Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 557/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
557/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL DEFENSOR PÚBLIC DE LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrese a sus autos el oficio 561/2023, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual refiere que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la ejecutoria dictada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q-********************, interpuesto por ********************, contra el auto de dos de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 557/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ante ello, se ordena la impresión de la referida ejecutoria, a efecto de que obre agregada físicamente en el presente juicio. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en su único punto resolutivo, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************, en el presente juicio de amparo reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley Sin que pase inadvertida que el promovente del amparo señaló como actos destacados: a) La violación de su derecho fundamental plasmado en el artículo 20 apartado B, fracción VII y IX párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos penales. b) La violación de los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. c) La violación a sus Derechos Humanos plasmados en los artículos 7.5, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1 y 14 de la Constitución Federal.." Sin embargo, estos actos se encuentran encaminados a combatir la omisión de ponerlo en libertad dado el exceso de la prisión preventiva. Hecha la precisión anterior, el suscrito juzgador aprecia que la acción intentada deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Lo anterior es así, ya que existe un antecedente registrado en el libro de gobierno de este juzgado, respecto del juicio de amparo ********************, promovido por el mismo quejoso ********************, en el cual reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de tramitar el incidente de modificación de medidas cautelares. Ante ello, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena traer a la vista del suscrito Juez Federal, los autos del referido expediente, dado que el juicio de amparo citado guarda estrecha vinculación con el presente sumario de derechos fundamentales, sin que resulte necesario agregar copias de las constancias respectivas. Marco jurídico Una vez narrado lo anterior, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 64/2017, señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. De igual forma la Sala determinó que se planteó el establecimiento de un nuevo marco constitucional, con el cual se asegurara en favor de todas las partes el debido proceso bajo un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos, así como a los principios de mínima intervención del derecho penal, presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. En esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Dispositivo legal transcrito, el cual al ser interpretado gramaticalmente se obtiene que el legislador secundario previó la posibilidad de que los inculpados del sistema penal anterior soliciten la revisión, modificación o sustitución de la medida privativa de libertad, consistente en la prisión preventiva que les haya sido impuesta, sin importar que ésta se haya decretado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial." Como se ve, el transitorio en cita establece los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial. Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. Ello es así, ya que obedece a que en términos del artículo 1o. Constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Las consideraciones antes referidas, quedaron plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016" Por esa razón, si el artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado, que con el anterior sistema tradicional, es dable concluir que el juez puede válidamente analizar si procede o no aplicar una medida cautelar diversa, pues de lo contrario se estarían coartando los derechos de igualdad del inculpado. Ciertamente, no existe disposición expresa que prohíba la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares cuando previamente se ha solicitado otro beneficio pues ni el artículo Quinto transitorio, ni ningún otro precepto, excluye la posibilidad de solicitar uno u otro beneficio, de tal suerte que si el aquí quejoso está sujeto a prisión preventiva, es dable que el juez analizará su solicitud en términos de dicho numeral y los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que este juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos antes citados. Asimismo, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Bajo ese contexto normativo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dado que en el juicio de amparo ********************, el cual, se admitió a trámite donde la litis de ese procedimiento versa precisamente en que el juez del proceso lleve a cabo la tramitación de una incidencia para la revisión de la medida cautelar (prisión preventiva) que actualmente tiene el quejoso. Ahora en el juicio de amparo en que se actúa -como se dijo- se reclama: <>; sin embargo, este juzgador Federal no tiene el alcance de declarar procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales -como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado-, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 del ordenamiento en cita, y de resultar procedente la sustitución de la medida cautelar, el juez del proceso deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que, en ambos procedimientos de amparo se tiene como finalidad de que se lleve a cabo la revisión para la modificación de la medida cautelar que actualmente tiene el quejoso. Sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa (557/2023) una vez tramitado procedimiento, de resultar procedente, a efecto de restituir al quejoso en sus derechos fundamentales se concedería el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez del proceso tramite el incidente a que se ha hecho referencia. Ahora en el juicio de amparo ********************, como se dijo, propiamente se analizó: <>, esto es, las razones o fundamentos jurídicos por los cuales el juez del proceso no ha dado el trámite respectivo. