Leonor Carolina Alvarado Correa
Expediente 1341/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1341/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leonor Carolina Alvarado Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1341/2020-IV-B, promovido por ***; y, ... TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad (3), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio por falta de materia respecto del acto reclamado a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán (1), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otra parte, debe tenerse como cierto el acto que se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad (2), con sede en esta localidad, pues aunque al rendir su informe lo negó, con posterioridad realizó manifestaciones de las cuales se advierte su existencia. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. En principio, es necesario puntualizar que la quejosa en su demanda se ostenta como persona extraña al juicio ejecutivo mercantil número 9/2012, y aduce que por virtud del mencionado procedimiento, se le pretenden conculcar sus derechos de posesión y propiedad sobre un bien inmueble que forma parte integrante del patrimonio del demandado en el citado procedimiento, y aporta como medio de prueba un acta de matrimonio celebrado el doce de julio de mil novecientos noventa y uno, entre la aquí quejosa LEONOR CAROLINA ALVARADO CORREA y el demandado (aval) en el juicio de origen ROMÁN ARIEL HERNÁNDEZ COBOS, bajo el régimen de sociedad legal. De lo que se colige que acude al presente juicio constitucional ostentándose como tercero extraña al juicio ejecutivo mercantil 9/2012 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal de referencia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal. Es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento. A esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido la jurisprudencia 331, la cual se estima ilustrativa por analogía, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Cabe precisar que si bien la parte quejosa efectivamente no ha formado parte de la relación jurídica procesal en el juicio 9/2012, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; lo cierto es, que la circunstancia del embargo que señala (que se hizo en su totalidad, cuando debió ser sólo en el 50% del mismo) ello podía ser debidamente defendido por su cónyuge, a quien le resulta el carácter de demandado (aval) en el citado juicio mercantil de origen, lo cual es suficiente para determinar que en realidad la aquí amparista no tiene el carácter de extraña a juicio con que se ostentó en su demanda de amparo, como enseguida se expondrá. Al respecto, es pertinente precisar las características que forman el régimen patrimonial de la sociedad legal. En primer término, el matrimonio es un contrato civil, esto es, constituye un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para los contrayentes; de esto se sigue, que la naturaleza jurídica de los deberes y las prerrogativas que surgen entre los consortes por virtud de la circunstancia de que contrajeron nupcias civiles, son de diversa índole (la ayuda mutua, la dirección del hogar, la educación de los hijos, el sostenimiento económico, la administración de los bienes comunes, entre otros) se pueden diferenciar entre las que revisten un carácter netamente personal, de aquéllas cuyo contenido es estrictamente patrimonial. En el presente, conviene referirse exclusivamente al régimen patrimonial de los consortes que subyace durante la vigencia del matrimonio. Así, la sociedad legal no constituye una persona moral distinta de los asociados, sino más bien representa un régimen de los bienes en el matrimonio, una de las formas de este contrato, con relación a los bienes de los consortes. Luego, si bien es cierto, quienes celebran matrimonio bajo el régimen de sociedad legal les corresponde proindiviso el dominio del cincuenta por ciento de los bienes que integran el caudal de la citada sociedad, es decir, les asiste el derecho para defender el caudal de los bienes que conforman la sociedad. También lo es, que esa sola circunstancia de modo alguno les confiere el carácter de terceros extraños al juicio donde figure como demandado uno de los consortes, aun cuando aquél los hubiere comprometido sin el consentimiento de ambos, pues tal dominio conlleva la representación de la sociedad, es decir la administración de los bienes que conforman la sociedad conyugal, no en la parte proporcional que les corresponde sino en forma total; interpretarlo de forma diversa sería tanto como desconocer la naturaleza propia de la misma, en cuanto a que la totalidad de bienes que adquiera cada uno de los que la conforman pasen a un fondo común. Dicho en otras palabras, si para ingresar un bien a la sociedad no se requiere la anuencia de ambos cónyuges, pues tales bienes, por disposición de la ley entran a formar parte del patrimonio que la conforma, no se puede exigir esa formalidad cuando uno de ellos los compromete para responder de alguna deuda, por la sencilla razón de que el beneficio así obtenido se entiende repercutió en el seno de la sociedad. Al respecto, es necesaria la transcripción de los artículos relativos del Código Civil del Estado de Yucatán, y que son los siguientes: "Artículo 117. El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. La sociedad conyugal puede ser convencional o legal. Si en el acta matrimonial