Leonardo David Ávila Zetina

Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
549/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Leonardo David Ávila Zetina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Pérez Espinoza, en favor de Leonardo David Ávila Zetina, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para tal efecto; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria la citada resolución para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto ES DEPURABLE, en virtud de que por auto de dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano, por lo que deberá conservarse la demanda, así como dicho proveído, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, que establece "por lo que hace a la suspensión de oficio cuando procede decretarla de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse.". Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Asimismo, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía o documentos, por no haberse exhibido en el presente juicio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Edgar Pérez Espinosa, promovente del amparo en favor del quejoso directo; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa comparecencia que por su recibo deje en autos a satisfacción de este juzgado para debida constancia legal. Por otra parte, en atención a la solicitud realizada por el ocursante en el sentido de que este juzgado se pronuncie respecto a la iniciación de una carpeta de investigación en contra de la autoridad responsable o, bien, le sancione por haber decretado una detención que estima ilegal; dígasele que quedan a salvo sus derechos para hacer valer lo que estime necesario ante las autoridades correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante el oficio LAGH/0152/2019, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de los corrientes, el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informó que el quejoso fue puesto en libertad el trece de mayo de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cinco minutos, en buen estado de salud física y, para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, circunstancia que actualiza una causal de improcedencia como se expondrá a continuación. En principio, debe precisarse que el estudio de las causas de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En ese tenor, el análisis integral de la demanda de amparo reveló que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La orden privativa de libertad e incomunicación. Hecha la precisión, en el presente asunto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fuera afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es oportuno precisar que la causa de improcedencia debe ser manifiesta e indudable, por lo cual debe explicarse qué se entiende por manifiesto e indudable. En efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, la documental remitida por el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consistente en copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, evidencia de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que de dicha documental se advierte que el trece de mayo de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cinco minutos, fue puesto en libertad el solicitante de amparo en buen estado de salud física, cuestión que se corrobora, pues en dicho registro obra firma su hermana Karina Ávila Zetina. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de una documental expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable la orden de privación de libertad e incomunicación, la cesación de los efectos se actualiza cuando dicha autoridad puso en libertad al peticionario de amparo, lo cual puede advertirse de las constancias remitidas por ésta con su informe sobre la suspensión de plano. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la privación de libertad e incomunicación deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicho acto, lo cierto es que ya no se generarán consecuencias que afecten la esfera jurídico del accionante constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, dado que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En efecto, como se dijo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En conclusión, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto al haber cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EDGAR PÉREZ ESPINOSA, EN FAVOR DE LEONARDO DAVID ÁVILA ZETINA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante el oficio LAGH/0152/2019, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de los corrientes, el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informó que el quejoso fue puesto en libertad el trece de mayo de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cinco minutos, en buen estado de salud física y, para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, circunstancia que actualiza una causal de improcedencia como se expondrá a continuación. En principio, debe precisarse que el estudio de las causas de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En ese tenor, el análisis integral de la demanda de amparo reveló que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La orden privativa de libertad e incomunicación. Hecha la precisión, en el presente asunto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fuera afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es oportuno precisar que la causa de improcedencia debe ser manifiesta e indudable, por lo cual debe explicarse qué se entiende por manifiesto e indudable. En efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, la documental remitida por el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consistente en copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, evidencia de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que de dicha documental se advierte que el trece de mayo de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cinco minutos, fue puesto en libertad el solicitante de amparo en buen estado de salud física, cuestión que se corrobora, pues en dicho registro obra firma su hermana Karina Ávila Zetina. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de una documental expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable la orden de privación de libertad e incomunicación, la cesación de los efectos se actualiza cuando dicha autoridad puso en libertad al peticionario de amparo, lo cual puede advertirse de las constancias remitidas por ésta con su informe sobre la suspensión de plano. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la privación de libertad e incomunicación deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicho acto, lo cierto es que ya no se generarán consecuencias que afecten la esfera jurídico del accionante constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, dado que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En efecto, como se dijo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En conclusión, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto al haber cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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