Leonardo Rodríguez Cortés
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leonardo Rodríguez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo del comunicado con el que se le envió el original de este cuaderno, el original del ocurso de revisión y la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano oficiante, con motivo del recurso de revisión interpuesto en autos, el cual quedó registrado con el número 99/2019; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el escrito signado por el quejoso Leonardo Rodríguez Cortés, mediante el cual acude a promover recurso de revisión contra de la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 72 a 83), en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; distribúyanse entre las partes copia simple del escrito de referencia y, en su oportunidad, remítanse la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de revisión hecho valer, adjuntando el original del escrito por el que se interpuso dicho medio de impugnación y se manifestaron agravios, así como una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, fórmese cuaderno de antecedentes de conformidad con la Circular CD/1/2008, de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, el cual deberá ser integrado con copias de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-203/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido en la propia data en este juzgado, Leonardo Rodríguez Cortés, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que a continuación se transcriben: "II.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ubicada en AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE, NÚMERO 1200, CENTRO, MORELIA, MICHOACÁN. (.) IV. ACTO RECLAMADO.- La negación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de brindar los servicios médicos a un trabajador prejubilado de 73 años con padecimiento de hipertensión". Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 13 a 15), se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se difirió en dos ocasiones y se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado consiste en una omisión a una autoridad administrativa con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a definir la existencia o no del acto (omisión) reclamado, conviene establecer su naturaleza jurídica, porque se reclaman actos negativos cuya demostración obedece a reglas especiales. En efecto el quejoso precisó en la demanda lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La negación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de brindar los servicios médicos a un trabajador prejubilado de 73 años con padecimiento de hipertensión". Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y después de ser armonizados todos los elementos que se desprenden de la demanda con el resto de las actuaciones, se advierte que la intención del quejoso es controvertir: La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle la atención médica que el quejoso requiere debido a una intervención quirúrgica de próstata que le dejó secuelas de hipertensión y diversos padecimientos, como era su obligación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Una vez que fue precisada la naturaleza jurídica de lo reclamado, esto es, la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle atención médica al quejoso por la hipertensión que padece, procede verificar su existencia, lo que en el caso no se justifica porque la responsable al rendir el informe justificado negó la omisión que se le atribuye (fojas 18 a 28). Negativa de la autoridad responsable que acreditó con los documentos que exhibió, ya que justificó que no existe obligación que cumplir. Es así que, con base en los criterios que el Poder Judicial de la Federación estableció en relación a la precisión de los actos reclamados es necesario tomar en cuenta que cualquier acto, de autoridad o de particular, es una especie del hecho, se trata de un acontecimiento que se verifica en la naturaleza que, para su producción, requiere la voluntad de las personas; un hecho cualquiera como podría ser la lluvia, el viento, el amanecer, el anochecer, cuando tiene significación jurídica, esto es que crea derechos y obligaciones se denomina hecho jurídico; por ejemplo, un desastre natural producido por la lluvia, un terremoto, un huracán, engendran consecuencias jurídicas para las personas y para el Estado; por ejemplo, las compañías aseguradoras en los casos que así se haya contratado deberán responder hasta por el monto de la póliza contratada por los daños causados por el fenómeno de la naturaleza, el Estado, por su parte, deberá implementar los programas gubernamentales para garantizar la vida, la salud y seguridad de las personas que se vean afectadas por tales hechos. Cuando el hecho con significación jurídica se produce con la intervención de la voluntad de las personas, estamos en presencia de un acto jurídico, pues lo que determina su nacimiento es precisamente el querer y entender de las personas, ya sean físicas o jurídicas, dado que estas últimas, también manifiestan su voluntad a través de las personas físicas con poder para ello. Tratándose de las personas jurídicas de carácter privado, la manifestación de la voluntad se realiza a través de sus representantes legítimos (presidente del consejo de administración o administrador único, por ejemplo) o de los legales que por voluntad se hayan constituido (apoderados o mandatarios). Las personas jurídicas de carácter público manifiestan su voluntad a través del funcionario competente que tenga las atribuciones necesarias conforme a la ley. Las omisiones para que produzcan sus efectos requieren de la determinación de la persona que estando consciente que tiene el deber jurídico de hacer algo, deliberadamente lo omite, produciéndose con ello un resultado o impidiéndose el que se esperaba; por ejemplo, toda persona que haya procreado un hijo o hija tiene el deber jurídico de proveerle alimentos; si omite la conducta que exige la ley, el acto aunque negativo, puede ser sancionado. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1ª.XVII/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Tratándose de autoridades, para que un acto negativo o de omisión se produzca, es necesario que exista un deber jurídico a cargo de la autoridad de realizar alguna actuación, que de verificarse crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica; incluso, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al definir el concepto de autoridad precisa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Sentado lo anterior, para demostrar la existencia de un acto negativo u omisivo, primero tiene que precisarse cuál es la obligación que la autoridad debió cumplir, esto es, debe acreditarse el origen o fuente del deber jurídico de hacer lo que el quejoso pretende, y a partir de ahí poder decidir si la autoridad incurrió en la omisión. Ello porque los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico fundamental son garantizados mediante el establecimiento de obligaciones a cargo del Estado, positivas y negativas, que avalan que esos derechos humanos sean ejercidos plenamente por todas las personas por igual. Sin embargo, esas obligaciones (garantías) pueden ser de cumplimiento instantáneo, diferido o condicionado, pues el poder de exigir su cumplimiento depende de cada situación jurídica en la que las personas se colocan. Así, por ejemplo, la Ley Fundamental reconoce el derecho de acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad; empero, para que las obligaciones a cargo del Estado se activen, es necesario que exista una solicitud de acceso. Lo mismo sucede con el derecho de petición, y otros derechos que su activación depende de que la persona se coloque en una situación determinada. Es así, entonces, no todas las obligaciones positivas o negativas que se consignan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos son de cumplimiento inmediato, verbigracia, el derecho a la salud que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra garantizado con el establecimiento de obligaciones de cumplimiento inmediato y otros de cumplimiento progresivo hasta alcanzar el nivel más alto en la prestación del servicio. En esta línea argumentativa, lo que el quejoso Leonardo Rodríguez Cortés reclama es un acto negativo, pues afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social responsable le negó la asistencia médica que requiere debido a la hipertensión que padece, obligación que la responsable alegó no tener ya que el solicitante del amparo no cotiza actualmente en el régimen de Seguridad Social que administra ese instituto. En efecto, la distribución de la carga probatoria dentro de cualquier juicio obedece a leyes de la lógica y a principios derivados de la experiencia y de la doctrina jurisprudencial, así, se puede afirmar que existen varios principios que recogen estas reglas que deben ser aplicadas en cada caso concreto y que derivan incluso de la interpretación sistemática y teleológica de diversos preceptos legales; a saber, los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2°, recogen el principio general de derecho que postula "incubit probatio quidicit non qui negat". Aforismo por virtud del cual se entiende que la demostración de las afirmaciones corresponde a quien las hace y que la negación, por su naturaleza, no es de acreditarse, a no ser que contenga aseveración expresa. Un segundo principio de naturaleza ontológica en materia probatoria que impacta en el juicio de amparo en que se reclaman actos omisivos, es el que postula que lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba; principio que se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, despojado de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios. Otro principio de carácter lógico consiste en que cuando hay dos asertos uno positivo y otro negativo, por la facilidad que existe en demostrar el positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Además de estos principios, cuando se reclaman en el juicio de amparo actos omisivos que se fundan en el ejercicio de una atribución prevista en la ley, es necesario distinguir entre aquellas obligaciones condicionadas y las incondicionales, porque en el caso de las primeras, será necesario demostrar la "condición" para el ejercicio de la facultad, cuya omisión se demanda está cumplida, pues sólo así se activará el deber jurídico del servidor público de actuar en consecuencia. De igual forma, es menester dilucidar si se trata de facultades discrecionales o regladas, pues, en el primer caso, corresponde