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque en ambos juicios de amparo se ventilan aspectos propios para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Por tanto, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. No se desatiende que el promovente del amparo en los dos juicios denomina de diversa forma el acto reclamado, sin embargo, ambas se encuentran encaminadas a combatir aspectos para que se lleve a cabo la revisión de la medida cautelar impuesta por haber transcurrido el plazo para ser juzgado. Tiene aplicación al caso, por analogía e identidad jurídica, las tesis cuyos rubros dicen: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO", así como la diversa intitulada: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS". Asimismo, se destaca que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque se reitera, en el juicio de amparo ********************, se estudiaron las razones jurídicas por las cuales el juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, ha sido omiso en tramitar la revisión de la medida cautelar, pues de resultar procedente, es el facultado para modificar la prisión preventiva del promovente del amparo. Tampoco se soslaya el hecho que, en el juicio de amparo ********************, mediante sentencia dictada el ********************, se hubiera sobreseído en el juicio, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicha resolución no ha causado estado, pues se encuentra transcurriendo el plazo previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que, en su caso, pueda ser impugnada por el quejoso ********************. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora bien, no ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Federal de Readaptación Social Cuatro Noroeste-, pues se entiende que el Defensor Público -quien tomó protesta mediante comparecencia de quince de junio de dos mil veintitrés-, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]" INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte a la parte quejosa -por conducto de su defensor público-; y, mediante oficio a la Superioridad.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. COMUNICACIÓN. Intégrese a los autos el oficio remitido -vía interconexión- por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; visto su contenido, primero debe decirse que la promoción de mérito se presentó de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y ésta se encuentra vigente y cuenta con la evidencia criptográfica, con la que se acredita que la signante es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. DILIGENCIA EXHORTO Notificación al quejoso ***. Del oficio de cuenta se aprecia que la remitente devuelve debidamente diligenciado el exhorto 158/2023 (orden 432/2023), del índice este Juzgado de Distrito, pues de las constancias que adjunta, se evidencia que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, vía conferencia, a través de la plataforma "Cisco Webex Meetings" se enlazó con personal del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, del municipio de Tepic, Nayarit, y tuvo a la vista al quejoso *** y le notificó los autos de doce y dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, se tiene por hecha la diligencia encomendada; se ordena dar de baja la comunicación oficial de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No ha lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de cuenta, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el acuse se genera de forma automática. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 168/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el quince de junio del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Leonardo Tiro Moranchel, en contra del auto dictado el dos de junio de dos mil veintitrés, quedando registrado bajo el recurso de queja 126/2023, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente sumario constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. ACEPTACIÓN DE CARGO. Intégrese a sus autos la comparecencia llevada a cabo el quince de junio de dos mil veintitrés, con ********************, Defensor Público Estatal, y, en su atención, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido por auto de dos de junio de dos mil veintitrés, como defensor del quejoso ********************, para los efectos legales conducentes. NOTIFICACIONES RESERVADAS. Mediante auto de doce de junio de dos mil veintitrés, se reservó notificar al quejoso dicho auto, hasta en tanto, la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, designara defensor público que asista al quejoso en el presente asunto y éste aceptara y protesta el cargo conferido en autos. Lo que ya ocurrió, tal y como se advierte del presente auto, por tanto, provéase lo conducente. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Cuatro Noroeste, en Tepic, Nayarit; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 557/2023-; d) Notifique el presente auto al referido quejoso y el referido de doce de junio del año en curso; e) Le corra traslado con copia autorizada de este acuerdo y del antes mencionado. f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no, recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. Así, de conformidad con el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia, autorizando para tal efecto a la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargada del presente asunto, para que sea quien envíe dicha comunicación oficial. Además, deberá cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad - vía exhorto-, y cúmplase.

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