Leonardo Gustavo Ribeiro De Souza

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Gustavo Ribeiro De Souza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 223/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda y radicación en este juzgado. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ******* presentó demanda de amparo en favor de *******, la ilegal privación de la libertad, incomunicación, deportación y otros actos. Recibida la demanda en este juzgado en esa misma fecha, se registró como el juicio de amparo indirecto 223/2022-II y se mandó ratificar. Segundo. Ratificación y admisión de la demanda de amparo. Una vez que el directo quejoso externó su deseo de ratificar la demanda de amparo entablada en su favor, se admitió a trámite, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Tercero. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 11, 14, 16, 21, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de actos ejecutados dentro del territorio donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente en este juicio de amparo: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, determinada el once de marzo de dos mil veintidós. La orden de deportación emitida en su contra. Incomunicación. Negativa a otorgarle visa por razones humanitarias, o su calidad de refugiado. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, al Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todos en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, a través de los cuales los negaron categóricamente. Por su parte, son inexistentes los actos atribuidos a la diversa autoridad responsable, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, consistentes en a) la orden de deportación emitida en su contra, b) incomunicación y c) negativa a otorgarle visa por razones humanitarias, o calidad de refugiado al aquí quejoso; pues los negó categóricamente; y únicamente aceptó el diverso acto que le fue atribuido. Al respecto, precisó que a) no había sido emitida orden de deportación alguna en contra del aquí accionante del amparo; b) envió, entre otras documentales, copia certificada del listado de llamadas telefónicas efectuadas por el aquí quejoso, de donde se desprendía que no se encontraba incomunicado; y c) precisó que no existían registros de solicitud del aquí quejoso de otorgamiento de visa por razones humanitarias en su favor o de que se le brindara la calidad de refugiado. Sin que el quejoso, por sí o por conducto de sus autorizados, hubiera aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas. Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se negó categóricamente el acto imputado, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, con relación a la orden de deportación de que se dolieron los quejosos, ante su inexistencia. Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, refirió que el aquí quejoso sí se encontraba privado de su libertad mediante alojamiento, en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo y obtuvo su libertad el veintidós de marzo de dos mil veintidós; lo que acreditó con las constancias respectivas. Es así, dicha autoridad, envió copia certificada, entre otras, de las siguientes constancias: Acuerdo de presentación, de once de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó el alojamiento temporal del aquí quejoso, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Escrito presentado ante la responsable arriba señalada, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, por la persona de nombre *******, a través del cual refirió su domicilio particular e indicó que lo ofrecía para que el aquí quejoso continuara su proceso migratorio desde ese lugar y se le dejara en libertad deambulatoria. Carta responsiva suscrita por la persona de nombre *******, de la misma fecha, presentado ante la autoridad responsable. Identificación de tal persona (credencial de elector) y certificación de que se tuvo a la vista la original, así como un recibo de servicios a su nombre. Acuerdo emitido por la aquí autoridad responsable, de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, donde se dio cuenta con dichas documentales y con la comparecencia *******, donde ésta asumió, ante la autoridad responsable en cita, que se haría responsable del cuidado, manutención y alimentación del aquí quejoso. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que la responsable permitió la salida del aquí quejoso y se le sujetó a comparecer dos veces por semana (martes y jueves), en un horario de nueve a trece horas; y se dejó sin efectos el acuerdo de presentación de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad del aquí quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se emitió en favor del aquí quejoso, acuerdo de salida, dejándolo en libertad deambulatoria; se le sujetó a comparecer dos veces por semana (martes y jueves), en un horario de nueve a trece horas a las instalaciones de la responsable; y se dejó sin efectos el acuerdo de presentación de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. De manera que, el quejoso dejó de estar privado de su libertad deambulatoria o asegurado; y además, se dejó sin efectos el acuerdo de presentación de once de marzo de dos mil veintidós, por el cual, precisamente, se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. Bajo ese contexto, es dable concluir que han cesado los efectos del alojamiento reclamado, decretado el once de marzo de dos mil veintidós; y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la quejosa, y sobre todo, al dejar sin efectos la determinación a través de la cual resolvió su alojamiento temporal en las instalaciones de la ya citada estación migratoria. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el once de marzo de dos mil veintidós, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que expresa, del cual se ordena hacer relación al celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se recibieron los informes justificados rendidos por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la oficina de representación en Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad, al día de hoy, no median los ocho días que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los informes justificados signados por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la oficina de representación en Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En cuanto a su solicitud, para que se le dé acceso al expediente electrónico, bajo el usuario "*******", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Se faculta para que las promociones que presenten en este asunto, puedan formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica a las autoridades responsables en cita. Asimismo, hágase del conocimiento, que cuando las partes para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.

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