Leonardo Ordaz Panecatl
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Ordaz Panecatl
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por LEONARDO ORDAZ PANECATL, contra los actos del VERÓNICA GUZMÁN HERNÁNDEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITA A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA C5, DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 521/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la licenciada Verónica Guzmán Hernández, agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Unidad de Flagrancia C5, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: - La inminente Orden de devolución de vehículo, respecto de las unidades consistentes en: 1. El vehículo marca Kenworth, tipo tractor, color blanco y rojo, modelo 2007, con placas de circulación NO 25- AN-3J, del servicio de autotransporte federal, con número de motor 79211818, con número de serie 3WKDD40X87F804327; y, 2. Vehículo marca CAMARSA, tipo plataforma, color blanco, modelo 1991, con placas de circulación número 51UG1W, del servicio de autotransporte federal con número de serie 91P3RCA108. Ello, dentro de la carpeta de investigación 1560/2020/UF, relativo a la causa penal número 3013/2021, del índice de la responsable. En vista de lo anterior, el suscrito considera que se patentiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que hace improcedente al juicio de amparo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso estaba en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior porque en el caso, como sentado en líneas que anteceden, el quejoso reclama la orden de devolución de los vehículos descritos con anterioridad, sin embargo señala que no le han garantizado ni pagado los daños ocasionados por el conductor y/o propietario de los citados vehículos responsables Al respecto, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier estado del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3º, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a) de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial. Luego, es indiscutible la posibilidad de intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro, a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el Juez de Control puede intervenir a ejercer control en la investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de Control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que, en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público para controlar la legalidad de éstas, al tiempo que tiene del deber de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el las víctimas -como es la calidad del quejoso quien refirió que fue víctima del delito de daño en propiedad ajena culposo-, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes; esto dentro de la causa penal 3013/2021 que indicó en la demanda de amparo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues en el caso en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé un medio de defensa que implica acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar ante el juez de Control que las cosas sean restituidas al estado en el que se encontraban o se garanticen de alguna forma sus derechos como víctima. Esto es, a través del medio de defensa citado, el quejoso está en aptitud de lograr que los actos reclamados sean modificados y se determine que la devolución, en su caso, de tales vehículos se realice, pero, previo pago o garantía de los daños de los que se duele respecto a los vehículos que indica. Control judicial que el quejoso debió solicitar antes de acudir al juicio de amparo. Al no hacerlo, el presente juicio es improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo ministerial de ordena la devolución a que se ha hecho alusión en líneas precedentes, porque se insiste, el quejoso tiene derecho a exigir ser restituido en sus derechos de víctima ante el juez de control. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por LEONARDO ORDAZ PANECATL, contra los actos del VERÓNICA GUZMÁN HERNÁNDEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITA A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA C5, DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 521/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la licenciada Verónica Guzmán Hernández, agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Unidad de Flagrancia C5, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: - La inminente Orden de devolución de vehículo, respecto de las unidades consistentes en: 1. El vehículo marca Kenworth, tipo tractor, color blanco y rojo, modelo 2007, con placas de circulación NO 25- AN-3J, del servicio de autotransporte federal, con número de motor 79211818, con número de serie 3WKDD40X87F804327; y, 2. Vehículo marca CAMARSA, tipo plataforma, color blanco, modelo 1991, con placas de circulación número 51UG1W, del servicio de autotransporte federal con número de serie 91P3RCA108. Ello, dentro de la carpeta de investigación 1560/2020/UF, relativo a la causa penal número 3013/2021, del índice de la responsable. En vista de lo anterior, el suscrito considera que se patentiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que hace improcedente al juicio de amparo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso estaba en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior porque en el caso, como sentado en líneas que anteceden, el quejoso reclama la orden de devolución de los vehículos descritos con anterioridad, sin embargo señala que no le han garantizado ni pagado los daños ocasionados por el conductor y/o propietario de los citados vehículos responsables Al respecto, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier estado del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3º, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a) de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial. Luego, es indiscutible la posibilidad de intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro, a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el Juez de Control puede intervenir a ejercer control en la investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de Control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que, en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público para controlar la legalidad de éstas, al tiempo que tiene del deber de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el las víctimas -como es la calidad del quejoso quien refirió que fue víctima del delito de daño en propiedad ajena culposo-, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes; esto dentro de la causa penal 3013/2021 que indicó en la demanda de amparo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues en el caso en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé un medio de defensa que implica acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar ante el juez de Control que las cosas sean restituidas al estado en el que se encontraban o se garanticen de alguna forma sus derechos como víctima. Esto es, a través del medio de defensa citado, el quejoso está en aptitud de lograr que los actos reclamados sean modificados y se determine que la devolución, en su caso, de tales vehículos se realice, pero, previo pago o garantía de los daños de los que se duele respecto a los vehículos que indica. Control judicial que el quejoso debió solicitar antes de acudir al juicio de amparo. Al no hacerlo, el presente juicio es improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo ministerial de ordena la devolución a que se ha hecho alusión en líneas precedentes, porque se insiste, el quejoso tiene derecho a exigir ser restituido en sus derechos de víctima ante el juez de control. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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