Leonardo Tiro Moranchel
Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 95 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 95
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Tiro Moranchel
- Juez de lo Penal de Cholula, Puebla.
- Edmundo Tiro Moranchel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 95.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por la que este órgano de control constitucional determinó negar y sobreseer en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese a los presentes autos la copia certificada del cuaderno incidental, remitido por el entonces Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Esta se realiza en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. 2. Incidente de suspensión único. En relación al cuaderno incidental, es CONSERVABLE de conformidad con el arábigo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general aludido, pues se concedió la medida cautelar solicitada en forma definitiva, debiéndose conservar en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 8, fracción II. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, las actuaciones relativas a la causa penal 60/2010, con lo que se ordenó formar los anexos I al VI. Sin ser necesario requerir el acuse respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia. Noti
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICOAgréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit mediante el cual solicita se le permita el acceso del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, a fin de facilitar la consulta del expediente electrónico, se encomienda a la analista jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita, habilite el expediente electrónico en la pestaña "vincular con otro órgano" para que, la autoridad federal oficiante esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y pueda recabar las constancias que estime pertinente, sin la necesidad de remitir copia. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 731/2020, promovido por ******************** y Edmundo, ambos de apellidos ********************; y, Resultando. Primero. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnado el mismo al juzgado primero de distrito en la especialización señalada, ******************** y Edmundo, ambos de apellidos ********************, promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y otras autoridades, consistentes en las órdenes de aprehensión libradas en su contra y su ejecución, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de tres de junio de dos mil diecinueve el juzgado primero aludido registró la demanda como juicio de amparo 505/2019 de su índice, la admitió a trámite, solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional; de igual forma, fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional; mientras que en diverso de cinco siguiente dejó de tener como responsable al Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Tercero. En interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veinte el juez federal referido decretó de oficio la separación de juicios, al considerar que los actos reclamados eran autónomos y desvinculados entre sí, por lo que ordenó formar seis expedientes diversos y remitirlos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que los turnara al juez de distrito que corresponda. Cuarto. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veinte este juzgado recibió el oficio 22046/2020 del juzgado primero citado, con el cual se formó el juicio de amparo 731/2020 y se continuó el trámite de la demanda promovida por ******************** y Edmundo, ambos de apellidos ********************, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el proceso ********************/2010, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra, como probables responsables en la comisión del delito de fraude, en agravio de ******************** y otros, así como su ejecución, por lo que se ordenó dar vista con los informes justificados por obrar en actuaciones, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, así como al representante social del juzgado responsable; de igual forma, se fijó fecha para desahogar la audiencia constitucional. Quinto. En acuerdos de quince de diciembre de dos mil veinte, ******************** de febrero, dieciséis de abril, quince de julio, trece de septiembre, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dieciséis de marzo, once de mayo, nueve de junio, cinco de agosto, veintisiete de octubre y trece de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se verificó en términos del acta que antecede. Sexto. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal4, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado es de naturaleza penal, al tratarse de una orden de aprehensión, la que tiene ejecución material en el Estado de Puebla, donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO. En conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa el acto reclamado en el proceso ********************/2010 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, en los términos que se indican a continuación. I. Al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula: a) La orden de aprehensión librada contra ******************** el nueve de marzo de dos mil diez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, en agravio de ******************** y otros. b) La orden de aprehensión librada contra ******************** el veintisiete de febrero de dos mil trece, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, en agravio de ******************** y otros. II. Al Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Procuradores Generales de Justicia de la Ciudad de México y Estado de Tlaxcala; así como los Fiscales Generales de Justicia de los Estados de Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Chihuahua: c) La ejecución material del mandamiento de captura. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO. Es inexistente la orden de aprehensión reclamada por ******************** al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula en el proceso ********************/2010 de su índice. El juez penal omitió rendir su informe justificado en relación con el quejoso ********************, pero resulta improcedente presumir su existencia, pues de la copia certificada del proceso ********************/2010 que remitió, aparece demostrado que es inexistente por la razón siguiente. El nueve de marzo de dos mil diez el juez penal libró orden de aprehensión contra ********************, como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de ******************** y otros. Sin embargo, ejecutado el mandamiento de captura, el veintinueve de mayo de dos mil once decretó contra el impetrante ********************, auto de formal prisión o preventiva, como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico. En tal sentido, se destaca que tratándose de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Por tanto, tomando en consideración que la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en esa data la orden de aprehensión carecía de efectos contra el impetrante, pues la afectación de su libertad personal en ese momento estaba bajo los efectos del auto de formal prisión decretado en su contra. También es inexistente la ejecución de la orden de aprehensión reclamada a los Procuradores Generales de Justicia de la Ciudad de México y Estado de Tlaxcala; así como los Fiscales Generales de Justicia de los Estados de Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Chihuahua, porque de las constancias de autos no aparece que se haya solicitado el cumplimiento de la orden de aprehensión. En tales condiciones, como de las constancias de autos aparece demostrado que es inexistente la orden de aprehensión reclamada por ******************** al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula en el proceso ********************/2010, así como el cumplimiento atribuido a Procuradores Generales de Justicia de la Ciudad de México y Estado de Tlaxcala; así como los Fiscales Generales de Justicia de los Estados de Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Chihuahua, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer el juicio. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO. El juez penal reconoció la existencia de la orden de aprehensión librada contra ********************; lo que se corrobora con la copia certificada del proceso ********************/2010 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, en la que aparece demostrada la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil trece reclamada. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, por tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Por ende, también resulta cierto el acto reclamado al Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, porque con independencia de sus manifestaciones, al tener certeza de la existencia del mandamiento de captura emitido por el juez penal, a ellos corresponde su cumplimiento, porque dentro de sus facultades está el ejecutar las órdenes de aprehensión libradas por los jueces penales, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El impetrante reclama la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de febrero de dos mil trece en el proceso ********************/2010 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracciones I, II, III y IV, del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de ******************** y otros. La cual se estima cumple con los requisitos de fondo y forma, pues se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y los medios de prueba que obran en la indagatoria son suficientes para acreditar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del impetrante en su comisión. El quejoso esencialmente sostiene que el acto reclamado vulnera los artículos 16 y 16 de la Constitución Federal, porque incumple con los requisitos previstos en la ley. Normatividad aplicable. En primer lugar se precisa que la orden de aprehensión fue librada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por hechos cometidos en el año dos ******************** en el municipio de Cholula, Puebla, cuya investigación inició el ocho de octubre de dos ********************. Por tanto, el estudio del acto se realiza conforme a las disposiciones constitucionales y legislación procesal vigentes en la época y lugar de los hechos, siendo el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, al ser la codificación aplicable en términos de los artículos cuarto y tercero transitorios, correspondientes a las reformas constitucionales publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho y el ocho de octubre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, así como de los artículos tercero y quinto transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Requisitos de la orden de aprehensión. Entonces, conforme al contenido del artículo 16, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, en su texto antes del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se establecen como requisitos de fondo para librar una orden de aprehensión, que existan datos que acrediten: a) Comprobar el cuerpo del delito. b) Hacer probable la responsabilidad penal del indiciado. Por su parte, como requisitos de forma: c) Constar por escrito. d) Ser emitido por autoridad judicial competente. e) Estar fundado y motivado. f) Preceder denuncia o querella. g) Precisar el delito que se impute. h) Señalar lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. En el caso, el juez responsable de manera correcta estableció que los medios de prueba son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude genérico y la probable responsabilidad del impetrante en su comisión; aunado a que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento para su emisión. Competencia. El juez penal de Cholula es competente para librar la orden de aprehensión, en términos de los artículos 5, fracción III, y 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, porque de la determinación de ejercicio de