no se hiciere mención del régimen, se entenderá celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Los cónyuges están obligados a presentar una copia certificada del acta en que conste la constitución de la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, en su caso, al registro público de la propiedad del Estado, para su inscripción." "Artículo 118. La sociedad convencional se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan. Todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regirá por los preceptos contenidos en los artículos del 137 al 173 de este código." "Artículo 119. La sociedad conyugal, sea convencional o legal, se regirá por las disposiciones relativas a la sociedad común, en todo lo que no estuviere comprendido en esta sección." "Artículo 120. La sociedad conyugal, sea convencional o legal, nace desde el momento en que se celebra por la voluntad de los cónyuges." "Artículo 121. La sociedad convencional puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así está convenido en las capitulaciones o por acuerdo de los cónyuges." "Artículo 126. La administración de los bienes de la sociedad conyugal reside en ambos consortes en los términos establecidos en este código, salvo convenio en contrario." "Artículo 136. La sociedad legal queda constituida con la simple declaración que los cónyuges hagan ante el oficial del registro civil de ser su voluntad que los bienes aportados al matrimonio y los que en adelante adquieran, se rijan por este sistema." "Artículo 137. En la sociedad legal, son propios de cada cónyuge: I. Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que poseía antes de éste, aunque no fuere dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante la sociedad. II. Los bienes que durante la sociedad adquiera cada cónyuge por don de la fortuna, por donación de cualquiera especie, por herencia o por legado, constituido a favor de uno solo de ellos. Cuando las donaciones fueren onerosas, se deducirá del capital del cónyuge que las reciba, el importe de las cargas que hayan sido soportadas por la sociedad. III. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la prestación se haya hecho después de la celebración de él. Los gastos que se hubieren causado para hacer efectivo el título, serán a cargo del dueño de éste. IV. Los adquiridos por venta o permuta de sus bienes raíces y los adquiridos con el precio de la venta de otros también raíces de su propiedad. V. Lo que cada cónyuge adquiera por la consolidación de la propiedad y el usufructo, siendo a su cargo los gastos que se hubieren hecho. VI. Las cantidades cobradas por los plazos vencidos durante el matrimonio, si alguno de los cónyuges tuviere derecho a una prestación exigible en plazos, que no tenga el carácter de usufructo. VII. El tesoro encontrado casualmente." "Artículo 138. Forman el fondo de la sociedad legal: (.) VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes.". "Artículo 143. Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán pruebas suficientes, aunque sean judiciales. En este caso, la confesión se considerará como donación, que no quedará confirmada sino por la muerte del donante." "Artículo 144. El dominio, posesión y administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad." "Artículo 145. Los bienes raíces pertenecientes al fondo social, no pueden ser obligados ni enajenados en modo alguno por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro. En los casos de oposición infundada podrá suplirse por decreto judicial el consentimiento del cónyuge disidente, previa su audiencia." "Artículo 151. Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos cónyuges o por cualquiera de ellos en los términos del artículo 146 de este código, son carga de la sociedad legal." "Artículo 152. Las deudas de cada cónyuge, anteriores al matrimonio, no son carga de la sociedad legal, a no ser en los casos siguientes: I. Si el otro cónyuge estuviere personalmente obligado. II. Si hubieren sido contraídas en provecho común de los cónyuges." "Artículo 154. Los créditos anteriores al matrimonio, en el caso de que el cónyuge obligado no tenga con qué satisfacerlos, sólo podrán ser pagados con los gananciales que le correspondan." "Artículo 163. Disuelta la sociedad, se procederá desde luego a formar el inventario, incluyéndose en forma detallada, no sólo los bienes que formaron la sociedad, sino los que deban traerse a colación." "Artículo 164. Deben traerse a colación las cantidades pagadas por el fondo social y que sean carga exclusiva de los bienes propios de cada cónyuge, y el importe de las donaciones y de las enajenaciones que deban considerarse fraudulentas conforme al artículo 149 de este código." "Artículo 165. No se incluirán en el inventario los efectos que formaban el lecho y vestidos de los consortes, que se entregarán desde luego a éstos o a sus herederos." "Artículo 166. Terminado el inventario y tratándose de sociedad legal, se pagarán los créditos que hubieren contra el fondo social; se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los cónyuges por mitad. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad; y si uno solo llevó el capital, de éste se deducirá el total de las pérdidas." "Artículo 167. Tratándose de sociedad legal, en la liquidación de los gananciales, cada cónyuge tendrá derecho a la mitad, sea cual fuere el importe de los bienes que cada uno de ellos haya aportado al matrimonio, o adquirido durante él y aun cuando alguno de los dos haya carecido de bienes al tiempo de celebrarlo, salvo lo dispuesto en el artículo 114 de este código. Tratándose de sociedad convencional, se procederá en los términos de las capitulaciones, y si nada se hubiera dispuesto en ellas al respecto, se aplicará lo ordenado en el párrafo anterior." "Artículo 175. En el régimen de separación de bienes, los cónyuges serán considerados como dos extraños en todo lo relativo a sus bienes." "Artículo 176. En el caso del artículo inmediato anterior, los cónyuges conservan la propiedad, posesión y administración de sus bienes muebles e inmuebles y el goce de sus productos." Ahora bien, importa destacar que en los autos del juicio de amparo no hay constancia de que al celebrarse el matrimonio entre la quejosa y el demandado en el juicio de origen, hubieran formulado capitulaciones matrimoniales; lo que se adminicula con lo asentado en el acta de matrimonio. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 48/2001, sostuvo que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos. En congruencia con lo anterior se encuentran las disposiciones de los artículos 117, 119, 136 a 173 del Código Civil del Estado de Yucatán antes transcritos. La jurisprudencia en cuestión es del rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)." De lo anterior, se obtienen como datos relevantes los siguientes: a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código Civil del Estado de Yucatán, el matrimonio podía celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, pudiendo ser la primera convencional o legal, según se establezcan o no capitulaciones matrimoniales. b) En el régimen de sociedad legal, los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, forman parte del caudal común si se adquirieron a costa de éste, conforme a lo establecido en el artículo 138, fracción VI, del referido Código Civil del Estado. c) El dominio, posesión y administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad, atento a lo dispuesto en los artículos 126 y 144 del mencionado ordenamiento legal. d) Disuelta la sociedad legal y terminado el inventario se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes, por mitad. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad -artículos 163 y 166 del multicitado Código Civil del Estado-. Ahora bien, de lo anterior, importa subrayar que los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, a costa del caudal común, durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, constituye un fondo común. Esta regla general de inclusión de los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges al fondo común de la sociedad legal, es una condición normal, constante, derivada de la naturaleza económica de ese régimen patrimonial, donde lo excepcional es, en cambio, que el bien adquirido no forma parte de la sociedad común, circunstancia que, por tanto, admitiría prueba en contrario. De lo que se sigue, también, que el cónyuge que invoque a su favor la presunción legal de que los bienes fueron adquiridos durante el matrimonio así contraído, no tiene a su cargo la obligación de demostrar que el bien de que se trate ingresó a la sociedad a costa del caudal común y sí, por el contrario, la tendría quien asegure que tal bien es de su propiedad, es decir, que no pertenece a dicho fondo. En este sentido, es relevante señalar que la prueba de que los bienes fueron adquiridos con el fruto del trabajo de cada uno de los cónyuges resulta prácticamente imposible, debido a que el matrimonio no es una sociedad mercantil o especulativa en la que deba documentarse todo tipo de operación comercial o financiera. Estos señalamientos tornan inconsistente cualquier interpretación en el sentido de justificar que, mientras persiste la sociedad legal, a cada uno de los consortes le corresponde el cincuenta por ciento del dominio del patrimonio común y que nada más en ese porcentaje, podría afectarse el bien en cuestión, pues tal pretensión sólo adquiere actualidad hasta el momento de la liquidación del inventario y únicamente respecto del sobrante del patrimonio común, si lo hubiere, una vez cubiertos los créditos que hubieren contra el fondo social. Toda vez que al realizarse el inventario y la liquidación de la sociedad, deben llevarse los sobrantes del fondo social que se dividirá entre los dos consortes a falta de disposición expresa ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, y respecto a las pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 del Código Civil del Estado de Yucatán, antes transcrito. Así, tomando en cuenta estas notas distintivas de la sociedad legal, regulada por el Código Civil para el Estado de Yucatán, válidamente se puede afirmar que mientras subsista el matrimonio celebrado bajo ese régimen y ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, a cada consorte le corresponde el dominio, posesión y administración del patrimonio común, mas no separadamente el cincuenta por ciento de éste. Máxime que se prevé que para la liquidación de la sociedad se lleven los sobrantes del fondo social que se dividirá entre los dos consortes a falta de disposición expresa ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, lo que significa que es hasta la liquidación cuando se determina ese porcentaje del cincuenta por ciento, al que se le disminuiría el importe de las pérdidas de cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderle. En esa directriz, si la quejosa ocurre a demandar el amparo y protección de la justicia federal y se ostenta como tercero extraña al juicio de origen, con base principalmente en la circunstancia de que no ha sido oída ni vencida en juicio 9/2012, radicado en contra de su cónyuge ROMÁN ARIEL HERNÁNDEZ COBOS, quien fue demandado en el juicio natural como aval; esa circunstancia no le da el citado carácter, pues debe destacarse que la parte accionada es su cónyuge, según se puede apreciar de la copia certificada del acta de matrimonio celebrado el doce de julio de mil novecientos noventa y uno. En esas condiciones, basta que la acción se dirija en contra de alguno de los cónyuges, en virtud de que al beneficiarse la sociedad con los gananciales generados con dichos bienes, sea responsable de las obligaciones que por el mismo motivo llegue a contraer, que podrán hacerse efectivas, en los bienes que constituyen el fondo común y sin necesidad de enderezar la acción correspondiente en contra de cada uno de los cónyuges, pues los dos, indistintamente se representan mutuamente, tanto cuando contraen las obligaciones que son carga de la sociedad conyugal, como cuando son demandados por su cumplimiento. Es aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguientes: "SOCIEDAD LEGAL, NATURALEZA DE LA (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN). La sociedad legal no constituye una persona moral distinta de los asociados, sino más bien representa un régimen de los bienes en el matrimonio, una de las formas de este contrato, con relación a los bienes de los consortes. En este sentido la doctrina francesa trata de cuatro regímenes matrimoniales, originados por la ley civil, o sean: el régimen en comunidad, el régimen exclusivo de comunidad, el régimen de separación de bienes, y el régimen dotal; estableciendo características que hacen del régimen matrimonial una figura o institución jurídica que no debe confundirse con la figura jurídica de la persona moral. Es cierto que en los Códigos Civiles de 1903 y 1918, del Estado de Yucatán, se tiene a la sociedades civiles y mercantiles formadas con arreglo a la ley, como personas morales, y con tal carácter se les reconoce entidad jurídica; y se establece también, tratándose de la sociedad conyugal, que tanto la sociedad voluntaria como la legal, se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad común, en todo lo que no estuviere comprendido en el título correspondiente, que regula aquéllas; pero el hecho de que se emplee el término de sociedad conyugal, para designar el régimen a que están sometidos los bienes en el matrimonio y que se consideren aplicables supletoriamente a este régimen, los preceptos relativos a la sociedad común, no significa que el legislador haya clasificado la sociedad conyugal como una de las especies de la sociedad civil, pues de lo contrario, todos los capítulos que forman el título décimo de los mismos códigos, y que tratan del contrato de matrimonio con relación a los bienes de los consortes, habrían quedado comprendidos en el título decimoprimero, pues es el que se refiere al contrato de sociedad; además, en apoyo de esta tesis, existe el artículo 1965 del Código Civil de 1903, según el cual el contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad legal o bajo el de separación de bienes, disposición que fue reproducida por el artículo 1457 del código en vigor, y es indudable que el término régimen, no fue usado por el legislador accidentalmente, sino con la connotación jurídica que le da la ley y la doctrina francesas; todo esto independientemente del espíritu que informa, en general, los títulos décimos de los ordenamientos citados, y que consiste precisamente en determinar los efectos del contrato de matrimonio, con relación a los bienes de los consortes, estableciendo el régimen al cual deberán estar sometidos tales bienes; cosa que por otra parte, tiene amplios antecedentes históricos y doctrinarios en diversas legislaciones. De acuerdo con esos antecedentes, surgió la necesidad de que la ley reconociera una costumbre que, aunque adoptaba manifestaciones diversas, según las distintas regiones en que imperaba, tendía siempre a conceder una participación a la mujer, en los bienes adquiridos por el marido, durante el matrimonio. Esta costumbre se manifestaba especialmente en una época y en aquellos lugares en que, por lo regular, sólo el marido trabajaba para subvenir a las necesidades de la familia, en tanto que la mujer se consagraba plenamente al hogar; en estas condiciones, ciertamente los bienes eran el producto del esfuerzo realizado por el marido, esfuerzo que era posible debido a que la esposa se consagraba absolutamente al hogar, sin contar con la participación que representaba la influencia que ejercía en su marido, alentándolo y aconsejándolo; todo lo cual contribuía a considerar el matrimonio como una institución con carácter predominantemente ético, por virtud del cual una mujer y un hombre, confundían, por decirlo así, sus personalidades, completándose a base de funciones de diversa índole, cooperación que les concedía iguales derechos para participar en los bienes que se obtenían en virtud de ese esfuerzo común. Así fue como surgió la costumbre de los gananciales en España y de la comunidad de bienes en Francia, costumbre que más tarde fue reconocida por la ley, quedando consagrada como institución