al servidor público empoderado por la ley, determinar el mérito y oportunidad en el ejercicio de tal atribución, mientras que, en el segundo, bastará con que los hechos que rodean el acto se subsuman en la hipótesis normativa. Al respecto en la tesis 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO". Precisado lo anterior, conviene mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución Constitucional autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados y derechohabientes. Dicho instituto funciona con un régimen obligatorio para brindar los servicios de salud, financiado de forma tripartita, con contribuciones provenientes de los patrones, del Estado y de los propios trabajadores, el cual cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; Guarderías y prestaciones sociales; dicha prestación de seguridad social encuentra su base constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y tres, que disponen: "Artículo 1o. El seguro social constituye un servicio público nacional, que se establece con carácter obligatorio en los términos de esta ley y sus reglamentos." "Artículo 2o. Esta ley comprende el seguro de: I. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; II. Enfermedades no profesionales y maternidad; III. Invalidez, vejez y muerte, y IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada". Reglamento de la Ley del Seguro Social: "Artículo 45. Los patrones deberán inscribir a sus trabajadores ante el Instituto en los términos que señala la Ley. Asimismo, podrán hacerlo el día hábil anterior al inicio de la relación laboral; en este caso, el reconocimiento de derechos o semanas para determinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se contabilizará a partir de la fecha que como inicio de la relación laboral se señale en el aviso respectivo. Los patrones comunicarán al Instituto los salarios de sus trabajadores sin exceder los límites establecidos en el artículo 28 de la Ley". "Artículo 48. El Instituto le entregará al derechohabiente, un documento de identificación. Dicho documento deberá contener, al menos los datos siguientes: I. Nombre completo del derechohabiente; II. Clave Única de Registro de Población; III. Firma o huella digital del derechohabiente, y IV. Condición de derechohabiente. En caso de que el derechohabiente solicite la expedición de un nuevo documento de identificación, el Instituto se lo entregará previo pago correspondiente". "Artículo 57. Los patrones o sujetos obligados deberán comunicar al Instituto, a través de los medios autorizados, las bajas de los trabajadores cuando termine la relación laboral o dejen de ser sujetos de aseguramiento, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha en que se dé el supuesto respectivo. En el caso de la presentación del aviso de baja, dentro del término legal, éste surtirá sus efectos a partir de la fecha señalada por el patrón en dicho aviso, teniéndose como cotizado el día que se señale como fecha de la baja. En el caso de la presentación extemporánea del aviso de baja, éste surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su recepción por el Instituto, con excepción de los casos en que el propio Instituto hubiese dictaminado pensiones de riesgos de trabajo o de invalidez, en cuyo caso la baja surtirá sus efectos a partir de la fecha que en el mismo se señale". De las anteriores transcripciones se advierte que el Seguro Social constituye un Servicio Público Nacional, establecido con carácter obligatorio en cumplimiento al artículo 123 de la Constitución Federal de la República, con la finalidad de brindar, entre otros, atención médica a los trabajadores afiliados, siempre y cuando no hayan sido dados de baja por un patrón, el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a dar todas las prestaciones que se señalan en la ley y sus reglamentos, y el trabajador tiene derecho a recibirlas, siempre que se den los presupuestos que el ordenamiento señala para que nazca el derecho al beneficio especial. Establecido lo anterior, en el caso a estudio puede aseverarse válidamente que no existe la obligación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindar asistencia médica al quejoso, pues no es derechohabiente de los seguros que presta ese instituto. En efecto, el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, al rendir su informe de ley negó categóricamente el acto que se le atribuye, con base en las copias certificadas de diversas constancias que adjuntó para justificarlo, relacionadas con Leonardo Rodríguez Cortés, quien fue registrado en esta institución con el número de Seguridad Social 5387-46-0290-6 1M1946OR, de las que destacan las siguientes: Oficio número 172404200200/068/2019, de fecha uno de marzo del presente año, signado por la Doctora Ma. Dolores Altamirano Eligio, Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 84, ubicada en Tacicuaro, Michoacán, en el que indicó que Leonardo Rodríguez Cortés se encuentra dado de baja en dicha institución como derechohabiente; sin embargo, se le ha brindado la atención médica "manual", lo que acreditó con la copia certificada de la nota de valoración médica realizada por la Jefa del Departamento Clínico TM al solicitante del amparo el veintiocho de febrero pasado, de la que se advierte que padece hipertensión y se le