Leobardo Orozco Velazquez

Expediente 517/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
517/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Leobardo Orozco Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de quince de enero del año en curso, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que quedaba cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído, por la que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió al quejoso Leobardo Orozco Velázquez el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en Angostura, Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, realizara las siguientes acciones: a. Deje sin efectos el proveído dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho en autos del cuadernillo de archivo 50/2014; y, b. Atento a lo expuesto en la aludida determinación se pronuncie en relación a lo peticionado por el ahora quejoso, de manera fundada y motivada. En ese contexto, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en Angostura, Sinaloa, a través de su oficio 1099/2018 recibido en este Juzgado el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del proveído de veintiuno del mismo mes y año, en el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efecto el auto emitido el cinco de septiembre de la misma anualidad en autos del cuadernillo para archivo 50/2014, en lo que se refiere a la petición del quejoso Leobardo Orozco Velázquez en relación a la extinción de la potestad de ejecutar la pena de prisión impuesta en la causa penal 77/2012 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el delito de atentados al pudor, por lo que, al imponerse de nueva cuenta de lo peticionado por dicho quejoso en su escrito de veintinueve de junio de la aludida anualidad y recibido por dicha autoridad responsable el veintitrés de agosto siguiente, acordó la improcedencia de esa solicitud por los motivos y fundamentos a que hizo alusión en el mencionado proveído de veintiuno de diciembre próximo pasado. Con lo anterior se dio vista al quejoso en auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hace manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento, con base en los elemento que obren en el presente juicio y los datos aportado por las autoridades responsables, sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna, no obstante haber quedado legalmente notificado el veintisiete de diciembre de ese año. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en Angostura, Sinaloa, dejara sin efecto el proveído dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho en autos del cuadernillo de archivo 50/2014, y atento a lo expuesto en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho se pronunciara de manera fundada y motivada en relación a lo peticionado por el quejoso Leobardo Orozco Velázquez; lo que en la especie ya aconteció, toda vez que en proveído dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, la responsable dejó sin efecto el diverso de cinco de septiembre de ese mismo año, en lo referente a la petición del quejoso en relación a la extinción de la potestad de ejecutar la pena, y de nueva cuenta al imponerse de lo peticionado por el mencionado Leobardo Orozco Velázquez, se pronunció señalando de manera pormenorizada los motivos por los cuales resulta improcedente declarar extinta la potestad de ejecutar la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 77/2012 de que se trata, así como los fundamentos legales en que basa dicha determinación; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio número 1099/2018 con el que el Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia de ello, en virtud que se proveyó lo conducente el pasado veinticuatro de diciembre al haberse recibido el citado comunicado vía correo electrónico.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ESTRADOS AL QUEJOSO LEOBARDO OROZCO VELÁZQUEZ, ASÍ COMO A LAS DEMÁS PARTES, EL ACUERDO DICTADO EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio número 1099/2018 suscrito por el Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Angostura, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para acreditar lo anterior remite copia certificada de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Con lo anterior dese vista al quejoso, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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