la acción penal se observa que el agente del Ministerio Público señaló que los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautlancingo, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, lugar donde ejerce jurisdicción, en términos de los artículos 8, fracción VI, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, vigente en la época que inició el procedimiento penal. Requisitos de fondo. Cuerpo del delito. El juez penal de forma correcta consideró que los medios de prueba que obran en la indagatoria son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 402 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en los términos siguientes: 1. En primer lugar, señaló que las querellas presentadas por ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************y/o********************,********************,********************y/o********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************, ********************y********************; las que valoró en términos de los artículos ********************, 61 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, al señalar que no sólo reviste el carácter de agraviados, sino que sus testimonios se corroboran unos con otros, pues esencialmente se desprende que son coincidentes en referir que: Acudieron a la sucursal de la moral denominada "********************", sociedad anónima de capital variable, también conocida como "********************", ubicada en boulevard ********************, número ********************, en la ********************, donde realizaron inversiones de dinero, porque a través de los empleados de la empresa se les informó que al invertir en un plazo de tres, seis, nueve, doce o dieciocho meses, se les pagaría un rendimiento mensual dependiendo del tiempo de la inversión y el plazo elegido, el cual conforme a los contratos exhibidos era de 0.90%, 1.00%, 1.20%, 1.34% y 1.50%. Sin embargo, cuando solicitaban la devolución del numerario los convencían para que renovaran el plazo y aquellas que requerían su capital, no les fue entregado, ni los intereses pactados, a partir de agosto de dos ********************. 2. Para corroborar lo anterior, se cuenta con los contrato de promesa de compraventa y renovación exhibidos por los agraviados, lo que apreció domo documentos privados, otorgando eficacia en conformidad con los numerales 197 y 204 de la codificación procesal penal. Con los que se evidenciaba que se formalizaron las inversiones con la moral "********************", sociedad anónima de capital variable, también conocida como "********************", bajo un esquema de contratos de promesa de compraventa de algún inmueble que la empresa buscaría y ofrecería al cliente, el que podría optar por aceptar o rechazar la oferta; o, en su caso, optar por la devolución del dinero, previo pago de la penalización pactada, cuando en realidad se trataba del pago de intereses por las inversiones. Empero, se constituyó como el medio para obtener un lucro indebido, porque al final no se devolvió el numerario entregado por los pasivos. 3. Para justificar la existencia de la moral, obraba escritura pública número ********************, volumen ********************, de la Notaría Publica número ******************** del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, relativa a la constitución de la empresa denominada "********************", sociedad anónima de capital variable, también conocida como "********************"; así como se advierte los nombres de los socios integrantes de la misma. La que valoró conforme al arábigo 196 de la ley adjetiva penal, al tratarse de un documento público y que corrobora el contenido de las querellas. Así mismo, el juez indicó que de su contenido se desprendía que no se constituyó como una institución financiera, por lo cual carecía de autorización para actuar como una institución de ese tipo y, por tanto, para captar el dinero por concepto de inversión. De ahí que se firmaban contratos de promesa de compraventa, lo cual no evidenciaba los términos bajo los cuales externaron su consentimiento; por lo que se constituyeron como medios para que los pasivos entregaran el numerario, bajo la creencia que por la formalidad de la empresa les sería devuelto, una vez vencido el plazo. 4. Los comunicados de prensa emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ocho de junio y dos de septiembre de dos ********************, en los que se indicaba que ********************, sociedad anónima de capital variable, que operaba bajo el nombre de "********************, ********************", no es parte del Sistema Financiero Mexicano; por lo que carecía de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, para captar recursos del público en general. Los cuales adquirían valor probatorio en términos del artículo 196 de la codificación procesal penal, sirviendo como elemento que robustece el testimonio de los querellantes. 5. Las diligencias de inspección ocular realizadas en distintas sucursales de la moral, las que valoró conforme los numerales 73 y 108 de la ley adjetiva penal, con las que se corroboraba el dicho de las víctimas, así como la existencia de los lugares donde se verificaba la celebración de los contratos, la entrega del dinero, el pago de intereses y la solicitud de devolución. 6. Las declaraciones de ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************y********************, las que apreció en términos del arábigo 201 de la ley procesal penal; pues refieren ser empleados de la moral Grupo ********************; destacando los testimonios de********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,******************** y********************, de los que se destaca que pese a que lo que les ofertaban era la inversión del dinero, por el que recibirían el pago de intereses, lo que suscribían era una promesa de contrato de compraventa. 