Leonel Eliezer Buenfil Godoy
Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leonel Eliezer Buenfil Godoy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, pues se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la prevención contenida en auto admisorio, en el sentido de señalar o no como autoridad responsable en el presente asunto, al Director de la Policía Estatal de Investigación con sede en Kanasín, Yucatán, dentro del término de tres días computados legalmente; por tanto, téngase por no designada a autoridad y resuélvase el presente asunto únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda. Ahora bien, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la invocada ley de la materia, por los motivos que a continuación se exponen. El último precepto en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". En el caso, el quejoso Leonel Eliezer Buenfil Godoy, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables, la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, y las que integran los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se advierte que el día diez de septiembre del año en curso, el directo quejoso estuvo recluido, en el Área de Seguridad de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, bajo la custodia de elementos de la Policía Estatal de Investigación y a disposición del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Kanasín, Yucatán, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos, lo que motivó se iniciara la carpeta de investigación número P4-A4/000567/2019. Posteriormente, en cumplimiento a lo ordenado por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público con sede en Kanasín, Yucatán, el once de septiembre siguiente, el directo quejoso Leonel Eliezer Buenfil Godoy, fue trasladado debidamente custodiado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán y puesto a disposición del Juez de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín. Lo anterior, generó un cambió en su situación jurídica y por tanto, que se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte quejosa al haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad ministerial ejerció acción penal, se transitó de una fase de investigación no judicializada a una judicializada. Por tanto, es inconcuso que los actos atribuidos a las autoridades responsables, quedan consumados formal e irreparablemente; en todo caso, ahora corresponderá al impetrante ejercer su derecho de defensa ante el juez de control que conoce del asunto. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que las causas de improcedencia son notorias, manifiestas e indudables. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense los informes justificados rendidos por el Vicefiscal de investigación y Control de Procesos en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad y el primero con un anexo; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos para los efectos legales correspondientes, los oficios FGE/DJ/AMP/FISC/2123/2019 y FGE/DJ/AMP/DIAT/2732/2019, signados respectivamente por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden su informe respecto a la suspensión de plano decretada de oficio por acuerdo de diez de septiembre pasado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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