recomendó como plan de tratamiento continuar con los medicamentos antihipertensivos, dieta baja en sodio, realizar ejercicio aeróbico diario, uso de calzado cómodo, dejar el tabaquismo e ingesta de abundantes líquidos claros (fojas 29 y 30). Comunicado 172404200200200/076/2019, de siete de marzo del presente año, signado por la Doctora Ma. Dolores Altamirano Eligio, Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 84, ubicada en Tacicuaro, Michoacán, al cual anexó la hoja electrónica de registro clínico del quejoso, en la cual únicamente obra su número de Seguridad Social 5387-46-0290-6 1M1946OR; así como su constancia de vigencia de derechos, advirtiéndose de esta última que Leonardo Rodríguez Cortés no tiene derecho a servicio médico, toda vez que causó baja por parte de su último patrón Adriana Segundo Zaldívar, con registro patronal C8975806109, a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 31 a 33). Oficio número 179001910100/206/2019, de fecha veintiséis de febrero de la anualidad en curso, suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro social, mediante el cual informa que en los registros de la base de datos de asegurados de ese Instituto, se observa que el ahora quejoso, se encuentra con status de baja desde el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y que generó derecho hasta el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo 109 de la Ley del Seguro Social (foja 34). Copia certificada del oficio número 172404200200/067/2019, de fecha seis de marzo anterior, suscrito por el Director de la Unidad de Medicina Familiar número 8 de ese Instituto, del que se advierte que en el Sistema de Información de Medicina Familiar de ese instituto, se asentó la baja del derechohabiente Leonardo Rodríguez Cortés a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el cual se encontraba asignado a la Unidad de Medicina Familiar número 84 de Tacicuaro, Michoacán (foja 35); y, Certificación de Movimientos Afiliatorios, en la que obra inscrita la baja del quejoso Leonardo Rodríguez Cortés a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, derivada de su último patrón Adriana Segundo Zaldívar, con registro patronal C8975806109 (foja 68). Así, de las constancias anteriormente reseñadas se advierte que no existe la omisión por parte de la autoridad responsable para brindarle la atención médica de la que se duele el quejoso Leonardo Rodríguez Cortés -pues como se vio en líneas precedentes- para que exista una omisión es necesario que la autoridad a quien se le atribuye tenga a su cargo una obligación específica, precisamente, de actuar en una forma positiva (un hacer, desplegar una conducta); y, en el caso, el instituto señalado como responsable no tenía obligación alguna con el aquí quejoso, al menos no a partir del veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Se afirma lo precedente, en virtud de que el quejoso fue dado de baja como derechohabiente del Seguro Social, debido a la baja presentada por parte de su empleadora Adriana Segundo Zaldívar, con registro patronal C8975806109, lo cual se corrobora con la impresión de la constancia denominada "Vigencia de derechos", con el oficio número 179001910100/206/2019, de fecha veintiséis de febrero de la anualidad en curso, suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social y con la Certificación de Movimientos Afiliatorios (fojas 33, 34 y 68), de cuyas constancias se aprecia que el accionante de tutela constitucional fue registrado ante dicho instituto con el número de Seguridad Social 53874602906, cuyos derechos como trabajador afiliado estuvieron vigentes hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y en conservación de derechos para atención médica con ocho semanas a partir de la baja hasta el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo 109 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del numeral 109 de la ley en cita, el asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica, como acontece en el presente asunto; lo anterior significa que al fenecer el periodo de conservación de derechos, culminó también el periodo de gracia -ocho semanas- que le daba al quejoso legalmente la posibilidad de recibir servicios de salud por parte del instituto, lapso que comprendió del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en que se presentó la baja, hasta el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, fecha en la cual culminaron las ocho semanas indicadas en el referido dispositivo, por lo que al fenecer esa temporalidad, también finalizó la obligación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle servicios de salud a Leonardo Rodríguez Cortés. Esto es, que por virtud de aquella baja y de la conclusión de conservación de derechos, a partir del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía la obligación de brindarle la asistencia médica que demanda el quejoso, dado que a partir de la data apuntada no se encuentra vigente como trabajador afiliado a ese instituto, al haber sido dado de baja por Adriana Segundo Zaldívar, pues precisamente virtud a esa relación laboral contaba con el servicio de salud que reclama a la autoridad responsable en este juicio, como parte de una prestación de seguridad social, la cual estuvo vigente en conservación a sus derechos hasta el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, pero de ninguna manera puede considerarse que esa obligación deba perdurar con posterioridad a esa fecha. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el quejoso haya recibido atención médica el veintiocho de febrero del presente año, sin embargo, ello obedeció a la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, en el cual se constriñó al Instituto Mexicano del Seguro Social a brindarle los servicios de salud que requiriera el quejoso de acuerdo a su estado de salud, es decir, dicha obligación fue impuesta por esta autoridad y de no haber cumplido con ella, se hubieran impuesto las sanciones que conforme a derecho procedieran a la referida autoridad, al desacatar un mandato de autoridad federal en tutela de un derecho fundamental, como lo es la salud; de ahí, que el haberle brindado al quejoso la atención médica en febrero pasado, no genera per se una obligación sucesiva a cargo de la responsable, pues se reitera, ese derecho únicamente pueden exigirlo los trabajadores cuyo servicio de salud se encuentre vigente derivado de su relación patronal. Por lo anterior, como quedó precisado en los párrafos que anteceden, en el caso debe considerarse inexistente la omisión atribuida a la autoridad responsable, dado que en autos no se evidencia el deber jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional Michoacán, de proporcionarle atención médica al quejoso, pues dicho Instituto -específicamente- no se encontraba obligado a prestar el servicio de atención médica, esto debido a la baja como trabajador presentada desde el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por parte de su patrón, virtud a la cual ya no tiene derecho a atenderse en esa institución, ya que la condición normativa para que el instituto referido esté obligado a prestar el servicio médico la imponen los numerales 84, 109 y 207 de la Ley del Seguro Social, con base en el cuales es necesario que los trabajadores se encuentran dados de alta por sus patrones (como trabajadores activos) o, bien, a través del seguro voluntario, contemplado en el artículo 13 del cuerpo de leyes invocado. Conforme a ello, si no existe la obligación a cargo de la responsable de actuar en la forma en que se le exige, la obligación de satisfacer el derecho de salud debe dirigirse a la autoridad a la que legal y competencialmente corresponda. Máxime que al perder la calidad de derechohabiente tenía la posibilidad de seguir cotizando en el régimen obligatorio bajo el esquema de afiliación voluntaria, con base en el artículo 13 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Así como la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEGURO SOCIAL, CONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DEL, QUE IMPONE OBLIGACIONES A LOS PATRONES. No es exacto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cobre con fundamento en el artículo 29 de la ley, servicios que no ha prestado, ya que mientras no se dé de baja a un trabajador, y en algunos casos aun después de que se dé tal baja, está obligado a otorgar los servicios que determina la Ley del Seguro Social a todos los sujetos del régimen obligatorio de seguridad social, cuando dichos sujetos los soliciten. Las cuotas obrero-patronales son créditos fiscales, verdaderos tributos o contribuciones en sentido genérico, según la terminología constitucional, que los patrones y obreros pagan obligatoriamente al Estado, al beneficiarse de manera especial por la implantación del servicio público administrativo de la seguridad social, servicio que a la vez reporta un beneficio colectivo. Estos tributos tienen su fundamento jurídico, además de la sujeción a la potestad de imperio del Estado para imponer las contribuciones necesarias para hacer frente a los gastos públicos, en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política, pues el Seguro Social constituye un servicio público nacional, establecido con carácter obligatorio en cumplimiento de ese precepto de nuestra Carta Fundamental. Dentro de este orden de ideas, mientras el trabajador no haya sido dado de baja por un patrón, el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a dar todas las prestaciones que señalan la ley y sus reglamentos, y el trabajador tiene derecho a dichas prestaciones, siempre que se den los presupuestos que el ordenamiento señala para que nazca el derecho al beneficio especial". Lo resaltado es de este juzgado. Y la tesis I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen". Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que ello, implique que la tutela del derecho de salud del quejoso queda desprotegido y que el Estado no esté obligado a satisfacerlo, pues eventualmente estará en posibilidad de afiliarse a alguno de los programas de salud que la Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán provee, verbigracia, el programa denominado Seguro Popular. CUARTA. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contenerse esta sentencia, procurando que la misma no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Leonardo Rodríguez Cortés, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de esta sentencia, atento a las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
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