Leonel Eduardo Manzanares Leal
Expediente 2245/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leonel Eduardo Manzanares Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Acto continuo, se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran los autos, y se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, y por rendido el informe justificado que se ordenó agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario da cuenta con la copia certificada que la Auxiliar en funciones por ausencia temporal de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió como apoyo a su informe justificado, agregado en auto de catorce de octubre del año en curso, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. Ahora bien, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se declara CERRADO EL PERÍODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, el Secretario certifica que en proveído de dieciocho de octubre del año actual, se tuvo por recibido el escrito presentado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formuló alegatos. A lo que el Juez acuerda: ténganse por rendidos los alegatos que expuso la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; consecuentemente, se declara CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 2245/2022-IV-A, promovido por LEONEL EDUARDO MANZANARES LEAL; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el diecinueve de septiembre del año actual a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció LEONEL EDUARDO MANZANARES LEAL, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado. TERCERO. Cabe precisar que por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, manifestara en ampliación de demanda, si señalaba como autoridad responsable en este asunto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ya que se advirtió que tiene participación en el acto reclamado, ya que se le libró exhorto a efecto de que realizara el emplazamiento de mérito; no obstante, dicho plazo transcurrió sin que realizara manifestación alguna respecto a la vista que se le dio, por lo que en proveído de diecisiete de los corrientes se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el indicado proveído de catorce de octubre del año actual, y no se tuvo como autoridad responsable en este juicio a la antes nombrada. CUARTO.- Desde el auto inicial se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 96/2021. TERCERO. Certeza de actos. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Auxiliar en funciones por ausencia temporal, reconoció la existencia de dicho acto, por lo que se tiene por cierto, para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.).". De la transcripción anterior se advierte que el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo, destacándose el previsto en la fracción III, que establece que debe mencionarse a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal, dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, la Ley de Amparo prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. En la especie, es importante señalar que el accionante del amparo señaló como acto reclamado la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 96/2021, y señaló como responsable a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo cierto es, que del análisis realizado a la copia certificada del juicio de origen que ofreció como prueba la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año actual la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó girar exhorto mediante el oficio 2250/2022, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a fin de que en su auxilio procediera a emplazar a la demandada "Grupo Mercurio de Transportes", Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que su domicilio se encuentra fuera de la residencia de la Junta Especial citada en primer término. Por lo que en auto de catorce de octubre del año actual, se le dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de dicha autoridad, a la que se libró el exhorto correspondiente, ya que es a ésta a quien le corresponde realizar el emplazamiento de la parte demandada (acto reclamado); y se le apercibió a la parte quejosa que en caso de no hacerlo, se seguiría el juicio sin su intervención, con las consecuencias legales conducentes. Sin embargo, la parte quejosa no desahogó la prevención que se le realizó, por lo que no amplió la demanda de amparo respecto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; en consecuencia, en acuerdo de catorce de octubre del año actual, no se tuvo como responsable a la misma. Por tanto, de lo anterior se obtiene que lo que le podría irrogar perjuicio a la parte amparista, es la actuación u omisión tribuidos a dicha Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Empero, tal autoridad no fue señalada como autoridad responsable por la parte quejosa, a pesar de habérsele requerido para hacerlo; circunstancia que generó se hiciera efectivo el apercibimiento ahí decretado, ordenándose continuar el trámite del presente juicio hasta dictar sentencia, teniéndose únicamente como autoridad responsable a la señalada en el auto de inicio. Lo cual genera imposibilidad para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que la autoridad a la que corresponde llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo expuesto, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis 2a. CLXIV/98, en la página 113, con número de Registro: 194684, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio. QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por LEONEL EDUARDO MANZANARES LEAL, en contra del acto que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo informado por la Secretaría de este Juzgado, en la cuenta que antecede: toda vez que transcurrió el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa, sin que realizara manifestación alguna en cuanto a la vista que se le diera por acuerdo de catorce de octubre del año actual. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el indicado proveído, no se tiene como autoridad responsable en este juicio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para todos los efectos legales que procedan. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y del estado de autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de catorce de los corrientes a fin de que manifieste si amplía su demanda y señala como autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, tal como se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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