Leonardo Saldivar Reveles
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas
- Leonardo Saldivar Reveles
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que le fueron concedidos al quejoso Leonardo Saldívar Reveles, para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintidós de marzo del año en curso, sin que lo hayan hecho, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se proveerá solo en relación a los actos que le atribuye a la autoridad Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. PLANTEAMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que los actos reclamados al juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se hace consistir en: a). La resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado. b). El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso. c). La indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso. Acuerdos que fueron emitidos dentro del juicio sumario civil número 368/2014 promovido por Ramón Saldívar Reveles contra Leonardo Saldívar Reveles. Ahora, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. El cinco de agosto de dos mil catorce, Ramón Saldívar Reveles, demandó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, a Leonardo Saldívar Reveles, el cumplimiento de contrato de permuta. 2. Una vez que fue emplazado el demandado, el cinco de marzo de dos mil quince, se abrió el juicio de prueba por el término de treinta días. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales, el treinta y uno de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró improcedente la acción intentada y se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas. 4. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se declaró firme la sentencia definitiva y se elevó a la categoría de cosa juzgada. 5. El quince de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente de acumulación de autos con el diverso 97/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 6. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable, se negó a dar trámite al incidente de acumulación de autos. 7. Inconforme con la citada determinación, se interpuso recurso de apelación y por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable, negó dar trámite al recurso propuesto, apoyándose en lo previsto por el artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles del estado. 8. El acuerdo antes citado, fue publicado por lista el cinco de marzo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, respecto del acto reclamado en el inciso a), se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación a dicha causal, es importante precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, de manera que los efectos de éste se destruyan total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; y b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos de la instancia constitucional respecto de éste último, el amparo resulta improcedente. Apoya a lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". De ahí que, ante la concurrencia de los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse la demanda. Ahora bien, en esta instancia constitucional la parte quejosa combate, entre otros actos, la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado, dentro del juicio sumario civil 368/2014, ya concluido. Sin embargo, de la propia demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como diverso acto reclamado, el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso (en que se negó dar trámite al incidente de acumulación), en el procedimiento citado. Lo expuesto trae como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia por cesación de efectos por sustitución, lo cual impide el análisis del acto reclamado consistente en la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado, dentro del juicio sumario civil 368/2014. Esto en razón a que, como ya se anticipó, los efectos del acto que se tilda de inconstitucional cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso; lo cual conlleva la imposibilidad de estudiar las posibles violaciones del acto reclamado señalado en primer término, sin afectar el contexto generado por el nuevo y posterior acto de autoridad judicial emitido el cuatro de marzo del año en curso, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa, al incidir en la vigencia y efectividad de la primera determinación tomada por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Por otra parte, en relación al acto precisado en el inciso b), se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación del precepto transcrito revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, dentro del juicio sumario número 368/2014. Por su parte, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, no puede ser considerado como de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicho el auto combatido, el juez responsable, únicamente se concretó a no dar trámite a la solicitud de acumulación de juicios planteada por el demandado, dentro del juicio sumario civil 368/2014, lo que por sí solo constituye un acto negativo, sin embargo, no tiene las características de un acto que vulnere derechos sustantivos. En otro aspecto, en cuanto al acto reclamado precisado en el inciso c), se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del numeral transcrito se desprende que el quejoso antes de promover el juicio de amparo debe agotar el recurso ordinario que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que la causa alguna afectación. En la especie, el hoy inconforme reclamó del juez señalado como responsable, la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, por lo que, se estima que la parte quejosa, no agotó el incidente de nulidad de notificaciones previamente al juicio de amparo, por los siguientes motivos: Ahora bien, al respecto debe decirse que los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV. Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 178 de la legislación citada dispone las reglas a seguir para el caso de que se estime que alguna notificación deba declararse nula, esto al no haberse efectuado conforme la legislación aplicable lo dispone. Por su parte, el precepto 179 del citado Código dispone que dicha nulidad de notificaciones debe tramitarse por la vía incidental. De esta manera, lo anterior pone en evidencia que contra la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, dentro del juicio sumario civil número 368/2014, procede el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: I. Si el promovente afirmó que tiene el carácter de parte demandada en el juicio sumario civil 368/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, promovido por Ramón Saldívar Reveles contra el aquí quejoso Leonardo Saldívar Reveles, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. II. Así las cosas, tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra de lo que se duele, esto es, la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, dentro del juicio sumario civil número 368/2014, es decir, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o exclusión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el aquí inconforme expresamente refiere que tiene la calidad de parte en el mismo. No obsta a lo anterior la manifestación del impetrante, cuando refiere que existe una afectación a su derecho humano de seguridad jurídica previsto en el precepto 14 constitucional. Lo anterior es así, debido a que la invocación de la aludida violación, en modo alguno implica que deban soslayarse los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales y acciones que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales Federales dejaran de aplicar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), con registro 2007621, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI, así como la prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Leonardo Saldívar Reveles, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ...
