LEONARDO TIRO MORANCHEL y Otros.

Expediente 708/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
708/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • LEONARDO TIRO MORANCHEL y Otros.
  • Edmundo Tiro Moranchel
  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, a través del cual, acusa recibo de la misiva A-54-1 -con anexos II a V; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; junto con el cuaderno de antecedentes relativo a la separación de juicios emitida dentro del juicio de amparo 505/2019, remitido por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (Anexo I); sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido seis meses. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, con las que se formaron los anexos II al V, se ordena su devolución; y, toda vez que esta autoridad tiene su domicilio fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que se sirva acusar recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos; por lista a su autorizado en términos amplios; así como por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 708/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Leonardo Tiro Moranchel y Edmundo Tiro Moranchel, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, remitido por razón de turno el mismo día al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Leonardo Tiro Moranchel y Edmundo Tiro Moranchel, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos que señalaron en su escrito de demanda. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio por parte de Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda con el número 505/2019 y, se admitió con incidente de suspensión (fojas 7 a 11 del expediente de amparo), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 11 vuelta de expediente de amparo). TERCERO. Separación de juicios decretada por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en el juicio de amparo indirecto 505/2019 de su índice. En auto de ocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 464 y 465 del expediente de amparo), el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tramitó de oficio, el incidente de separación de juicios dentro del expediente 505/2019 de su índice, al advertir la existencia de diversos actos reclamados desvinculados entre sí, celebrando la audiencia de separación el veintiuno de septiembre de dos mil veinte (fojas 468 a 486 del expediente de amparo); donde dicho homólogo federal ordenó la separación de juicios y la formación de nuevos expedientes formados con legajos de copias certificadas deducidas del juicio de garantías 505/2019 de su índice, y los remitió, mediante diversos oficios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para el turno correspondiente (fojas 1-2 a 1-11 del expediente de amparo). Entre los oficios citados, se encuentra el 22046/2020 (foja 1-2 del expediente de amparo), mediante el cual se remitió el expediente que se formó relativo al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida por el 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala; oficio que fue turnado a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el treinta de septiembre de dos mil veinte (según la boleta de turno, foja 1-1) y recibido en forma física en este Juzgado el uno de octubre de dos mil veinte (fojas 1-2 del expediente de amparo). CUARTO. Radicación, admisión, trámite del presente juicio de amparo indirecto 708/2020 del índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y separación de juicios. El dos de octubre de dos mil veinte, con el oficio mencionado anteriormente, se radicó el juicio de amparo 708/2020 del índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y previó requerimiento que dirigió este juzgado de Distrito a la autoridad oficiante en el sentido de que remitiera la totalidad de las constancias del juicio 505/2019 de su índice (fojas 1-12 a 1-14 del expediente de amparo), en diverso auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo (fojas 488 a 494 del expediente de amparo), y se dio la intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 504 del expediente de amparo). En el mismo auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, con relación a requerir el informe justificado a la autoridad responsable ordenadora, se señaló (foja 489 del expediente de amparo): "(.) Sin que haya lugar a requerir su informe justificado a la autoridad responsable ordenadora 1.Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, en razón a que el mismo ya obra en autos (fojas 332 y 333), y con el mismo de dio vista a la parte quejosa por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 334 y 335)" Luego, por auto de once de diciembre de dos mil veinte (fojas 593 a 597 del expediente de amparo), este juzgado de Distrito ordenó la separación de juicios y la formación de un nuevo expediente formado con las copias certificadas deducidas del juicio de garantías 708/2020 y remitidas mediante oficio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para el turno correspondiente. Así mismo se estableció que, en atención a lo determinado por este juzgado de Distrito en la separación de juicios, éste sumario constitucional únicamente versaría por el acto que se transcribe a continuación (foja 595 del expediente de amparo): ".Y, en lo relativo al presente juicio de amparo 708/2020, se analizará la diversa orden de captura de seis de junio de dos mil once, dictada en los autos de la causa penal 370/2018 del índice del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, y su ejecución. En ambos asuntos, las autoridades ejecutoras son el 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla." QUINTO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto admisorio de diecinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 488 a 494 del expediente de amparo), se emplazó al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala (foja 519 del expediente de amparo). SEXTO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno (fojas 614 a 616 del expediente de amparo), con fundamento en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte (fojas 614 a 617 del expediente de amparo), quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en la misma circular que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas el auto de doce enero de dos mil veintiuno (y fecha de audiencia), lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. SÉPTIMO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 693 a 696 del expediente de amparo), en cumplimiento a la circular SECNO/10/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos el trece de febrero de dos mil veintiuno, quedaron levantadas las suspensiones de los plazos y términos procesales, y en la circular indicada se determinaron días inhábiles pero laborales; suspensiones y días inhábiles decretados en las siguientes circulares: 1) La decretada en la circular SECNO/8/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos el treinta de enero de dos mil veintiuno seis, que comprendió del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno; y, 2) La decretada en la circular SECNO/9/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos el seis de febrero de dos mil veintiuno, que comprendió del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno; y, 3) La decretada en la circular SECNO/10/2021, que declaró como días inhábiles pero laborales el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y donde se estableció que la suspensión operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la fecha de audiencia (auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno), lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. OCTAVO. Cita para audiencia. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (foja 732 del expediente de amparo), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, y su ejecución atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo (fojas 2 a 6 del expediente de amparo), y de la revisión de los informes justificados (fojas 332, 333, 512 y 516 del expediente de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna los siguientes actos. Al 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, le atribuye: a) La orden de aprehensión dictada en su contra el seis de junio de dos mil once, dictada en los autos de la causa penal 370/2018 de su índice. Al 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla: d) La ejecución de la orden de aprehensión dictada en su contra el seis de junio de dos mil once, dictada en los autos de la causa penal 370/2018 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto la autoridad responsable 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente (fojas 332 y 333 del expediente de amparo), refirió que el veinticuatro de noviembre de dos mil diez emitió orden de aprehensión en contra de los quejosos; y no dijo nada respecto de la orden de aprehensión de seis de junio de dos mil once, respecto de la cual se sigue el presente juicio de amparo. Sin embargo, se tiene por cierto el acto relativo a la emisión de la orden de aprehensión de seis de junio de dos mil once, ya que en el oficio número 1232 que el juez responsable presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte en este juzgado de Distrito (fojas 529 y 530 del expediente de amparo), refiere que emitió dicha orden, y anexó copias certificadas de la misma (fojas 555 a 561 del expediente de amparo). Al respecto las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negaron los actos que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa ya que el juez penal responsable, como ya se dijo, admitió la existencia de la orden de aprehensión reclamada, y también señaló en el oficio número 1232 (fojas 529 y 530 del expediente de amparo) que: I) giró exhortos a los jueces Primero y Quinto penales del estado de Puebla, quienes tienen a disposición a los quejosos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, para que una vez que obtuvieran su libertad, fueran trasladados a Tlaxcala, por lo que en cualquier momento las ejecutoras pueden recibir la instrucción relativa para la ejecución de la orden reclamada; y también por diverso oficio 1359 que dicho juez penal presentó el cuatro de diciembre de dos mil veinte en este juzgado de Distrito (fojas 588 y 589 del expediente de amparo), señaló que: II) giró oficio al Comandante de la Primera Región de la Policía Ministerial del Estado de Tlaxcala, para que, una vez que obtuvieran su libertad los quejosos, fueran trasladados a dicha entidad federativa (Tlaxcala), debiendo tomar dicho Comandante la providencias y medidas necesarias para el traslado de los procesados, por lo que en cualquier momento las ejecutoras pueden recibir oficio de colaboración a efecto de proceder en los términos que señaló la responsable ordenadora; atento a lo anterior se tiene por cierto también el acto reclamado a las autoridades ejecutoras. Existencia del acto reclamado que se corrobora con el contenido del oficio 1232 (fojas 529 y 530 del expediente de amparo), que remitió el 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, y copias certificadas de las constancias que anexó al mismo, que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos y de las que se advierte la existencia de la orden de aprehensión de seis de junio de dos mil once (fojas 555 a 561 del expediente de amparo). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido -auto emitido en un procedimiento penal- el juicio de amparo debe ser promovido, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, o aquél en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, el plazo de quince días para promover el amparo transcurrió a partir del día siguiente hábil, en que tuvieron conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, pues los quejosos refirieron en el escrito de demanda que el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se presentaron a interrogarlos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, donde permanecen recluidos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla y les dijeron que ya estaban listos los mandatos de captura que habían girado diverso jueces de diversas entidades, por lo que volverían para ejecutar materialmente dichas órdenes (foja 5 del expediente de amparo); entonces, el cómputo corrió del treinta y uno de mayo al diecinueve de junio de dos mil diecinueve, con descuento de los sábados y domingos, y del nueve de marzo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Así, si la presente demanda de amparo se recibió el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (foja 1-19 del expediente de amparo), esto es, al primer día del término de los quince, es evidente que la misma fue presentada en tiempo. