otro orden de ideas, téngasele solicitando el acceso al expediente electrónico; por tanto, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, a través del usuario "AbogadosJC" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia que este juicio no se seguirá por la vía de "juicio en línea" por no existir la manifestación expresa de la parte quejosa. Por tanto, se ordena a la encargada del SISE en el juzgado, para que le otorgue los permisos correspondientes en el sistema. Por otra parte, la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo de los Verdines número 224 de la colonia Fraccionamiento Jardines de la Pradera en la ciudad de León, Guanajuato, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato. Con residencia en León, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado calle Paseo de los Verdines número 224 de la colonia Fraccionamiento Jardines de la Pradera en la ciudad de León, Guanajuato, y notifique al quejoso Leonel Xiclama Lorenzo (por sí mismo o por conducto de sus autorizados) el presente proveído (mismo que obra inmerso en la comunicación que se expide). De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a la autoridad responsable por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a la autoridad, de así desearlo, proporcione algún correo electrónico oficial o se dé de alta con Firel y acepte la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL.

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