Leobardo Raygoza Correa
Expediente 50/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Leobardo Raygoza Correa
Actuaciones
- Principal
AGREGUESE OFICIO DEL ACTUARIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO. SE ORDENA EL ARCHIVO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN SIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la copia del oficio de cuenta signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el que remite diverso oficio del Juzgado resolutor del propio Centro Auxiliar, al que acompaña el juicio de amparo que indica, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juzgador. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, como se ordenó en el acuerdo C. CAR172/2014-V, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, notifíquese al promovente del amparo y a la autoridad responsable, que el citado Juez decretó el sobreseimiento del juicio de garantías en que se actúa. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE ENERO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO. "Vista la demanda de garantías promovida por LEOBARDO RAYGOZA CORREA, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, con residencia en esa misma ciudad, por violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y en atención a su contenido se provee: Fórmese y regístrese el expediente bajo el número 50/2015-5, en el libro de gobierno. En la especie, del contenido de la demanda de garantías y sus anexos, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: ? El quejoso por conducto de su endosatario en procuración promovió juicio ejecutivo mercantil contra Eloy Macías Flores, y reclamó el pago de cuarenta y tres mil seiscientos pesos como suerte principal y como fundamento de la acción exhibió un título de crédito de los denominados pagaré, sin embargo, se declaró la caducidad de la instancia. ? Con motivo de lo anterior, promovió juicio ordinario mercantil contra Eloy Macías Flores, el cual fue emplazado a juicio. ? Seguido el procedimiento por sus etapas legales correspondientes, el diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se condenó al ahora tercero interesado al pago de treinta y seis mil ciento cuarenta y seis pesos. Sentencia definitiva que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Al respecto, es pertinente indicar el contendido de los artículos 1336, 1339 y 1340 del Código de Comercio reformado, que disponen: "Artículo 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1,339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de interposición del recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirán en el efecto preventivo, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta la apelación preventiva, se mandará tenerla presente cuando se apele la sentencia definitiva y se reitere ante el superior lo pedido en su oportunidad. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los nueve días siguientes, si se tratare de sentencia definitiva o de seis, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata, y dentro de esos plazos se deben de exponer los motivos de agravio, y en el término de tres días aquellas preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de Cuantía Menor o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya." El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de Estados tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo que antecede dentro de los primeros cinco días del año." Ahora bien, del análisis del acto reclamado, se desprende que la suerte principal en el juicio ordinario mercantil 201/2013, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Villanueva, Zacatecas, ascendió a la cantidad de $43,600.00 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), es decir, no excede de doscientos mil pesos, por tanto, el recurso de apelación es improcedente en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil catorce, en términos de lo previsto por el artículo 1340 del Código de Comercio anterior, el cual es aplicable al presente caso. Así las cosas, partiendo de la base que la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado, no es impugnable a través del recurso de apelación, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de garantías en que se actúa. A fin de determinar el motivo de la incompetencia de este Tribunal Federal, lo procedente es destacar el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Pues bien, conforme a lo anterior, tenemos que en el presente asunto el acto reclamado lo es la sentencia definitiva de diez de diciembre dos mil catorce, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Villanueva, Zacatecas, dentro del Juicio ordinario mercantil número 201/2013, que como quedó precisado, no admite el recurso de apelación acorde a lo ordenado por el numeral 1340 del Código de Comercio anterior. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna en esta vía constitucional, el suscrito resolutor considera que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el invocado artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que se trata de una sentencia definitiva, respecto de la cual no procede el recurso de apelación, mediante el que pueda ser modificada o revocada, en términos de ordinal 170 de la Ley Reglamentaria en consulta. En atención a las consideraciones expuestas, éste órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo número 50/2014-5, promovido por LEOBARDO RAYGOZA CORREA,, lo anterior, en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, por lo que, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, debiendo formarse el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el juicio en que se actúa, no se encuentre debidamente integrado, toda vez que la Superioridad, si decide aceptar la competencia planteada, dará trámite al expediente y otorgará un plazo a la autoridad responsable para la rendición del informe correspondiente, acorde a lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicita el promovente se tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Víctor Rosales número ciento treinta y nueve interior uno (139-1), colonia Centro, en esta ciudad. "
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