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. El proceso del que derivan los actos reclamados, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tiene el carácter de procesados en el procedimiento penal origen. SEXTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto a los actos reclamados. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez Federal advierte de oficio, que respecto al acto reclamado al 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el seis de junio de dos mil once, en los autos de la causa penal 370/2018 de su índice; así como la ejecución de ésta que se atribuyó al 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), último párrafo del propio ordenamiento que señalan: "Artículo 63. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando: ( .) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los artículos transcritos se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando habiéndose dispuesto el emplazamiento de un tercero interesado por medio de edictos, no se pueda realizar tal comunicación procesal ante la omisión de la parte quejosa de acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, lo que origina el impedimento constitucional de esta autoridad jurisdiccional para estudiar el fondo del asunto. Lo anterior, ya que tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, las determinaciones que en ésta se adopten, pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado en mención, al estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye el presupuesto procesal de mayor importancia, y que encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados. Ahora, de las constancias que integran el expediente de amparo se advierte que al no lograrse el emplazamiento de la tercera interesada Socorro Ramírez Ávila, por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno (fojas 719 a 722 del expediente de amparo), se ordenó el emplazamiento de dicha tercera por edictos, a costa de la parte quejosa, y se le apercibió que de no recogerlos, entregarlos para su publicación, y acreditar lo anterior ante este Juzgado de Distrito, se sobreseería el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2015 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." En efecto, en el término de veinte días, el quejoso debió (i) recoger los edictos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); sin embargo, se tiene que no lo hizo, pues el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, por el que se pusieron a su disposición, se le notificó personalmente el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (foja 731 del expediente de amparo), surtió efectos el dieciocho siguiente y el término transcurrió del diecinueve de marzo al veinte de abril, ambos de dos mil veinte; sin que realizara la primera de las gestiones, por lo que menos pudo efectuar ni acreditar las subsecuentes. Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió la parte quejosa, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia pronta no puede quedar supeditada a la intención de las partes de que se dicte sentencia, lo que es imposible sin el emplazamiento del tercero interesado, siendo que no se puede sobreponer el interés de la parte quejosa al interés público de la sociedad la cual está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley, lo que hace que el suscrito juez de Distrito esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de amparo. En consecuencia, se actualizó la hipótesis de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." También es aplicable, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), último párrafo del propio ordenamiento, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, respecto del acto que Leonardo Tiro Moranchel y Edmundo Tiro Moranchel reclamaron del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el seis de junio de dos mil once, en los autos de la causa penal 370/2018 de su índice; así como la ejecución de ésta que se atribuyó al 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, el suscrito Juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación con dichos actos, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto de los actos que Leonardo Tiro Moranchel y Edmundo Tiro Moranchel reclamaron del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el seis de junio de dos mil once, en los autos de la causa penal 370/2018 de su índice; así como la ejecución que se atribuyó al 2. Fiscal General del Estado de Puebla y el 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos; por lista al autorizado en términos amplios, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del acuerdo general 21/2020; y por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público adscrito a la responsable (autoridad tercera interesada), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada Socorro Ramírez Ávila, por medio de edictos, que correrán a costa de la parte quejosa; asimismo, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días concedió a la parte quejosa, por auto de esa fecha, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión; lo anterior, toda vez que dicho auto se le notificó personalmente el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, notificación que surtió efectos el dieciocho de marzo siguiente; por tanto, dicho plazo transcurrirá del diecinueve de marzo al veinte de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional, y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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