Leobardo Peñuelas Peñuelas
Expediente 647/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leobardo Peñuelas Peñuelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve se ordenó el archivo definitivo en el presente juicio de amparo; por tanto resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, remitió a este Juzgado como justificación de su informe; en consecuencia, remítanse a la autoridad de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (notificado a las partes el veintidós de mayo del año en curso), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL TERECERO INTERESADO MOISÉS RUELAS SÁNCHEZ, EL ACUERDO DICTADO EL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que las partes no desahogaron la vista que se le ordenó mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Leobardo Peñuelas Peñuelas, el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, realizara lo siguiente: Deje sin efectos el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal de origen, por el que otorgó la libertad provisional bajo caución al aquí peticionario y con plenitud de jurisdicción emita uno nuevo cumpliendo con las formalidades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de exponer los motivos y razones particulares por los que le fijó para garantizar el concepto de reparación del daño la cantidad que importa el avalúo de la fracción de terreno objeto del despojo. En auto cinco de abril de dos mil diecinueve, quedó firme la sentencia por no haber sido recurrida por las partes y se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el cumplimiento de la misma. Mediante oficio 761/2019 de once de abril del presente año, recibido en este juzgado el veintitrés del mismo mes y año, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, el remitió copia certificada del auto de once de abril de dos mil diecinueve. Con lo anterior, en proveído de veintiséis de abril del presente año, se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, quien quedó debidamente notificado del mismo, el tres de los corrientes. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa Leobardo Peñuelas Peñuelas, el amparo y protección federal para efecto de que la autoridad responsable emitiere un nuevo auto con libertad de jurisdicción federal fundado y motivado, exponiendo los motivos y razones particulares por los que le fijó para garantizar el concepto de reparación del daño la cantidad que importa el avalúo de la fracción de terreno objeto del despojo, y la autoridad responsable emitió un nuevo auto, analizando el tema de reparación del daño. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente el proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y dictó nuevo auto que concede la libertad provisional bajo caución, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que las partes no desahogaron la vista que se le ordenó mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Leobardo Peñuelas Peñuelas, el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, realizara lo siguiente: Deje sin efectos el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal de origen, por el que otorgó la libertad provisional bajo caución al aquí peticionario y con plenitud de jurisdicción emita uno nuevo cumpliendo con las formalidades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de exponer los motivos y razones particulares por los que le fijó para garantizar el concepto de reparación del daño la cantidad que importa el avalúo de la fracción de terreno objeto del despojo. En auto cinco de abril de dos mil diecinueve, quedó firme la sentencia por no haber sido recurrida por las partes y se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el cumplimiento de la misma. Mediante oficio 761/2019 de once de abril del presente año, recibido en este juzgado el veintitrés del mismo mes y año, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, el remitió copia certificada del auto de once de abril de dos mil diecinueve. Con lo anterior, en proveído de veintiséis de abril del presente año, se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, quien quedó debidamente notificado del mismo, el tres de los corrientes. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa Leobardo Peñuelas Peñuelas, el amparo y protección federal para efecto de que la autoridad responsable emitiere un nuevo auto con libertad de jurisdicción federal fundado y motivado, exponiendo los motivos y razones particulares por los que le fijó para garantizar el concepto de reparación del daño la cantidad que importa el avalúo de la fracción de terreno objeto del despojo, y la autoridad responsable emitió un nuevo auto, analizando el tema de reparación del daño. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente el proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y dictó nuevo auto que concede la libertad provisional bajo caución, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
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