Leonardo Marquez Ramírez
Expediente 811/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leonardo Marquez Ramírez
- Leonardo Marquez Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiséis de enero terminada de engrosar el veintiséis de abril del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Incidental
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciséis que dice Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, promovido por********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día hábil siguiente,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó: 4. Actos Reclamados. 4.1 El acuerdo de fecha 20 de agosto de 2015, mediante el cual se da por terminada la relación laboral entre el C.******************** y la moral (sic) ********************, y se establece el monto que la demandada debía pagar al hoy quejoso. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de primero de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como amparo indirecto ********************; asimismo, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se emplazó a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables el informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos en un procedimiento laboral dentro de la etapa de ejecución de sentencia, lo que fueron dictados por una autoridad residente en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama una acto emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mas no de la Junta en su completa integración, esto es, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada ********************, y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado y autoridad responsable los precisados en el párrafo precedente, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas de todo lo actuado en el juicio laboral ********************, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2° y del cual se advierte que el veinte de agosto de dos mil quince, la Presidenta responsable emitió el acuerdo aquí impugnado; por ende se tiene por cierto el acto que le reclamó la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Como puede advertirse, la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante de amparo no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedidos por la ley secundaria, con el que se pudiera modificar, revocar o nulificar el auto impugnado; que no es otra cosa que, la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Con relación a dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. De los preceptos en cita se advierte que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Ahora, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es menester precisar con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El artículo 618 prevé sus facultades en los siguientes términos: 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.] De lo expuesto se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, tales como proveer lo relativo a las órdenes que materialicen el cumplimiento al fallo laboral, la reinstalación, el monto de la cantidad que debe ser entregada a la parte obrera, entre otros. En el caso, la parte quejosa reclama de la Presidenta de la Junta responsable, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V., y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Este Juzgador determina que contra de ese acuerdo resulta procedente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes en ejecución de los laudos. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión resultaba procedente contra el acuerdo citado, porque en el mismo la Presidenta responsable determinó dar por concluida la relación laboral entre las partes, ante la omisión del ahora quejoso de acudir a la diligencia de reinstalación; y, como consecuencia de ello, determinó la cantidad líquida que restaba por serle cubierta, en cumplimiento al laudo definitivo; ello, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva en términos del diverso 850, fracción I, así como los diversos 614 y 616, y sólo con ese impulso procesal el pleno de dicho órgano jurisdiccional podrá encargarse de verificar los actos de ejecución reclamados. Es aplicable al caso la jurisprudencia 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, de agosto de 2012, materia laboral, página 374, del siguiente tenor: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. También, sirve de sustento la tesis aislada XXVII.1o.5 L, que emitió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Materia Laboral, visible en la página 1731, con registro 183568, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, es aplicable al caso, la tesis aislada I.13o.T.71 L (10a.), que sustentó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 3217, de rubro y texto siguiente: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. De manera que, si contra el acto reclamado resultaba procedente el recurso de revisión que prevé la ley de la materia, resulta inconcuso que esa era la vía para lograr que el acuerdo del que se duele fuera modificado o revocado y que el Pleno de la Junta verificara la actuación de su Presidenta. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 729, con registro 2001155, cuyo texto es el siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. También sirve de sustento, la jurisprudencia 37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ante la determinación anterior, cabe decir que de la demanda de amparo se advierte que los accionantes del amparo son parte formal en la contienda de origen y tuvieron conocimiento del contenido de los actos reclamados antes analizados, pues sus conceptos de violación atacan sus consideraciones; particularidad que refleja que el amparista estuvo en posibilidad de interponer el referido medio ordinario de defensa, evidenciando de esa manera el incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Conviene señalar que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad, puesto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos como son el que se trate de un tercero extraño, o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución respecto del acto reclamado; de ahí que resulte innecesario el análisis de diversas causas de improcedencia que pudieran quedar actualizadas, cuenta habida que resultaría ocioso practicar ese examen adicional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, fracciones IV y V, 73, 74 fracción I, 107 fracción IV, 108 fracción VIII, y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******************** promovido ********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero perjudicada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciséis que dice:Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, promovido por********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día hábil siguiente,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó: 4. Actos Reclamados. 