Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 652/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
652/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel
  • Silvestre Martínez Galván, defensor público federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. ( Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en el Estado de Nayarit, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número ********************de su índice. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar en autos Notifíquese. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos, el oficio enviado vía electrónica, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit; mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 555/2023-IV, de su estadística, derivado del diverso 305/2023-III del índice de este Juzgado, mismo que se remitió para notificar a al quejoso Leonardo Tiro Moranchel, el auto dictado el doce de julio del año en curso, por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar acusar de recibo, toda vez que la constancia electrónica que genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hace la función del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.JFJM

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Sin efectos audiencia constitucional Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, del que se advierte que, en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, se declinó competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, de la Ciudad de Tepic, Nayarit; consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora, no pasa inadvertido que el quejoso se encuentra recluido en el CEFERESO No. 4 Noreste de Tepic, Nayarit; sin embargo, no es necesario notificar el presente auto al quejoso en el lugar de su reclusión, toda vez que el presente proveído no afecta su defensa. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la Tesis de jurisprudencia 104/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, consultable en la página 2049, Tomo II, Octubre de 2022, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable" Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintitrés. Se recibe exhorto diligenciado Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintitrés de junio y tres de julio del año en curso, remite las constancias originales del exhorto diligenciado 537/2023-IX, orden 620/2023 de su índice, derivado del diverso 290/2023-lIl (orden 290/2023-lIl) del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, que se le remitió a efecto de notificar al quejoso Leonardo Tiro Moranchel, el proveído de veintitrés de junio del año en curso. Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Parte quejosa manifiesta ampliar demanda de amparo Ahora bien, toda vez que, de las constancias remitidas por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, se advierte la siguiente manifestación del quejoso "si amplio mi demanda de amparo contra la orden de aprehención" sic. Se declina competencia Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser examinada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se procede al estudio correspondiente. En el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y de la ampliación de la misma, por las consideraciones que a continuación se exponen. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Así, con motivo de la vista de ampliación de la demanda realizada por el Juzgado de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 359/2023, realizada al quejoso, dicho órgano jurisdiccional, separó los juicios de amparo y respecto del acto reclamado señalado como: la omisión de dictar sentencia en la causa penal 370/2018-GyA, del índice del Juez del Sistema Tradicional Penal Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala; tocó para su conocimiento a este órgano jurisdiccional, bajo el número de juicio de amparo al rubro citado. De tal manera, la autoridad responsable al rendir informa justificado, negó el acto reclamado, aduciendo que la causa penal no se encuentra en estado para dictar sentencia, pues el quejoso no se encuentra a disposición de dicho órgano dado que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión y detención de cinco de enero de dos mil once, dentro de la causa penal 370/2018-GyA; en consecuencia, el veintitrés de junio del año actual se dio vista a la parte quejosa, a fin de que, manifestar si era su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión antes referida, la cual desahogó en los términos citados en el exhorto de cuenta, como se aprecia a continuación: Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye la 1. La Omisión de dictar sentencia en la causa penal 370/2018-GyA y 2. La orden de aprehensión en contra del quejoso dictada en la citada causa penal; por lo que, para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar tienen ejecución, tratan de ejecutarse, se están ejecutando o se han ejecutado dichas órdenes. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que el quejoso atribuye los actos reclamados a autoridades ordenadoras, como ejecutoras con residencia en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, como lo manifiesta en la propia demanda de amparo, el impetrante se encuentra recluido en el CEFERESO No. 4 Noreste de Tepic, Nayarit. En virtud de lo expuesto, no es óbice que las autoridades responsables tengan su residencia en el Estado de Tlaxcala, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el CEFERESO No. 4 Noreste de Tepic, Nayarit; por tanto, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida, la cual, está recluida, de ahí que es incuestionable que los actos no tengan posibilidad de ejecución en esta Entidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En tal tesitura, sirve de apoyo la Jurisprudencia número 1a./J. 37/2004, citada en la página 90, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, junio de 2004, que a la letra dice: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.". Asimismo, resulta aplicable la tesis número II.3o.P.82 P (10a.), visible a páginas 902, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta.". En tales condiciones, este Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Leonardo Tiro Moranchel; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole que de no existir inconveniente alguno se sirva acusar recibo e informe si acepta o no la competencia planteada. Se ordena girar exhorto Ahora, toda vez que el quejoso Leonardo Tiro Moranchel, se encuentra recluido en el CEFERESO No. 4 Noreste de Tepic, Nayarit el cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el CEFERESO No. 4 Noreste de Tepic, Nayarit, a fin de que lleve a cabo la notificación al quejoso del presente proveído. Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, se autoriza al Juez exhortado para que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles si lo estima pertinente para el adecuado despacho del presente asunto. Asimismo, se le solicita de la manera más atenta al momento de la devolución de la citada comunicación oficial, se sirva remitir únicamente la diligencia encomendada, ello a fin de tener un mejor manejo del presente expediente. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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