Leonel Rangel González

Expediente 12/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
12/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Leonel Rangel González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso y a su defensor público.

  2. Principal

    a las nueve horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que los autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio de tres de diciembre de dos mil diecinueve y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al defensor público Gabriel Rodríguez López, el proveído de veintinueve de noviembre del presente año, dictado en los autos del juicio de amparo 12/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso b) en relación con el 29, de la Ley de Amparo, mismo que en su parte conducente dice: Agréguese en autos el oficio de cuenta signado por el Encargo del despacho de la Dirección de Penas y Beneficios Preliberacionales; en atención a este, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se les tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido de los mismos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, la mencionada autoridad hace del conocimiento a este Juzgado Federal, que en lo dispuesto con el artículo 4, fracción XI, apartado B, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en relación al Transitorio Octavo y Decimo Primero, del Decreto número nueve, por medio de la cual se aprueba la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el cual señala como denominación actual y correcta Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Tecate, antes (Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en Tecate). En ese orden de ideas; instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que efectúe las anotaciones correspondientes en el sistema citado. Por otro lado, se advierte que del informe justificado rendido por el Encargo del despacho de la Dirección de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Tecate, se desprende la existencia de un nuevo acto y autoridad relacionado con el primigeniamente combatido; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si tiene interés en ampliar la demanda de amparo en contra de la autoridad Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, respecto de los oficios DEPMJ/11006/2018, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, y SGG/SSEP/DEPBP/1164112019, de catorce de noviembre del presente año, en el que remitieron los escritos respectos a las peticiones del quejoso. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En entendido que de hacerlo así, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no desahogar el presente requerimiento, se tendrán únicamente como actos y autoridades responsables los precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, la notificación del presente proveído deberá realizarse de manera personal tanto en el domicilio procesal del Defensor Público Estatal designado, como en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso; lo anterior, en observancia de la Tesis Aislada 1o.4 K (10a.), con número de registro 20199918, de la Décima Época, publicada el viernes veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y contenido: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable." Lo destacado propio.

  3. a las nueve horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que el autorizado de la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al autorizado del quejoso, el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 12/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice:

  4. Principal

    a las nueve horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa ni sus autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 67/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice:Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que aún no se encuentra integrado el presente expediente, puesto que no obra la constancia de notificación del oficio 90/2019, de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la autoridad responsable Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Baja California. En ese orden de ideas, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, por lo que se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la citada audiencia, y no dejar en estado de indefensión a las partes. Por otro lado; del estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha, el defensor público, que le fue asignado a la parte quejosa, Gabriel Rodríguez López, no ha comparecido ante este Juzgado Federal para protestar el cargo que le fue conferido. Sin embargo, la suscrita, considera que con el fin de salvaguardar el debido proceso, se estima procedente dejar sin efectos el requerimiento formulado a dicho profesionista, en virtud de que la Ley de Amparo no exige a los abogados autorizados en términos amplios, conforme al artículo 12, de la Ley en la Materia, de aceptar y protestar el cargo conferido, pues dichos autorizados están facultados tanto para oír y recibir notificaciones en nombre del quejoso, así como para promover e interponer recursos que consideren pertinentes. Lo cual mantiene armonía con el principio ateniente a una efectiva defensa del quejoso, acorde con los lineamientos establecidos por el legislador en los artículos 20, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior queda sustentado en la tesis por analogía 2ª. LXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA. La enumeración de facultades que establece esa disposición en favor del autorizado para intervenir en términos amplios en el juicio de amparo es enunciativa y no limitativa, pues además de precisar las de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del plazo de la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda de garantías en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio constitucional." Asimismo, como lo establece la tesis III.2º.P.21 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 8 de noviembre de 2019, Decima Época, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO." Por ende, y con el fin de salvaguardar el derecho del quejoso a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reitera al licenciado Gabriel Rodríguez López, el deber que tiene de asistir al quejoso en el trámite del presente juico de amparo.

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