Leonardo Valencia Alcalá

Expediente 698/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
698/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Leonardo Valencia Alcalá

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 929 a 932), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Se ordena devolución de billete. Ahora, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito N 811924, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), exhibido por la quejosa Héctor Gastón Altamirano Zainos, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías; en consecuencia, requiérase al citado quejoso para que comparezca a este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, lo que deberá realizar dentro de los dos años contados a partir de que se encuentren notificados de este proveído, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de seis de julio de dos mil dieciocho: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 929 a 932), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Se ordena devolución de billete. Ahora, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito N 811924, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), exhibido por la quejosa Héctor Gastón Altamirano Zainos, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías; en consecuencia, requiérase al citado quejoso para que comparezca a este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, lo que deberá realizar dentro de los dos años contados a partir de que se encuentren notificados de este proveído, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete (780 a 791), dictada en el presente juicio de amparo indirecto, se determinó conceder el amparo al quejoso Leonardo Valencia Alcalá. Inconforme con tal determinación, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 20/2017 (foja 864). Por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 904 y 905), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó la materia de la revisión, en los términos siguientes: "RESUELVE: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Valencia Alcalá, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Delegado de la Procuraduría General de la República y Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambos en el Estado de Tlaxcala, consistentes en la orden de reaprehensión de veinte de febrero de dos mil quince y su ejecución." Luego, se solicitó a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el cumplimiento para el efecto de: ".a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados, el Juez responsable debe dejar sin efectos dicho proveído, sin perjuicio de que, si determina emitir una nueva orden de reaprehensión, la misma deberá estar debidamente fundada y motivada." Mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso (foja 918), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en el citado acuerdo, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Ahora, mediante oficio 17575/2018 de dieciséis de mayo de la presente anualidad se tuvo al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, comunicando la resolución dictada en la misma fecha, dentro de la causa penal 53/2014 (fojas 911 a 917). A dicho documento se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, de la citada constancia remitida por la autoridad de mérito, se advierte lo siguiente: 1) Se dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil quince, donde se ordenó la reaprehensión de Leonardo Valencia Alcalá, librada en la causa penal 53/2014. 2) Se emitió una nueva orden de reaprehensión en contra del hoy quejoso, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector determinó lo siguiente: La libertad del procesado Leonardo Valencia Alcalá se encuentra nuevamente a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, éste no ha exhibido las garantías para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Al encontrarse sustraído de la acción de la justicia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de septiembre de dos mil quince, mismo que se relaciona con el diverso de dieciocho de agosto de ese año. En consecuencia, resulta procedente ordenar la reaprehensión de dicho inculpado, pues el delito por el que se le sigue proceso se encuentra sancionado con pena de dos a catorce años de prisión y por tanto da lugar a la prisión preventiva. Lo anterior, con fundamento en los artículos 18 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 468, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, citó como apoyo la tesis de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES LEGAL DECRETARLA CUANDO HA DEJADO SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS QUE SE HA SOBREÍDO, POR HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora, pues, como ya se citó, dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil quince, y siguiendo los lineamientos del fallo protector, fundó y motivó la determinación de dieciséis de mayo del año en curso, en la que emitió una nueva orden de reaprehensión. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. SEGUNDO. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de cuatro de junio de dos mil dieciocho: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete (780 a 791), dictada en el presente juicio de amparo indirecto, se determinó conceder el amparo al quejoso Leonardo Valencia Alcalá. Inconforme con tal determinación, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 20/2017 (foja 864). Por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 904 y 905), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó la materia de la revisión, en los términos siguientes: "RESUELVE: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Valencia Alcalá, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Delegado de la Procuraduría General de la República y Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambos en el Estado de Tlaxcala, consistentes en la orden de reaprehensión de veinte de febrero de dos mil quince y su ejecución." Luego, se solicitó a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el cumplimiento para el efecto de: ".a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados, el Juez responsable debe dejar sin efectos dicho proveído, sin perjuicio de que, si determina emitir una nueva orden de reaprehensión, la misma deberá estar debidamente fundada y motivada." Mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso (foja 918), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en el citado acuerdo, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Ahora, mediante oficio 17575/2018 de dieciséis de mayo de la presente anualidad se tuvo al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, comunicando la resolución dictada en la misma fecha, dentro de la causa penal 53/2014 (fojas 911 a 917). A dicho documento se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, de la citada constancia remitida por la autoridad de mérito, se advierte lo siguiente: 1) Se dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil quince, donde se ordenó la reaprehensión de Leonardo Valencia Alcalá, librada en la causa penal 53/2014. 2) Se emitió una nueva orden de reaprehensión en contra del hoy quejoso, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector determinó lo siguiente: La libertad del procesado Leonardo Valencia Alcalá se encuentra nuevamente a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, éste no ha exhibido las garantías para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Al encontrarse sustraído de la acción de la justicia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de septiembre de dos mil quince, mismo que se relaciona con el diverso de dieciocho de agosto de ese año. En consecuencia, resulta procedente ordenar la reaprehensión de dicho inculpado, pues el delito por el que se le sigue proceso se encuentra sancionado con pena de dos a catorce años de prisión y por tanto da lugar a la prisión preventiva. Lo anterior, con fundamento en los artículos 18 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 468, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, citó como apoyo la tesis de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES LEGAL DECRETARLA CUANDO HA DEJADO SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS QUE SE HA SOBREÍDO, POR HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora, pues, como ya se citó, dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil quince, y siguiendo los lineamientos del fallo protector, fundó y motivó la determinación de dieciséis de mayo del año en curso, en la que emitió una nueva orden de reaprehensión. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. SEGUNDO. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.

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