7. La declaración de ******************** de diez de noviembre de dos ********************, de la que se desprendía que era el encargado de impartir el curso para convencer a las personas que invirtieran, así como el conocimiento de que en realidad ofrecían un servicio como si fuera una financiera. Por tanto, el juez responsable de forma acertada concluyó que los medios de prueba referidos son idóneos y suficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 402 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en el cual se describe como conducta típica el engañar a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, para hacerse ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido; lo cual está justificado. Es acertado que el juez penal considerara que se actualiza el engaño porque el activo hizo creer al pasivo que la moral estaba autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar como financiera. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2011, señaló que el hecho de no informar a los clientes que no se contaba con el permiso legal para celebrar contratos de inversión a plazos constituye un engaño, pues, de otro modo, las personas habrían podido tomar una decisión más informada y racional si hubieran sabido que la empresa no podía legalmente celebrar ese tipo de contratos. De igual forma, es importante destacar que pese a que la conducta desplegada por el activo deriva de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa, que constituye un acto de carácter civil, en el caso la conducta desplegada encuadra dentro del ámbito penal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración anterior, al resolver el amparo directo 6543/57, estableció que el engaño consiste en la actitud mentirosa, por medio de palabras o actos, que tienden a producir en el sujeto de la relación un estado subjetivo de error, o sea un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad. Así mismo, al resolver el amparo directo 1768/64, señaló que en la legislación penal se prevén conductas que protegen a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que se encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito que protegen a la sociedad y reprimen esas agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse ilegítimamente u obtener un lucro indebido. Esto es, existen conductas que pese a tener como origen un contrato (civil o mercantil), su incumplimiento cae dentro del ámbito penal, porque ese acuerdo de voluntades únicamente se constituye como el medio empleado para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido. Por tanto, para estar en posibilidad de establecer si el incumplimiento de un contrato es constitutivo de delito, en diversos criterios sostenidos por los tribunales federales, se ha distinguido entre el dolo penal y el dolo civil, destacando que para considerar que el contratante que incumplió incurrió en una infracción de carácter penal, se debe acreditar que esa persona, desde que celebró el contrato había decidido dolosamente no cumplirlo. Es decir, la diferencia entre el dolo civil y el dolo penal es que, en el primero, el incumplimiento sobreviene de una situación que se presenta después de celebrado el contrato; mientras que en el dolo penal, conlleva que desde el momento de realizar el acuerdo de voluntades la persona sabe que no va a cumplir con la obligación pactada. Sin embargo, la circunstancia de hacer creer a los pasivos que contaba con autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un elemento para considerar que se actualiza el engaño; incluso, como lo refirió el juez penal la circunstancia de que pese a que el acuerdo de voluntades implicaba una inversión, se suscribía un contrato de promesa de compraventa, lo cual constituye otro elemento para acreditar el engaño. Monto de lo defraudado. En el artículo 403 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla se establece la sanción a imponer a quien cometa el delito de fraude, atendiendo al valor de lo defraudado. El juez penal para determinar el monto de lo defraudado tomó en consideración el dictamen contable 44/2010 demitido por el perito en contabilidad ********************, a través del cual se pudo determinar la afectación patrimonial de cada uno de los pasivos, el que fue valorado conforme al numeral 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. A partir de lo cual pudo establecer que la afectación patrimonial de ********************,********************,********************,******************** y********************, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I. Respecto********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,******************** y********************, la prevista en la fracción II. En cuanto a********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,******************** y********************, la fracción III. Finalmente, respecto********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************y/o********************,********************,********************y/o********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************, ********************y********************, la fracción IV. Probable responsabilidad. El juez penal de corma correcta estableció que la probable responsabilidad del impetrante ******************** en la comisión del delito de fraude está justificada en términos del artículo 21, fracción I, del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; conforme a: 1. Las declaraciones de los agraviados. 2. Los comunicados de prensa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ocho de junio y dos de septiembre de dos ********************. 3. Declaraciones de ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************y********************. 4. La declaración de ******************** de diez de noviembre de dos ********************. 