Leonel Pérez Meza
Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leonel Pérez Meza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento que en proveído de cinco de diciembre de la presente anualidad, se admitió a trámite al conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en aquella ciudad, derivado de la demanda de amparo promovida por Leonel Pérez Meza, por conducto de su apoderado jurídico Francisco Samuel Rodríguez Valdés; mismo que quedó registrado con el número 32/2019. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En razón de que la parte quejosa LEONEL PÉREZ MEZA por conducto de su apoderado jurídico FRANCISCO SAMUEL RODRÍGUEZ VALDÉS o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el veintisiete de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio 19268/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo original número V-1230/2019, de su índice, formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado; por el que hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que no acepta la competencia que le fue declinada mediante proveído de cinco de noviembre del año en curso; acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, el oficiante, señala que no acepta la competencia para resolver el presente asunto, por los siguientes motivos: Que de la demanda y anexos no se advierte que el acto reclamado consistente en el descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, se haya ejecutado, se esté ejecutando o se vaya ejecutar en esa ciudad de Morelia, no obstante que la autoridad responsable tenga su residencia en ese lugar, ya que aduce que la orden de descuento del salario, no debe de servir de base para fincar la competencia, pues, manifiesta que para ello debe atenderse al lugar en que habrán de efectuarse los descuentos y que de la demanda y anexos no se advierte que el promovente tenga su domicilio o preste sus servicios en esa localidad para considerar que es allá donde se está ejecutando o se vaya ejecutar el acto reclamado. Por lo que, indica, que en todo caso de conocerse el lugar donde reside el quejoso, será competente el juez donde se presentó la demanda. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por los motivos expuestos en el proveído de cinco de noviembre pasado, en el que se determinó declinar la competencia, los que aquí se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, más aún, se advierte que, si bien es cierto que el quejoso se duele de la orden de descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, Michoacán, manifestó que la fuente laboral a la cual pertenece es la Empresa WP CONSTRUCTORA, sociedad anónima de capital variable, la cual es y ha sido su fuente patronal durante los últimos cinco años, quien tiene su domicilio en Camino a las Lomas 5* colonia Geovillas del Real código postal 45606 de Talquepaque, Jalisco, y la cual es la que ha hecho los descuentos a su salario, en acatamiento a un oficio por parte de la responsable de realizar el descuento a su salario. Esto es, conforme al planteamiento realizado por el solicitante del amparo, tales actos aparentemente tendrían su ejecución por autoridades que tienen su residencia en un lugar donde no ejerce jurisdicción este juzgado. De ahí que este órgano jurisdiccional, al no haber señalado, el quejoso, como responsable alguna autoridad ejecutora en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, consideró que la competencia corresponde al lugar donde tendrá efectos la ejecución del acto reclamado, esto es, en la ciudad de Morelia, Michoacán, al ser donde la autoridad responsable emitió el oficio por el cual se ordenó el descuento al salario del quejoso. En vista de lo apuntado, este Órgano Jurisdiccional, insiste en que la competencia para resolver lo relativo al acto reclamado se surte en favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, en turno, para que en términos de los citados preceptos legales, resuelva el conflicto competencial que se plantea. Comuníquese esta determinación al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 19268/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo original número V-1230/2019, de su índice, formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado; por el que hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que no acepta la competencia que le fue declinada mediante proveído de cinco de noviembre del año en curso; acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, el oficiante, señala que no acepta la competencia para resolver el presente asunto, por los siguientes motivos: Que de la demanda y anexos no se advierte que el acto reclamado consistente en el descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, se haya ejecutado, se esté ejecutando o se vaya ejecutar en esa ciudad de Morelia, no obstante que la autoridad responsable tenga su residencia en ese lugar, ya que aduce que la orden de descuento del salario, no debe de servir de base para fincar la competencia, pues, manifiesta que para ello debe atenderse al lugar en que habrán de efectuarse los descuentos y que de la demanda y anexos no se advierte que el promovente tenga su domicilio o preste sus servicios en esa localidad para considerar que es allá donde se está ejecutando o se vaya ejecutar el acto reclamado. Por lo que, indica, que en todo caso de conocerse el lugar donde reside el quejoso, será competente el juez donde se presentó la demanda. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por los motivos expuestos en el proveído de cinco de noviembre pasado, en el que se determinó declinar la competencia, los que aquí se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, más aún, se advierte que, si bien es cierto que el quejoso se duele de la orden de descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, Michoacán, manifestó que la fuente laboral a la cual pertenece es la Empresa WP CONSTRUCTORA, sociedad anónima de capital variable, la cual es y ha sido su fuente patronal durante los últimos cinco años, quien tiene su domicilio en Camino a las Lomas 5ª colonia Geovillas del Real código postal 45606 de Talquepaque, Jalisco, y la cual es la que ha hecho los descuentos a su salario, en acatamiento a un oficio por parte de la responsable de realizar el descuento a su salario. Esto es, conforme al planteamiento realizado por el solicitante del amparo, tales actos aparentemente tendrían su ejecución por autoridades que tienen su residencia en un lugar donde no ejerce jurisdicción este juzgado. De ahí que este órgano jurisdiccional, al no haber señalado, el quejoso, como responsable alguna autoridad ejecutora en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, consideró que la competencia corresponde al lugar donde tendrá efectos la ejecución del acto reclamado, esto es, en la ciudad de Morelia, Michoacán, al ser donde la autoridad responsable emitió el oficio por el cual se ordenó el descuento al salario del quejoso. En vista de lo apuntado, este Órgano Jurisdiccional, insiste en que la competencia para resolver lo relativo al acto reclamado se surte en favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, en turno, para que en términos de los citados preceptos legales, resuelva el conflicto competencial que se plantea. Comuníquese esta determinación al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
En razón de que la parte quejosa LEONEL PÉREZ MEZA por conducto de su apoderado jurídico FRANCISCO SAMUEL RODRÍGUEZ VALDÉS o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; ocho de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve; queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Leonel Pérez Meza, por conducto de su apoderado jurídico Francisco Samuel Rodríguez Valdés, carácter que acredita y se le reconoce al tenor del poder general para pleitos y cobranzas, pasado ante la fe del notario público número noventa y tres, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, que al efecto exhibe, adjunto a su escrito de demanda, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), representado por su Delegado en el Estado de Michoacán, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 567/2019. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: ACTOS RECLAMADOS: *.A) DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, REPRESENTADO POR SU DELEGADO ESTATAL, DE QUIEN SE RECLAMA LA ORDEN DE DESCUENTO AL SALARIO DEL TRABAJADOR LEONEL PEREZ MEZA, QUE MOTIVÓ EL DESCUENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y SUCESIVOS, FUNDANDOSE Y MOTIVANDOSE PARA ELLO EN EL CONTRATO DE CRÉDITO QUE LO FACULTABA A REALIZAR DICHOS COBROS CON SALARIO AL TRABAJADOR, SIENDO QUE A LA FECHA DICHO CONTRATO NO SE ENCUENTRA VIGENTE PUES LA AUTORIDAD RESPONSABLE OPTÓ POR LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, INICIÓ UN JUICIO EJECUTIVO CIVIL, EL 513/2007 ANTE EL JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN MORELIA, MICHOACÁN, EN EL CUAL SE DICTO SENTENCIA Y SE EJECUTÓ DICHA SENTENCIA EN LA FORMA Y TERMINOS QUE PREVIENE LA LEGISLACIÓN CIVIL, ADJUDICANDOSE EL BIEN INMUEBLE MOTIVO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO QUE EL INSTITUTO HOY AUTORIDAD RESPONSABLE Y EXISTIENDO ESCRITURA PÚBLICA EN FAVOR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SIGUE DESCONTANDO DEL TRABAJADOR HOY QUEJOSO, AÚN CUANDO NO TIENE EL INMUEBLE DE REFERENCIA EN PROPIEDAD Ni EN POSESIÓN, YENDO EN CONTRA DE LOS EXTREMOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONAL...* AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), representado por su Delegado en el Estado de Michoacán. De lo que se desprende que, el acto reclamado en el presente asunto, lo hace consistir en: La orden de descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues el acto reclamado por el quejoso tiene ejecución material y es atribuido a una autoridad cuya residencia se ubica en Morelia, Michoacán, lugar en donde no ejerce jurisdicción por territorio este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: *Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]* *Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (Lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, el quejoso reclama la orden de descuento a su salario por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia, Michoacán, consecuencia, a su decir, de un crédito hipotecario que ya no se encuentra vigente. Por tanto, se tiene que la ejecución del acto reclamado, tendrá efecto en la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, en turno, en virtud de que tanto la emisión como ejecución del acto reclamado proviene de autoridad cuya residencia está dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Diana Yazmín Tamayo Guijosa, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma a María del Socorro Valdés López y Mayra Romero Baltazar, por así haberse solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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