Leonel Figueroa Lira

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Leonel Figueroa Lira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 219/2019, reservándose los autos para dictar la sentencia correspondiente; por tanto, a fin de no dejar promociones pendientes por acordar, fórmese cuaderno provisional. Por tanto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Leonel Figueroa Lira; atento a su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de Reclusión donde se encuentra, ubicado en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruíz", ubicado en Carretera Uruapan-Taretan, kilómetro 1.5, en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. Asimismo, téngasele revocando el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, ubicado en Calle Francisco J. Mújica número 292-A, de la Colonia Revolución de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y revocando a los profesionistas autorizados Ulises Omar Ruiz Godínez y Mauricio Ochoa Tercero, en su escrito inicial de demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, tomando en consideración la propia manifestación del quejoso, en el sentido de que no cuenta con recurso económico para pagar un abogado particular, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso en este juicio, y toda vez que en el presente acuerdo se le tiene revocando a sus autorizados; por tanto, se procede a girar atento oficio al Delegado de la Defensoría Pública Federal, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien designar un defensor público, en la inteligencia de que el acto reclamado deriva de una causa penal. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso.". En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social "Licenciado Eduardo Ruiz", en esta ciudad, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que realice lo siguiente: Se constituya en el Centro de Readaptación Social "Licenciado Eduardo Ruiz", en esta ciudad, y notifique al quejoso el presente proveído. A fin de dar puntual cumplimiento el derecho fundamental consagrado por el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notifíquese; y personalmente al quejoso Leonel Figueroa Lira en su lugar de reclusión.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos par que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de diez de julio del año en curso (fojas 77-78) y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aclara su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase al citado Comisionado, ofreciendo pruebas consistentes en copia certificada de: ....Con el informe y documentales de referencia, dése vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y .... Ahora bien, de los anexos remitidos por la autoridad oficiante, se advierte que contienen información de carácter "confidencial" respecto de diversas personas de las que se solicitó el traslado; consecuentemente, se ordena glosar a los presentes autos únicamente las fojas que constituyen el principio y fin de los comunicados que ordenan el traslado -entre otros- del quejoso Leonel Figueroa Lira, así como el nombre del mismo, debiéndose testar el resto de los nombres que aparecen en dichas hojas y glosar en sobre cerrado las restantes, bajo las reservas conducentes de conformidad con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del nueve de agosto del año en curso, y tomando en consideración el término de ocho días otorgado a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado aludido; lo procedente es diferir anticipadamente la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese; y personalmente al autorizado del quejoso.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso ***, reclamó en el presente juicio de amparo, la orden de traslado que se pretende realizar del lugar en el que actualmente se encuentra recluido, esto es, del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, con motivo de algún procedimiento que se siga en su contra, incluyendo la deportación o extradición a otro lugar, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y la ejecución de los mismos. Luego, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, refirió que no cierto el acto reclamado. Sin embargo, de las constancias allegadas por el Director del Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruiz" con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en complemento a su informe justificado, se advierte el oficio OADPRS/08776/2019 de veintinueve de marzo del año que curso (fojas 66-69), emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, del cual se desprende que se autorizó el egresó del quejoso ***, del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS-Coahuila Mixto, para ser trasladado al Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez" en Morelia, Michoacán. Ahora bien, en el diverso oficio CSPEM/1795/2019, de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 63-64), signado por la Maestra en Derecho Citly Velazco Martínez, Coordinadora del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán, se advierte que en cumplimiento al oficio antes referido OADPRS/08776/2019 citó como asunto un "traslado definitivo", por lo que, realizó gestiones a efecto de que, recibieran a diversas personas privadas de su libertad procedentes del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS-Coahuila Mixto, en el Aeropuerto Internacional "Ignacio López Rayón", con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en punto de las 11.30 once horas con treinta minutos del día treinta de marzo del año actual, para ser ingresados al Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", Uruapan, Michoacán, entre estas el quejoso ***. En consecuencia, lo anterior resulta confuso, toda vez que como ya se mencionó, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, negó el acto reclamado por el quejoso, consistente en: La orden de traslado y/o reubicación y/o cualquier otro acto que tenga como fin sustraerlo o separarlo del Centro Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", ubicado en Uruapan, Estado de Michoacán a otro diverso. Incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al citado Comisionado, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificado del presente proveído, aclare su informe justificado, esto es, precise si ha desistido o ya no tiene interés en ejecutar la orden de traslado ordenada mediante oficio OADPRS/08776/2019 de veintinueve de marzo del año que curso, al destino indicado en dicho comunicado (Morelia) o, refiera cuál es el destino que dará al quejoso ***.o, en su caso, si se quedará en el que actualmente se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad; lo anterior, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese.

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