5. Dictamen en criminología emitido por José Alberto Flores Hernández de trece de octubre de dos ********************. Con los cuales tuvo por acreditada la probable responsabilidad, al referir que eran elementos suficientes para considerar que ******************** era el administrador de la moral "********************", sociedad anónima de capital variable, también conocida como "Inmobiliaria ********************" y, por tanto, quien daba las órdenes. Lo cual es correcto, porque al tener la calidad de administrador único de la moral aludida, como se desprende del instrumento ********************, volumen ******************** de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve corresponde la representación de la moral, tal como se desprende de la cláusula octava de los estatutos, respecto las facultades del órgano de administración. Por ende, conforme lo establecido en los artículos 158 y 214 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los administradores de una sociedad mercantil constituida bajo el régimen de capital variable, son solidariamente responsables para con la sociedad, entre otras, de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley; y, del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas. De lo que se desprende que como administrador único corresponde conocer el funcionamiento de la sociedad, dentro de lo cual se comprende su estado financiero y operaciones, pues de esa obligación deriva una responsabilidad solidaria. Lo que se justifica porque al tratarse de una persona moral, resulta evidente que carece de voluntad propia, por lo que es a través de las personas físicas como actúan; razón por la cual los directores, gerentes, administradores y demás representantes de las sociedades, responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre propio o bajo el amparo de la representación corporativa. Entonces, al haber establecido en los medios de prueba que el impetrante es el administrador único, es evidente que le corresponde conocer los estados financieros de la sociedad, por lo que al existir indicios que establecen que sabía que la moral carecía de la autorización correspondiente de la autoridad competente, se puede determinar de manera indiciaria que permitió continuar con el funcionamiento de la sociedad, sabedor que las operaciones que seguía realizando la moral, a través del personal que laboraba en las sucursales, no estarían en posibilidad de cumplir. En tales condiciones, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, consistente en la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil trece librada en el proceso ********************/2010 de su índice. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, en el proceso ********************/2010, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra; así como respecto del juicio promovido por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, respecto la ejecución de la orden de aprehensión librada en el proceso ********************/2010 referido, atribuida a los Procuradores Generales de Justicia de la Ciudad de México y Estado de Tlaxcala; así como a los Fiscales Generales de Justicia de los Estados de Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, en el proceso ********************/2010, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de febrero de dos mil trece, así como la ejecución atribuida al Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese, por lista a los terceros interesados, electrónicamente a los quejosos por conducto de sus autorizados y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, así como mediante oficio a las autoridades y autoridad tercera interesada. Así lo resolvió y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante José Eduardo Nochebuena Trujillo, secretario que autoriza hoy diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.Ramiro Ramirez Y Escobedo, SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, HACE CONSTAR QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUE CELEBRADA EN LA HORA Y FECHA EN QUE SE ASENTÓ EN EL ACTA RESPECTIVA, SEGUIDA DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL ES AUTORIZADA Y FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR EL SUSCRITO Y EL TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN LA HORA Y FECHA QUE SE REFLEJA EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, UNA VEZ QUE LO PERMITIERON LAS LABORES DEL JUZGADO. DOY FE diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, 731/2020
- Principal
Principal. 731/2020AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, son las nueve horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 731/2020, promovido por Leonardo Tiro Moranchel y Edmundo Tiro Moranchel. En audiencia pública se encuentra Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Eduardo Nochebuena Trujillo, secretario que autoriza y da fe. El juez, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes y ordena al secretario que haga la relación de constancias. El secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. El juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias. Con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta con las documentales que remitió la responsable, consistentes en copia certificada de la causa penal 60/2010. El juez acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las citadas documentales en razón de su propia naturaleza; al no existir prueba pendiente por recibir, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva y se declara abierta la fase de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez declara cerrado este periodo y ordena pasar los autos para dictar sentencia. (Firmado electrónicamente) Cuauhtémoc Escobar González Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. (Firmado electrónicamente) José Eduardo Nochebuena Trujillo Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. El suscrito secretario José Eduardo Nochebuena Trujillo, hace constar que la audiencia constitucional del presente juicio de amparo fue celebrada en la hora y fecha en que se asentó en el acta respectiva, la cual es autorizada y firmada electrónicamente por el suscrito y el titular de este órgano jurisdiccional, en la hora y fecha que se refleja en la evidencia criptográfica del sistema integral de seguimiento de expedientes, una vez que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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