Leonardo Barriga Perea
Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leonardo Barriga Perea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a Leonardo Barriga Perea, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "ÚNICO. A la mayor brevedad posible dicte los acuerdos correspondientes a fin de que se pronuncie respecto al desahogo de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora dentro del juicio laboral 4A-155/2018." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El catorce de julio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de: Auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que admitió la prueba superveniente consistente en copia certificada del desahogo de la prueba confesional para hechos propios del expediente 4B-755/2018, misma que se tuvo por desahogada dada su naturaleza jurídica y por obrar en autos. Sin que las partes realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. 4. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal determina que no hay materia para calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que la constancia remitida por la responsable en cumplimiento de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del presente año, es un acto emitido con anterioridad al dictado de la sentencia de amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual remite constancias relativas al cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el mismo por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez fenecido dicho plazo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, de acuerdo a las constancias de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL, DE ESTA SEGUNDA SALA).
- Principal
ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy ninguna de las partes interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. No se hace cómputo respecto a la responsable, pues no está legitimada para recurrir la sentencia. Ahora, tomando en consideración que se otorgó el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria; y si aún así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Por otra parte, es oportuno destacar que, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo, son las siguientes: ( ÚNICO. A la mayor brevedad posible dicte los acuerdos correspondientes a fin de que se pronuncie respecto al desahogo de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora dentro del juicio laboral 4A-155/2018.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo V-256/2021, promovido por LEONARDO BARRIGA PEREA, por su propio derecho; contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Alberto Roldán Olvera Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de la secretaria Cristina García Maya, que da fe, encontrándose en audiencia la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, la Secretaria procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos, entre las que destacan: Boleta de turno Escrito inicial de demanda. Auto admisorio. Informe justificado, documentales anexas y acuerdo en que se tuvo por recibido. Emplazamiento a terceros interesados SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO EN PUNTO DE VENTA, S.A. DE C.V. y COMERCIAL D'PORTENIS S.A. DE C.V., por sí y en calidad de responsable del domicilio ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, número 571- A quinientos setenta y uno guión A, colonia Ventura Puente, en esta ciudad; y, Escrito en el que se apersonaron en este juicio los terceros interesados. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado. AVISO DE CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el suscrito funge como titular de este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el período probatorio y la secretaria da cuenta con las ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable. Al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este período. Se abre la fase de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tienen por perdido el derecho a expresarlos. Acto continuo, se cierra el período de alegatos y al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-256/2021; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y recibido el mismo día en este juzgado, Leonardo Barriga Perea demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Y por los actos que medularmente hizo consistir en la omisión de cerrar el período de instrucción y de dictar el laudo en el juicio laboral 4A-155/2018. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, atendiendo a los criterios que anteceden y a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, y evitar la incongruencia o contradicción en la correcta impartición de justicia, así como del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo y a las constancias deducidas del juicio natural del que provienen los actos reclamados, se advierte que lo que realmente le afecta a la parte quejosa es lo siguiente: La omisión de cerrar la instrucción en el juicio laboral 4A-155/2018 y, como consecuencia de ello, la omisión de dictar el laudo en dicho procedimiento. TERCERO. Certeza de actos. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Lo que además así se desprende de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en el legajo de copias certificadas relativas al juicio laboral 4A-155/2018. Constancias que constituyen documentos públicos y que adquieren valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2o. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como establece el ordinal 62 de la Ley de Amparo. Las partes no hacen valer causal de improcedencia, ni de oficio, se advierte la actualización de alguna de ellas. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causas de improcedencia que conduzcan a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción, pero se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dilata el procedimiento en el juicio laboral 4A-155/2018. Ahora, la autoridad responsable manifestó que se encuentra pendiente de emitir un proveído respecto de una prueba superveniente ofrecida por la parte actora. En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece entre otras garantías, la obligación a cargo de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos previstos en la ley. En concordancia con lo anterior, la Ley Federal del Trabajo dispone la obligación de la autoridad laboral de pronunciar el laudo, una vez que se hayan desahogado todos los medios de prueba que se hayan ofrecido en autos, conforme a lo dispuesto en los artículos 881, 883 y 884, estará en aptitud de realizar las actuaciones previstas en los artículos 885 a 887 y 889 del propio ordenamiento legal. En el caso concreto, de las constancias que obran en autos las cuales fueron valoradas con anterioridad, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje ordenó dar vista a la parte demandada con el ofrecimiento de una prueba superviniente ofrecida por la parte actora, el cual le fue notificado a ésta el ocho de noviembre del mismo año, siendo todo lo que, con relación al desahogo de dicho medio de convicción obra en el procedimiento natural. En esa tesitura, se obtiene que la autoridad responsable no ha cerrado instrucción en el juicio natural, pues para ello, debe proveerse lo relativo al desahogo de una prueba superveniente ofrecida por la parte actora. Ahora, lo anterior indica que desde el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve a la fecha, el juicio laboral subyacente se encuentra paralizado, ya que la autoridad responsable ha sido omisa en proveer lo relativo al desahogo del medio probatorio en alusión, lo implica que no se haya cerrado el período de instrucción, así como la posterior elaboración del proyecto de laudo. En las relatadas circunstancias, es evidente que la responsable excedió los términos legales, para emitir las actuaciones necesarias a fin de emitir el laudo, lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita. En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó el quejoso Leonardo Barriga Perea, contra la omisión que reclamó a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Precisión de los efectos de la protección constitucional En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se establece que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Leonardo Barriga Perea es para el efecto de que la junta responsable: ÚNICO. A la mayor brevedad posible dicte los acuerdos correspondientes a fin de que se pronuncie respecto al desahogo de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora dentro del juicio laboral 4A-155/2018. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Garceta que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Cabe señalar que los efectos se trazan en los términos precedentes para hacer efectivo el respeto tanto del derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Carta Magna, como de las formalidades del procedimiento consignadas en la Ley Federal del Trabajo, pues dicho procedimiento aún se encuentra en etapa de instrucción. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Barriga Perea, respecto del acto que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos señalados en el último considerando de esta sentencia.
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