Leonardo Márquez Ramírez
Expediente 455/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leonardo Márquez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diecisiete de junio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe el original del juicio laboral del que derivaron los actos reclamados dentro del presente asunto, hágase la devolución de dicho expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponde el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en representación de dicha Junta, mediante el cual informa que el tres de junio de dos mil dieciséis, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí parte quejosa y, para acreditar su dicho envía copia certificada del citado proveído; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis y turnado a este órgano al día hábil siguiente, *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de dictar resolución en el incidente de nulidad de notificaciones que promovió en el juicio laboral génesis de este asunto. Por acuerdo de treinta y uno de mayo último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 455/2016-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, la Presidenta de la Junta responsable hace del conocimiento de este Juzgado que el tres de junio de dos mil dieciséis, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la aquí parte quejosa, cuya resolución remitió en copia certificada. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del proveído de tres de junio del año en curso, revela lo siguiente: [.] VISTOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, PROMOVIDO POR LA C. LIC. ***************, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PARTE ACTORA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE ***************, FORMADO CON LA RECLAMACIÓN DE *************** EN CONTRA DE *************** Y/OTROS. [.] PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO: Se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la C. LIC. ***************, en su carácter de apoderada legal de la parte actora en lo principal. SEGUNDO: Se ordena la reanudación del procedimiento, en la etapa procesal correspondiente, quedando firmes los apercibimientos asentados en auto de fecha 20 de agosto del 2015. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable el tres de junio del año en curso, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la aquí quejosa en el juicio laboral de origen, cuya omisión se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obsta para sobreseer en el presente asunto, que el juicio de origen aún no se haya concluido, toda vez que cuando se alega en la instancia constitucional la violación al derecho de impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los alcances por los que eventualmente pudiera llegar a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; por tanto, dado que con la emisión de la resolución que resuelve el incidente de nulidad de notificaciones se agota la etapa procesal respectiva, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Apoya esta conclusión la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del treinta de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEIDO DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponde el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en representación de dicha Junta, mediante el cual informa que el tres de junio de dos mil dieciséis, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí parte quejosa y, para acreditar su dicho envía copia certificada del citado proveído; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis y turnado a este órgano al día hábil siguiente, *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de dictar resolución en el incidente de nulidad de notificaciones que promovió en el juicio laboral génesis de este asunto. Por acuerdo de treinta y uno de mayo último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 455/2016-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, la Presidenta de la Junta responsable hace del conocimiento de este Juzgado que el tres de junio de dos mil dieciséis, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la aquí parte quejosa, cuya resolución remitió en copia certificada. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del proveído de tres de junio del año en curso, revela lo siguiente: [.] VISTOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, PROMOVIDO POR LA C. LIC. ***************, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PARTE ACTORA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE ***************, FORMADO CON LA RECLAMACIÓN DE *************** EN CONTRA DE *************** Y/OTROS. [.] PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO: Se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la C. LIC. ***************, en su carácter de apoderada legal de la parte actora en lo principal. SEGUNDO: Se ordena la reanudación del procedimiento, en la etapa procesal correspondiente, quedando firmes los apercibimientos asentados en auto de fecha 20 de agosto del 2015. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable el tres de junio del año en curso, emitió la resolución que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la aquí quejosa en el juicio laboral de origen, cuya omisión se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obsta para sobreseer en el presente asunto, que el juicio de origen aún no se haya concluido, toda vez que cuando se alega en la instancia constitucional la violación al derecho de impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los alcances por los que eventualmente pudiera llegar a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; por tanto, dado que con la emisión de la resolución que resuelve el incidente de nulidad de notificaciones se agota la etapa procesal respectiva, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Apoya esta conclusión la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del treinta de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Glósese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicita la agente de la adscripción, expídasele copia autorizada de la resolución que se emita dentro del presente expediente, conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*cnv
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