Leonardo Jesús Y/O Jesús Ramírez Díaz
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Leonardo Jesús Y/O Jesús Ramírez Díaz
Actuaciones
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. ( Parte quejosa solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Leonardo Jesús Ramírez Díaz, a través del cual solicita que la devolución de los documentos exhibidos en su escrito de demanda, se realice a su autorizada Xanic Ramírez Machuca; al respecto, hágase entrega de los mismos a la persona que indica, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. ( Se precisa procedimiento para devolución de documentos. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de documentos, la parte solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López ********************, Secretaria del Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López ********************, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Leonardo Jesús Ramírez Díaz y/o Jesús Ramírez Díaz; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López ********************, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ciov
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Leonardo Jesús Díaz y/o Jesús Ramírez Díaz, contra actos del Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 637/2023-II. Actos reclamados. Ahora bien, de un análisis al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, reclama: Inscripción de la escritura 7455 siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco, volumen ochenta y cinco, relativa al predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Zaltocan, Municipio de Cuauhtémoc Estado de Tlaxcala, así como su tiraje de la escritura de posesión. Inscripción de la escritura 27259 veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve, volumen trecientos sesenta y cuatro a favor de Rafael Olmos Quintero, respecto a la posesión de una fracción del predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Xaltocan, Municipio de Xaltocan, Distrito de Cuauhtémoc, Estado de Tlaxcala, así como su tiraje de la escritura de posesión. La omisión consistente en que el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, al ordenar los registros de las escrituras de posesión no constato que el inmueble aprecia registrado en los archivos de la dependencia a su cargo. Del Notario Público Número Uno de la Demarcación de Zaragoza, Tlaxcala, reclama: El tiraje de la escritura de posesión de la escritura 7455 siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco, volumen ochenta y cinco, relativa al predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Zaltocan, Municipio de Cuauhtémoc Estado de Tlaxcala. El tiraje de la escritura de posesión de la escritura 27259 veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve, volumen trecientos sesenta y cuatro a favor de Rafael Olmos Quintero, respecto a la posesión de una fracción del predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Xaltocan, Municipio de Xaltocan, Distrito de Cuauhtémoc, Estado de Tlaxcala. Del Tesorero del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala, reclama: El alta en los padrones municipales de los inmuebles y su división. Precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Desechamiento respecto de los actos reclamados al Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala. En esa línea, este órgano jurisdiccional considera que respecto a los actos reclamados al Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los electos de la concesión del amparo serán: l. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]." De los numerales transcritos se advierte que la vía constitucional es improcedente cuando por las circunstancias que rodean al acto reclamado no puedan concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo. Lo anterior sucede cuando existe un acto que puede sustentarse por sí mismo -independientemente de la subsistencia del que es materia de reclamo- y que por su naturaleza y autonomía impide que los efectos de un fallo protector puedan concretarse; es decir, cuando ese acto, por las consecuencias jurídicas que genera, constituye un obstáculo legal insalvable para que la autoridad pueda resarcir las violaciones atacadas mediante la devolución de las cosas al estado que guardaban antes de su actuación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Precisado lo anterior, es dable señalar que los artículos del 1228 al 1231 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, prevén lo siguiente: "Artículo 1228.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio, o derecho real inscrito a otra persona. Artículo 1229.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial. Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia unilateral que haga el titular del derecho, que conste en documento auténtico, siempre y cuando no reporte ese derecho ningún gravamen a favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste, expresada en forma indubitable. Articulo 1230.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. Articulo 1231.-Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; IV.- Cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble que reporte el gravamen. V.