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EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A ALA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que le fueron concedidos al quejoso Leonardo Saldívar Reveles, para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintidós de marzo del año en curso, sin que lo hayan hecho, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se proveerá solo en relación a los actos que le atribuye a la autoridad Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. PLANTEAMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que los actos reclamados al juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se hace consistir en: a). La resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado. b). El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso. c). La indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso. Acuerdos que fueron emitidos dentro del juicio sumario civil número 368/2014 promovido por Ramón Saldívar Reveles contra Leonardo Saldívar Reveles. Ahora, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. El cinco de agosto de dos mil catorce, Ramón Saldívar Reveles, demandó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, a Leonardo Saldívar Reveles, el cumplimiento de contrato de permuta. 2. Una vez que fue emplazado el demandado, el cinco de marzo de dos mil quince, se abrió el juicio de prueba por el término de treinta días. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales, el treinta y uno de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró improcedente la acción intentada y se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas. 4. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se declaró firme la sentencia definitiva y se elevó a la categoría de cosa juzgada. 5. El quince de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente de acumulación de autos con el diverso 97/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 6. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable, se negó a dar trámite al incidente de acumulación de autos. 7. Inconforme con la citada determinación, se interpuso recurso de apelación y por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable, negó dar trámite al recurso propuesto, apoyándose en lo previsto por el artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles del estado. 8. El acuerdo antes citado, fue publicado por lista el cinco de marzo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, respecto del acto reclamado en el inciso a), se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación a dicha causal, es importante precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, de manera que los efectos de éste se destruyan total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; y b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos de la instancia constitucional respecto de éste último, el amparo resulta improcedente. Apoya a lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". De ahí que, ante la concurrencia de los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse la demanda. Ahora bien, en esta instancia constitucional la parte quejosa combate, entre otros actos, la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado, dentro del juicio sumario civil 368/2014, ya concluido. Sin embargo, de la propia demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como diverso acto reclamado, el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso (en que se negó dar trámite al incidente de acumulación), en el procedimiento citado. Lo expuesto trae como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia por cesación de efectos por sustitución, lo cual impide el análisis del acto reclamado consistente en la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que se negó dar trámite al incidente de acumulación planteado, dentro del juicio sumario civil 368/2014. Esto en razón a que, como ya se anticipó, los efectos del acto que se tilda de inconstitucional cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso; lo cual conlleva la imposibilidad de estudiar las posibles violaciones del acto reclamado señalado en primer término, sin afectar el contexto generado por el nuevo y posterior acto de autoridad judicial emitido el cuatro de marzo del año en curso, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa, al incidir en la vigencia y efectividad de la primera determinación tomada por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Por otra parte, en relación al acto precisado en el inciso b), se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación del precepto transcrito revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, dentro del juicio sumario número 368/2014. Por su parte, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, no puede ser considerado como de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicho el auto combatido, el juez responsable, únicamente se concretó a no dar trámite a la solicitud de acumulación de juicios planteada por el demandado, dentro del juicio sumario civil 368/2014, lo que por sí solo constituye un acto negativo, sin embargo, no tiene las características de un acto que vulnere derechos sustantivos. En otro aspecto, en cuanto al acto reclamado precisado en el inciso c), se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del numeral transcrito se desprende que el quejoso antes de promover el juicio de amparo debe agotar el recurso ordinario que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que la causa alguna afectación. En la especie, el hoy inconforme reclamó del juez señalado como responsable, la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, por lo que, se estima que la parte quejosa, no agotó el incidente de nulidad de notificaciones previamente al juicio de amparo, por los siguientes motivos: Ahora bien, al respecto debe decirse que los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV. Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 178 de la legislación citada dispone las reglas a seguir para el caso de que se estime que alguna notificación deba declararse nula, esto al no haberse efectuado conforme la legislación aplicable lo dispone. Por su parte, el precepto 179 del citado Código dispone que dicha nulidad de notificaciones debe tramitarse por la vía incidental. De esta manera, lo anterior pone en evidencia que contra la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, dentro del juicio sumario civil número 368/2014, procede el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: I. Si el promovente afirmó que tiene el carácter de parte demandada en el juicio sumario civil 368/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, promovido por Ramón Saldívar Reveles contra el aquí quejoso Leonardo Saldívar Reveles, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. II. Así las cosas, tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra de lo que se duele, esto es, la indebida notificación por lista del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y que se publicó el cinco de marzo del mes y año en curso, dentro del juicio sumario civil número 368/2014, es decir, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o exclusión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el aquí inconforme expresamente refiere que tiene la calidad de parte en el mismo. No obsta a lo anterior la manifestación del impetrante, cuando refiere que existe una afectación a su derecho humano de seguridad jurídica previsto en el precepto 14 constitucional. Lo anterior es así, debido a que la invocación de la aludida violación, en modo alguno implica que deban soslayarse los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales y acciones que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales Federales dejaran de aplicar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), con registro 2007621, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI, así como la prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Leonardo Saldívar Reveles, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ...
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22 DE MARZO DE 2021, conforme lo establece el numeral 29 de la ley de Amparo. ... Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Leonardo Saldívar Reveles, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas y otra autoridad, por considerar que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 23 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 201/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el numeral 108, fracción III de la Ley de la Materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugnen sus acotos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa para que aclare el escrito de demanda, cuando de ésta se hubieren omitido alguno de los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por su parte del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala en el apartado correspondiente como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Honorable Juzgado Segundo de primera instancia y de lo familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Honorable Juzgado Primero de primera instancia y de lo familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. IV ACTOS RECLAMADOS. Honorable Juzgado Segundo de primera instancia y de lo familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. (.) Honorable Juzgado Primero de primera instancia y de lo familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas., de quien reclamo, la tramitación del juicio sumario civil 97/2016. Así como el estudiar por segunda ocasión hechos, actos y obligaciones sentenciados en Juicio 368/2014 y competencia del H. Juzgado Segundo antes mencionado, esto por sentencia de 31 de octubre del 2015 y firme por auto del 24 de septiembre del 2015. ." De lo antes precisado se advierte que existe obscuridad en cuanto la precisión del acto reclamado, pues señala de manera genérica como acto reclamado al juez Primero de primera instancia y de lo familiar del distrito judicial de jerez, la tramitación del juicio sumario civil 97/2016, así como el estudio de hechos, actos y obligaciones sentenciadas en el juicio 368/2014, del índice del diverso juzgador segundo del mismo distrito; luego, siendo que uno de los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto es la precisión del acto reclamado. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Precise qué actos reclama en específico del juicio 97/2016 y del 368/2014 al juez Primero de primera instancia y de lo familiar del distrito judicial de jerez. A efecto de correr traslado a cada una de las partes, el quejoso deberá exhibir copias suficientes del escrito de demanda, debido a que únicamente allegó cuatro copias de ésta, siendo que en el caso de requieren seis; asimismo, deberá exhibir original y seis copias de su escrito aclaratorio; a saber, dos para las autoridades señaladas como responsables, una más, para el tercero interesado, una para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y dos más para aperturar en su caso el incidente de suspensión. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento antes precisado, dentro del plazo concedido, se proveerá solo en relación a los actos que atribuye a la autoridad Juzgado Segundo de primera instancia y de lo familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Y en caso de no allegar las copias suficientes, se postergará la apertura del incidente de suspensión que solicita en su demanda, de conformidad con el artículo 114, último párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Nallely Ramírez Mendoza, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto al domicilio que señala, no ha lugar tener por autorizado el mismo toda vez que las listas no son un domicilio propiamente dicho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la presente notificación, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el numeral 29 de la ley de la materia, hasta en tanto se haga la designación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente Notifíquese, personalmente.
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