Leonardo Ceniceros Aguilar
Expediente 1967/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1967/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Leonardo Ceniceros Aguilar
- Junta Local del Conciliación Y Arbitraje del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la suscrita María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho al once de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de diciembre de la anualidad pasada. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 24621 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de los corrientes, remiten copia certificada del auto de veintidós de noviembre del año en curso y su notificación realizada a la parte actora; y, atento a su contenido se advierte que se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto de radicación respecto de la demanda interpuesta el quince de noviembre del año en curso, en contra Del Aguanaval Centro Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable. Y, los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitieron copia certificada del auto de veintidós de noviembre de este año, emitido dentro del juicio laboral 968/II/2018, con el cual se admitió la demanda promovida por el aquí quejoso ante su instancia. Además, en auto de trece de diciembre del año en curso, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días remitiera a este juzgado copia certificada de la notificación personal realizada a la parte actora, respecto del auto de admisión de la demanda interpuesta por el aquí quejoso, dando cumplimiento mediante oficio 983/2018, remitiendo al efecto copia certificada del auto admisorio y su respectiva notificación realizada a la parte actora. Sin que resulte óbice a lo anterior el hecho de que en el auto admisorio de referencia, el representante obrero de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, no hubiera estampado su firma, pues de conformidad con el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. Por tanto, al haberse admitido la demanda interpuesta por el aquí quejoso ante la autoridad responsable y haberse notificado ello, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al auto emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*.
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO: "...se advierte que se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen..."
- Principal
El trece de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 24368. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Glósese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad (por conducto de sus integrantes); sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como pruebas las que alude en la promoción que se provee, que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Finalmente, toda vez que por auto de veintidós de noviembre del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 968/ll/2018, la autoridad responsable admitió la demanda promovida por Leonardo Ceniceros Aguilar, requiérasele a efecto de que dentro de un término de tres días, remita a este juzgado copia fotostática certificada de la notificación personal realizada a la parte actora, respecto de dicho auto de admisión. Bajo apercibimiento que de hacer caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda
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