- Cuando tratándose de un embargo hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción.". Por su parte, el artículo 52 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado De Tlaxcala, dispone lo siguiente: "Artículo 52.- En términos del artículo 1229 del Código Civil las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial, debiendo hacerlo constar de forma expresa y auténtica.". La transcripción que antecede revela que las inscripciones y anotaciones efectuadas en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pueden cancelarse total o parcialmente por consentimiento de las partes o por orden judicial; incluso pueden ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad. Además destaca que puede pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total, ente otros casos, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación. De este modo, es posible establecer que si bien el acto que se tilda de inconstitucional pudiera derivar de una actuación indebidamente realizada; lo cierto es que ello no puede declararse en un juicio constitucional, debido a que no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector, pues las inscripciones y anotaciones que se hayan realizado no podrían quedar insubsistentes mientras subsista el acto que las originó. Máxime que no es posible anular autónomamente las anotaciones registrales; lo cual, sólo puede derivar de una decisión judicial dictada en un juicio contradictorio, en el que se otorgue derecho de audiencia a las personas que hayan sido beneficiadas con esas anotaciones o, en su caso, aquéllas que intervinieron el acto que le dio origen. Esto es relevante para el caso concreto porque dada la forma en que se plantea esta demanda, se requiere el examen de pruebas sobre la buena o mala fe de aquel que formalizó la cancelación de los avisos definitivos de las operaciones de compraventa que controvierte, cuestiones que no pueden dirimirse en el juicio constitucional. A lo anterior es aplicable la tesis XXXI.1 A (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la página 1747, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías." De igual forma, la diversa tesis VIII.2o.45 C, de la Novena Época, registro 194448, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 1452, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente.". Así como, la diversa tesis III.1o.A.125 A, de la Novena Época, registro 176975, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2386, de rubro y texto siguientes: "INSCRIPCIONES REGISTRALES. SU VALIDEZ NO PUEDE DECIDIRSE DIRECTAMENTE EN EL AMPARO, SIN QUE TAL CUESTIÓN HAYA SIDO RESUELTA PREVIAMENTE POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En el Estado de Jalisco, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no puede decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en el juicio contradictorio correspondiente, atento a lo previsto por los artículos 1252 a 1256 del Código Civil del Estado, en relación con los numerales 127 y 131, fracciones III y IV, de la Ley del Registro Público de la Propiedad de la entidad, y los preceptos 20, 25 y 26 del Reglamento del Registro Público de Comercio, conforme a los cuales, basta que la inscripción de un documento la solicite una persona (física o moral) que en principio tenga derecho a ello, para que una vez hecha la inscripción o anotación de que se trate la misma no pueda cancelarse, sino por orden de autoridad judicial y en esa medida, la ley exige a los interesados acudir necesariamente al juicio contradictorio correspondiente." Correlativo a ello, es importante señalar que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; así que la existencia de una controversia suscitada entre dos personas, como sucede en el caso, la autoridad constitucional no puede sustituirse a la función jurisdiccional ordinaria para resolver el conflicto. Sobre todo porque los planteamientos de la lectura íntegra de la demanda de amparo conlleva a establecer que la quejosa no propone realmente una controversia contra la autoridad registral, sino más bien, trata de que mediante la substanciación del presente juicio de amparo, no sea destituido de la posesión del predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Zaltocan, Municipio de Cuauhtémoc Estado de Tlaxcala; es decir, que en esta instancia extraordinaria se resuelva un conflicto entre particulares; lo que no es técnicamente factible. En tales condiciones, como quedó de manifiesto, respecto al acto reclamado al Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Desechamiento respecto de los actos reclamados a los Notarios Públicos Número Uno de las Demarcaciones de Zaragoza y Juárez, respectivamente, en el Estado de Tlaxcala. Ahora bien, en relación a los actos reclamados a los Notarios Públicos Número Uno de las Demarcaciones de Zaragoza y Juárez, respectivamente, en el Estado de Tlaxcala, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Los artículos trascritos establecen, en lo que interesa, que el juicio de derechos humanos tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Ley Fundamental de la Nación, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad responsable la que (con independencia de su naturaleza formal, pues puede ser