4.1 El acuerdo de fecha 20 de agosto de 2015, mediante el cual se da por terminada la relación laboral entre el C.******************** y la moral (sic) ********************, y se establece el monto que la demandada debía pagar al hoy quejoso. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de primero de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como amparo indirecto ********************; asimismo, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se emplazó a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables el informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos en un procedimiento laboral dentro de la etapa de ejecución de sentencia, lo que fueron dictados por una autoridad residente en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama una acto emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mas no de la Junta en su completa integración, esto es, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada ********************, y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado y autoridad responsable los precisados en el párrafo precedente, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas de todo lo actuado en el juicio laboral ********************, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2° y del cual se advierte que el veinte de agosto de dos mil quince, la Presidenta responsable emitió el acuerdo aquí impugnado; por ende se tiene por cierto el acto que le reclamó la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Como puede advertirse, la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante de amparo no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedidos por la ley secundaria, con el que se pudiera modificar, revocar o nulificar el auto impugnado; que no es otra cosa que, la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Con relación a dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. De los preceptos en cita se advierte que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Ahora, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es menester precisar con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El artículo 618 prevé sus facultades en los siguientes términos: 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.] De lo expuesto se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, tales como proveer lo relativo a las órdenes que materialicen el cumplimiento al fallo laboral, la reinstalación, el monto de la cantidad que debe ser entregada a la parte obrera, entre otros. En el caso, la parte quejosa reclama de la Presidenta de la Junta responsable, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V., y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Este Juzgador determina que contra de ese acuerdo resulta procedente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes en ejecución de los laudos. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión resultaba procedente contra el acuerdo citado, porque en el mismo la Presidenta responsable determinó dar por concluida la relación laboral entre las partes, ante la omisión del ahora quejoso de acudir a la diligencia de reinstalación; y, como consecuencia de ello, determinó la cantidad líquida que restaba por serle cubierta, en cumplimiento al laudo definitivo; ello, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva en términos del diverso 850, fracción I, así como los diversos 614 y 616, y sólo con ese impulso procesal el pleno de dicho órgano jurisdiccional podrá encargarse de verificar los actos de ejecución reclamados. Es aplicable al caso la jurisprudencia 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, de agosto de 2012, materia laboral, página 374, del siguiente tenor: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. También, sirve de sustento la tesis aislada XXVII.1o.5 L, que emitió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Materia Laboral, visible en la página 1731, con registro 183568, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, es aplicable al caso, la tesis aislada I.13o.T.71 L (10a.), que sustentó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 3217, de rubro y texto siguiente: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. De manera que, si contra el acto reclamado resultaba procedente el recurso de revisión que prevé la ley de la materia, resulta inconcuso que esa era la vía para lograr que el acuerdo del que se duele fuera modificado o revocado y que el Pleno de la Junta verificara la actuación de su Presidenta. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 729, con registro 2001155, cuyo texto es el siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. También sirve de sustento, la jurisprudencia 37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ante la determinación anterior, cabe decir que de la demanda de amparo se advierte que los accionantes del amparo son parte formal en la contienda de origen y tuvieron conocimiento del contenido de los actos reclamados antes analizados, pues sus conceptos de violación atacan sus consideraciones; particularidad que refleja que el amparista estuvo en posibilidad de interponer el referido medio ordinario de defensa, evidenciando de esa manera el incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Conviene señalar que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad, puesto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos como son el que se trate de un tercero extraño, o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución respecto del acto reclamado; de ahí que resulte innecesario el análisis de diversas causas de improcedencia que pudieran quedar actualizadas, cuenta habida que resultaría ocioso practicar ese examen adicional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, fracciones IV y V, 73, 74 fracción I, 107 fracción IV, 108 fracción VIII, y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******************** promovido ********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero perjudicada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actaurio se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo , promovido por . Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día hábil siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó: 4. Actos Reclamados. 4.1 El acuerdo de fecha 20 de agosto de 2015, mediante el cual se da por terminada la relación laboral entre el C. y la moral (sic) , y se establece el monto que la demandada debía pagar al hoy quejoso. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de primero de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como amparo indirecto ; asimismo, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se emplazó a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables el informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos en un procedimiento laboral dentro de la etapa de ejecución de sentencia, lo que fueron dictados por una autoridad residente en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama una acto emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mas no de la Junta en su completa integración, esto es, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada ********************, y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado y autoridad responsable los precisados en el párrafo precedente, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas de todo lo actuado en el juicio laboral , cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2° y del cual se advierte que el veinte de agosto de dos mil quince, la Presidenta responsable emitió el acuerdo aquí impugnado; por ende se tiene por cierto el acto que le reclamó la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Como puede advertirse, la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante de amparo no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedidos por la ley secundaria, con el que se pudiera modificar, revocar o nulificar el auto impugnado; que no es otra cosa que, la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Con relación a dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. De los preceptos en cita se advierte que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Ahora, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es menester precisar con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El artículo 618 prevé sus facultades en los siguientes términos: 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.] De lo expuesto se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, tales como proveer lo relativo a las órdenes que materialicen el cumplimiento al fallo laboral, la reinstalación, el monto de la cantidad que debe ser entregada a la parte obrera, entre otros. En el caso, la parte quejosa reclama de la Presidenta de la Junta responsable, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el que, por una parte, se dio por terminada la relación laboral entre el aquí quejoso y la persona moral denominada CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V., y, por otra, la Presidenta estableció el monto líquido de las condenas que debían pagarse a la parte obrera. Este Juzgador determina que contra de ese acuerdo resulta procedente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes en ejecución de los laudos. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión resultaba procedente contra el acuerdo citado, porque en el mismo la Presidenta responsable determinó dar por concluida la relación laboral entre las partes, ante la omisión del ahora quejoso de acudir a la diligencia de reinstalación; y, como consecuencia de ello, determinó la cantidad líquida que restaba por serle cubierta, en cumplimiento al laudo definitivo; ello, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva en términos del diverso 850, fracción I, así como los diversos 614 y 616, y sólo con ese impulso procesal el pleno de dicho órgano jurisdiccional podrá encargarse de verificar los actos de ejecución reclamados. Es aplicable al caso la jurisprudencia 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, de agosto de 2012, materia laboral, página 374, del siguiente tenor: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. También, sirve de sustento la tesis aislada XXVII.1o.5 L, que emitió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Materia Laboral, visible en la página 1731, con registro 183568, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, es aplicable al caso, la tesis aislada I.13o.T.71 L (10a.), que sustentó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 3217, de rubro y texto siguiente: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. De manera que, si contra el acto reclamado resultaba procedente el recurso de revisión que prevé la ley de la materia, resulta inconcuso que esa era la vía para lograr que el acuerdo del que se duele fuera modificado o revocado y que el Pleno de la Junta verificara la actuación de su Presidenta. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44-2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 729, con registro 2001155, cuyo texto es el siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. También sirve de sustento, la jurisprudencia 37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ante la determinación anterior, cabe decir que de la demanda de amparo se advierte que los accionantes del amparo son parte formal en la contienda de origen y tuvieron conocimiento del contenido de los actos reclamados antes analizados, pues sus conceptos de violación atacan sus consideraciones; particularidad que refleja que el amparista estuvo en posibilidad de interponer el referido medio ordinario de defensa, evidenciando de esa manera el incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Conviene señalar que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad, puesto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos como son el que se trate de un tercero extraño, o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución respecto del acto reclamado; de ahí que resulte innecesario el análisis de diversas causas de improcedencia que pudieran quedar actualizadas, cuenta habida que resultaría ocioso practicar ese examen adicional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, fracciones IV y V, 73, 74 fracción I, 107 fracción IV, 108 fracción VIII, y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido , por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero perjudicada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado , ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado , hoy veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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