jurídica. Estos antecedentes explican la naturaleza de la sociedad conyugal legal, como la de un régimen que se aplica a los bienes adquiridos por cualquiera de los consortes durante el matrimonio. No se trata de crear una persona moral, sino simplemente un fondo común, que habrá de reportar todas las cargas económicas del matrimonio, y que una vez liquidado, se repartirá por partes iguales entre los consortes o sus herederos. De ahí que en casi todas las legislaciones que reglamentan esta institución, exista algún precepto en que se diga que el dominio y posesión de los bienes que constituyen el fondo común, reside en ambos cónyuges, a más de que en esas mismas legislaciones, con el fin de asegurar la unidad en el matrimonio, se reconocía al marido como el representante de su mujer, siendo natural que se estableciera, como una consecuencia lógica, que el marido sería el administrador de esos bienes comunes, y que las deudas contraídas por éste, serían carga de la sociedad legal, es decir, que podrían ejecutarse sobre los bienes del fondo común, limitándose naturalmente el poder del marido, en vista de los abusos a que frecuentemente se prestaba, estableciendo, por ejemplo, que éste no podría gravar ni enajenar los bienes raíces del fondo común, sin consentimiento de su esposa, pero tales limitaciones no vinieron a modificar sustancialmente la naturaleza de la institución que se estudia y que consiste en establecer un régimen para los bienes adquiridos por los consortes durante el matrimonio, y de ninguna manera crear una persona moral. El pensamiento que preside esta institución, de acuerdo con estos antecedentes, es muy sencillo: se requiere que los bienes adquiridos durante el matrimonio y los productos de los pertenecientes a los consortes, integren un fondo común que reporte las cargas económicas del matrimonio, haciendo desaparecer, hasta cierto punto, entre los consortes y respecto de esos bienes que forman el fondo común, las nociones de tuyo y mío; y como se reputa al marido el representante de la mujer, en todo aquello para lo cual no es necesario el consentimiento expreso de ésta, se trata con él, no en su carácter de representante de una persona moral, sino sabiendo que las obligaciones que llegue a contraer, podrán hacerse efectivas, no sólo en sus bienes personales sino también en los que constituyen el fondo común, y esto sin necesidad de enderezar la acción correspondiente en contra de los cónyuges, pues basta demandar al marido personalmente y luego ejecutar la sentencia de bienes del fondo común, con tal que la obligación que se exige, sea de aquéllas que la ley reputa como carga de la sociedad legal, es decir, como susceptible de ejecutarse en bienes del fondo común y en estas condiciones, la mujer no puede alegar que ella es también propietaria de tales bienes y que no ha sido oída en juicio, dado que se considera que en todas aquellas obligaciones contraídas por el marido, que son carga de la sociedad legal, la mujer ha sido oída por conducto de su representante y aun cuando este punto se complica en casos en que la legislación ha suprimido los preceptos que atribuían al marido el carácter de representante de la esposa, declarando, consecuentemente, que el dominio, posiciones y administración de los bienes comunes, reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad conyugal, sin embargo, esta manera de reglamentar la sociedad legal, no llega a cambiar su naturaleza, sino que exclusivamente hace más complejas las relaciones al establecer que la administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, lo que significa que ya no sólo el marido puede contraer adeudos susceptibles de ejecutarse en los bienes comunes, sino que la mujer puede hacer otro tanto; así lo dice expresamente el artículo 1504 del Código Civil del Estado de Yucatán, que encierra una limitación al artículo 1498, cuando dispone que ninguno de los cónyuges podrá tomar capitales prestados, sin el consentimiento del otro, cuando su importe exceda de quinientos pesos, de lo que se concluye que la sociedad conyugal legal que establece el Código Civil de Yucatán, es un régimen que se refiere al contrato de matrimonio, en relación con los bienes de los consortes y que tiende a crear un patrimonio o fondo común, afecto a las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges, en los términos que fija la misma ley; por lo que cuando se endereza una acción contra cualquiera de ellos, fundada en una obligación que es carga de la sociedad legal, la sentencia correspondiente puede ejecutarse en los bienes comunes, sin que pueda alegar el otro cónyuge, que se le priva de sus derechos, sin haberlo oído, ya que se considera que ambos consortes se representan mutuamente, tanto cuando contraen las obligaciones que son carga de la sociedad legal, como cuando son demandados por el cumplimiento de esas obligaciones." De la misma manera sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, que se transcribe: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL CÓNYUGE QUE CONTRAJO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA FUE OÍDA Y VENCIDA POR CONDUCTO DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTERIOR A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)." La comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula; empero, no nada más los hace partícipes por igual de los beneficios, sino también de las cargas. Esa afirmación se obtiene de la redacción del artículo 194 del Código Civil para el Estado de Coahuila, abrogado en el que se sostiene que ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, lo que implica que, en relación con esos bienes, ambos esposos también deben soportar las cargas. Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el diverso artículo 190, en el sentido de que es nula la capitulación en la que sólo alguno de los cónyuges sea responsable por las pérdidas y deudas comunes; por tal razón, al pertenecer los bienes defendidos al fondo común de la sociedad conyugal, es suficiente que en el juicio respectivo se oiga sólo a uno de los consortes, pues conforme con el referido artículo 194, cualquiera de los dos tiene el carácter de administrador de la sociedad conyugal, de suerte que si dicha sociedad fue oída en el juicio por conducto de uno de los cónyuges, el otro consorte no puede alegar ser tercero extraño; lo cual es acorde con el principio jurídico que reza "quien obtiene los beneficios debe resentir también los perjuicios".". Así como el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL. CAUSAHABIENCIA. No puede estimarse a la quejosa como tercera extraña al juicio de donde deriva el acto reclamado, si el derecho que considera vulnerado lo hace consistir en la posesión de un inmueble materia del juicio, derecho que adquirió en su calidad de partícipe en la sociedad conyugal habida con el demandado en ese juicio y si éste fue legalmente emplazado, oído y vencido en juicio, la cónyuge no puede ostentarse tercera extraña al juicio por obrar la figura de la causahabiencia entre marido y mujer." En consecuencia, al quedar de manifiesto que en la especie la quejosa LEONOR CAROLINA ALVARADO CORREA no tiene el carácter de tercero extraña al juicio ejecutivo mercantil de origen al haber sido oída y vencida a través de su causante (cónyuge), quien fue demandado en dicho sumario, resulta inconcuso que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; luego, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Similar criterio se sostuvo en el diverso juicio de amparo 1191/2018, del índice de este Juzgado, el cual fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en autos del toca 87/2019, de su índice. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad (3), de acuerdo a lo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de los actos reclamados al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por ********************, tercera interesada en este asunto, por medio del cual se apersona a este juicio, y señala domicilio para oír y recibir notificaciones así como autorizados. Al respecto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida tercero interesada, el que señala para tal fin en su escrito de cuenta, y como sus autorizados, a las personas que menciona en los términos que designa. Sin embargo, no es posible otorgarles a estos últimos la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por la misma vía, ya que la ocursante no proporciona el nombre de "usuario" registrado en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada de conformidad con el artículo 27 y 29 de la ley de amparo...Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no se encuentra emplazada la parte tercera interesada LISSETTE ***, al presente juicio constitucional, por lo que del informe justificado remitido por la autoridad responsable se advierte el domicilio en el cual podría ser debidamente emplazada. En consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b), se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de emplazar a la nombrada tercera interesada, por conducto de quien o quienes legalmente la representen; debiéndole entregar copia autorizada del presente proveído, del acuerdo admisorio, así como copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con su carácter de tercera interesada, si así conviniere a sus intereses, en el domicilio siguiente: LISSETTE ***: predio marcado con el número ***, con el código postal ***, en esta ciudad. Asimismo, se ordena darle vista con el contenido de los informes justificados que obran en autos. En consecuencia para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada; y cúmplase. Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio con el que remite el testimonio de la resolución de ocho de los corrientes, pronunciada por ese Tribunal en el toca 1/2021, relativo al conflicto competencia planteado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró que no existe un conflicto competencial susceptible de ser dirimido. Acúsese recibo. Al efecto, en atención a lo determinado por la Superioridad, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda promovida por ***, en contra de los actos y autoridades siguientes: 1.- Del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán: El remate del predio ***, en esta ciudad, dictado en el expediente ***de su índice. 2.- Del Director del Registro Público de la Propiedad: La inscripción del embargo del predio ***en esta ciudad; y, 3.- De la Secretaría de Seguridad Pública: El auxilio de la fuerza pública ordenada por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con copia autorizada del presente proveído y del auto de prevención y copia simple de la demanda de amparo, así como el escrito de cumplimiento de prevención, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO
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