un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad), dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tónica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente en Materia de Trabajo del mismo circuito, haciendo una interpretación de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Nuevo León, concluyó que cuando un tercer extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, éste no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que la intervención que tiene el notario público en el procedimiento testamentario es como simple fedatario de los actos o hechos que para su autenticidad le son sometidos por los interesados. Agregó que el notario no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; que incluso, la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. Determinó en el sentido de que la función del notario público cuando se separa del procedimiento sucesorio porque no existe controversia entre los interesados, no era similar a la que desarrollaba el Juez, esto es, no constituía un acto definitivo, pues en el supuesto que alguno de los interesados no estuviera conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. También que la relación entre notario y el particular no cumplía con la característica de supra a subordinación que distinguía a las relaciones de las autoridades con los gobernados, ya que el trámite cuando se separaba del procedimiento jurisdiccional era optativo para las partes, y en todo caso requería de su consentimiento para acatar las determinaciones de dicho fedatario público. De acuerdo con lo anterior, refirió Nuestro Máximo Tribunal, que al analizar las funciones que desempeñaban los notarios públicos al tramitar una cuestión cuando no existía controversia, era posible concluir que cuando se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante dichos fedatarios, éstos no tenían el carácter de autoridades responsables, pues la falta de llamamiento no constituía un acto definitivo, pues en caso de suscitarse una controversia, el notario dejaría de conocer y se continuaría el trámite ante un órgano jurisdiccional. Luego entonces concluyó que tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas por ese Alto Tribunal, entre las cuales se encontraba que "para emitir esos actos de no se requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado", y siendo que en el caso concreto, de ocurrir controversia consistente en la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante notario público, era necesario acudir ante el Juez competente, a fin de que dicte la determinación respectiva, por ello, el notario público no podría ser considerado como autoridad responsable. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio". De lo anterior importa destacar que la función notarial, en cuanto a este tipo de asuntos, es optativa y deviene por mandato expreso del legislador, a través de las que se delega a los fedatarios públicos facultades para que, si así lo desearen los herederos, formalicen el trámite de las sucesiones Por otro lado, debe tomarse en consideración que la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino del particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y sólo actúa a petición de parte, esto es, sólo presta sus servicios cuando una persona física o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jurídico se lo solicita y, en ese contexto, la actuación notarial es obligatoria, lo cual encuentra fundamento en el artículo 10 de la Ley del Notariado del Estado, que en lo conducente establece: "Artículo 10. El Notario no será remunerado con cargo al erario del Estado; sus honorarios serán cubiertos por quienes soliciten sus servicios, en los términos del Arancel vigente y en su defecto serán determinados por convenio con el solicitante". Como se observa, es el propio particular quien acude a solicitar la prestación de los servicios notariales y quien paga por los mismos, por tanto, la actuación de los notarios en los trámites de sucesiones, no puede ser considerada como un acto de autoridad; considerando que no es un acto definitivo, pues en caso de desacuerdo de los herederos, es el Juez quien resuelve la controversia. Además, debe tomarse en cuenta que la subordinación de las relaciones jurídicas es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se encuentra regulado por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, sin que para ello sea necesario el consentimiento de los particulares. En este sentido, la actividad notarial en los juicios de sucesión, no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ya que no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento del particular, toda vez que, como se estableció, para que desempeñe sus funciones, es necesario que el particular solicite sus servicios, por tanto, los actos de los notarios en las sucesiones no pueden considerarse actos de autoridad. De ahí, los actos del notario público en los casos de sucesión, de ninguna manera pueden reputarse como actos de autoridad toda vez que entre éste y el particular no existe una relación de supra a subordinación, tomando en cuenta que es el propio particular de mutuo propio quien solicita la actuación del fedatario público, por ello, no puede considerarse que actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas, sin la necesidad de acudir ante órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por ello, ya establecido que una de las notas esenciales de los actos de autoridad la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, es preciso señalar que los actos del notario público en el Estado, de acuerdo con la normatividad que los rige, tienen tales efectos. Los artículos 6, fracción XV y 83 de la Ley del Notariado del Estado de Tlaxcala, disponen: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) XV. Notario. El profesional del derecho, investido de fe pública por delegación del Estado para ejercer las funciones propias del notariado de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; (.)". "Artículo 198. Son obligaciones y atribuciones del Director, las siguientes: I. Practicar u ordenar la práctica de inspecciones ordinarias y especiales a las notarías del Estado; II. Comunicar por escrito a la superioridad las faltas que ameriten suspensión o remoción del cargo, en que incurran los notarios en ejercicio de sus funciones, sugiriendo la sanción que deba imponerse; III. Resolver las quejas presentadas en contra de los notarios; IV. Sancionar administrativamente a los notarios conforme a las disposiciones de la presente Ley; V. Intervenir en la entrega y recepción de notarías; VI. Realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado; VII. Llevar los registros de expedición de Constancias de Aspirante y de Patente de Notario, de sellos y firmas de estos últimos y de los Convenios de Asociación que celebren los notarios. En estos registros se asentarán la fecha de los nombramientos, los días que hayan dejado de actuar los notarios y las licencias, suspensiones y remociones de los mismos; VIII. Llevar un registro de los testamentos que autoricen los notarios y de los cuales hayan dado aviso en los términos de la presente Ley y rendir a las autoridades los informes que soliciten; IX. Expedir, a petición de los notarios, de los interesados o por orden judicial, los testimonios o copias certificadas de las escrituras que obren en los Protocolos depositados en el Archivo; X. Dirigir, controlar y supervisar el manejo del Archivo y de los Registros Públicos en el Estado; XI. Tramitar los asuntos relacionados con el notariado del Estado, y XII. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables". De los artículos transcritos se puede observar que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ello, como se ha establecido, los actos del notario en cuestiones de sucesiones no pueden ser considerados actos de autoridad. Consecuentemente, si en el particular se reclama en esencia El tiraje de la escritura de posesión de la escritura 7455 siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco, volumen ochenta y cinco, relativa al predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Zaltocan, Municipio de Cuauhtémoc Estado de Tlaxcala. El tiraje de la escritura de posesión de la escritura 27259 veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve, volumen trecientos sesenta y cuatro a favor de Rafael Olmos Quintero, respecto a la posesión de una fracción del predio rustico denominado "AMELCO", ubicado en la población de Xaltocan, Municipio de Xaltocan, Distrito de Cuauhtémoc, Estado de Tlaxcala. Por tanto, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes, considerando también para ello, que en las sucesiones, su actuaciones es optativa y no definitiva, pues en caso de inconformidad, se debe acudir a la potestad del Juez correspondiente, por lo que es claro que no se está en presencia de una autoridad, para los efectos del amparo; lo que configura la causal de improcedencia en comento. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1ª./J. 41/2019, 16 de agosto de 2019, decima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Se hace extensiva la actualización de la causal de improcedencia a las autoridades ejecutorias - Tesorero del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala,- Asimismo, la improcedencia decretada debe hacerse extensiva en relación a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables Tesorero del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala, porque los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del procedimiento llevado a cabo ante los Notarios Públicos número uno, de las demarcaciones de Zaragoza y de Juárez, ambos del Estado de Tlaxcala, señalado como acto destacado. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 110/2019, derivado del juicio de amparo 378/2019-II, del índice de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por así haberlo solicitado. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Leonardo Carmona Hernández358/2023
- Leonardo Carmona Hernández1655/2023
- Leonardo Carmona Hernández1633/2023
- Leonardo Cocoletzi Mendoza826/2023
- Leonardo Hernández Alonso, representante legal1407/2022
- Leonardo Jesus Ramirez Diaz1069/2014
- Leonardo Manuel Vargas Hernández1206/2022
- Leonardo Meza Hernández148/2017
- Leonardo Rodríguez Cantoya apoderado legal307/2019
- Leonardo Tiro Moranchel652/2023
- Leonardo Valencia Alcalá698/2017
- Leonardo Valencia Alcalá505/2018