Leonardo Saldivar Reveles

Expediente 1107/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1107/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Leonardo Saldivar Reveles

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciocho de enero de dos mil dieciocho el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diez al dieciséis de enero del año en curso, con exclusión de los días trece y catorce del presente mes y año, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el dos de enero anterior, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de dos de enero anterior, en el que se desechó la demanda promovida por Leonardo Saldivar Reveles, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    CUENTA. El dos de enero de dos mil dieciocho, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Leonardo Saldívar Reveles, registrada con el folio 17248 y cinco copias que se acompañan La circunstancia de que el licenciado Armando Ramírez Lozano, cuenta con cédula profesional número 795721, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Leonardo Saldivar Reveles, contra actos de la Primera Sala civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1°, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1107/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En principio, el quejoso señala como actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, el hecho de haber retenido el expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido en su contra por Ramón Saldívar Reveles y no enviarlo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo del recurso de apelación por él interpuesto, contra la sentencia definitiva. De igual manera, el promovente le atribuye a la Sala de notificaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la negativa de proporcionarle el número de toca y la Sala a la cual correspondió o se le turnó el expediente 97/2016. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a dichos actos se configura la causal de improcedencia contenida la fracción XXIII del artículo 61, de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] Disposiciones normativas de las que deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, interpretado a contrario sensu dicho precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. Atento a lo expuesto, se evidencia que en la especie se reclaman actos que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el efecto jurídico que producen los actos reclamados por el quejoso, son de carácter meramente intraprocesal, ya que únicamente son actuaciones de trámite de procedimiento de la apelación. Consecuentemente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, promovida por Leonardo Saldivar Reveles con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que el quejoso lo hace consistir en el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, derivado del expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido contra el quejoso, por Ramón Saldívar Reveles el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Resulta procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el mencionado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Por otra parte, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "ARTICULO 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." De lo antes expuesto, se arriba a la conclusión de que el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, derivado del expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido contra el quejoso, por Ramón Saldívar Reveles el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, es recurrible en términos del referido artículo 369 del Código Adjetivo Civil del Estado, lo que significa que el peticionario del amparo, antes de ocurrir a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso de reposición que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Primera Sala Civil señalada como responsable, sin que se advierta que lo hubiera hecho. De ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada al no haber observado el quejoso el principio de defintividad. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben reunirse los siguientes requisitos. a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, toda vez que el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concede, en este caso al peticionario del amparo, a través del recurso de reposición, el medio legal para modificar, revocar o nulificar la resolución de mérito, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de uno del citado mes y año, dictado en el juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta 97/2016, por el juez Primero de Primera Instancia de Jerez de García Salinas, Zacatecas; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado, sí permite que el recurso de reposición o medio de defensa legal pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y, desde luego, con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de uno de diciembre pasado. En consecuencia, al no haber hecho uso, en su oportunidad, el peticionario del amparo del recurso de reposición a que se refiere el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, inobservó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y, por tanto, el juicio de amparo indirecto que promueve es improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal a que se ha hecho mérito y al no hacerlo, no acató el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraña a éste. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por Leonardo Saldívar Reveles. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 8/2002, resultado de la contradicción de tesis 23/99-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, consultable en la página 11, del tomo XV, Marzo de 2002 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Armando Ramírez Lozano, toda vez cuenta con cédula profesional número 795721, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Universidad número trescientos veintinueve nueve, tercer piso (329-tercer piso), colonia Hidráulica de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 02 DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El dos de enero de dos mil dieciocho, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Leonardo Saldívar Reveles, registrada con el folio 17248 y cinco copias que se acompañan La circunstancia de que el licenciado Armando Ramírez Lozano, cuenta con cédula profesional número 795721, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Leonardo Saldivar Reveles, contra actos de la Primera Sala civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1°, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1107/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En principio, el quejoso señala como actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, el hecho de haber retenido el expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido en su contra por Ramón Saldívar Reveles y no enviarlo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo del recurso de apelación por él interpuesto, contra la sentencia definitiva. De igual manera, el promovente le atribuye a la Sala de notificaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la negativa de proporcionarle el número de toca y la Sala a la cual correspondió o se le turnó el expediente 97/2016. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a dichos actos se configura la causal de improcedencia contenida la fracción XXIII del artículo 61, de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] Disposiciones normativas de las que deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, interpretado a contrario sensu dicho precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. Atento a lo expuesto, se evidencia que en la especie se reclaman actos que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el efecto jurídico que producen los actos reclamados por el quejoso, son de carácter meramente intraprocesal, ya que únicamente son actuaciones de trámite de procedimiento de la apelación. Consecuentemente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, promovida por Leonardo Saldivar Reveles con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que el quejoso lo hace consistir en el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, derivado del expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido contra el quejoso, por Ramón Saldívar Reveles el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Resulta procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el mencionado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Por otra parte, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "ARTICULO 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." De lo antes expuesto, se arriba a la conclusión de que el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, derivado del expediente 97/2016, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta, promovido contra el quejoso, por Ramón Saldívar Reveles el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, es recurrible en términos del referido artículo 369 del Código Adjetivo Civil del Estado, lo que significa que el peticionario del amparo, antes de ocurrir a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso de reposición que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Primera Sala Civil señalada como responsable, sin que se advierta que lo hubiera hecho. De ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada al no haber observado el quejoso el principio de defintividad. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben reunirse los siguientes requisitos. a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, toda vez que el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se declaró abandonado el recurso de apelación por él interpuesto, dentro del toca A.C. 639/2017, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concede, en este caso al peticionario del amparo, a través del recurso de reposición, el medio legal para modificar, revocar o nulificar la resolución de mérito, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de uno del citado mes y año, dictado en el juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de permuta 97/2016, por el juez Primero de Primera Instancia de Jerez de García Salinas, Zacatecas; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado, sí permite que el recurso de reposición o medio de defensa legal pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y, desde luego, con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de uno de diciembre pasado. En consecuencia, al no haber hecho uso, en su oportunidad, el peticionario del amparo del recurso de reposición a que se refiere el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, inobservó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y, por tanto, el juicio de amparo indirecto que promueve es improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal a que se ha hecho mérito y al no hacerlo, no acató el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraña a éste. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por Leonardo Saldívar Reveles. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 8/2002, resultado de la contradicción de tesis 23/99-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, consultable en la página 11, del tomo XV, Marzo de 2002 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Armando Ramírez Lozano, toda vez cuenta con cédula profesional número 795721, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Universidad número trescientos veintinueve nueve, tercer piso (329-tercer piso), colonia Hidráulica de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

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