Leandro Quintero Ortiz
Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leandro Quintero Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de quince días establecidos por los artículos 196, 201, fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para que se inconformara del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró cumplido el fallo protector sin que haya hecho manifestaciones de inconformidad alguna, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha diez de julio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de seis de septiembre del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Leandro Quintero Ortiz, misma que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto: Para el efecto de que el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, con sede en esta ciudad, señale fecha para el desahogo de audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, dentro del término que precisa el artículo 73, 75 y 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, en los autos del expediente laboral número 29/2019. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando copia de certificada de la audiencia inicial en el juicio laboral 29/2019 de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Para el efecto de que el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, con sede en esta ciudad, señale fecha para el desahogo de audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, dentro del término que precisa el artículo 73, 75 y 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, en los autos del expediente laboral número 29/2019". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LEANDRO QUINTERO ORTIZ EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de seis de septiembre del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Leandro Quintero Ortiz, misma que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto: Para el efecto de que el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, con sede en esta ciudad, señale fecha para el desahogo de audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, dentro del término que precisa el artículo 73, 75 y 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, en los autos del expediente laboral número 29/2019. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando copia de certificada de la audiencia inicial en el juicio laboral 29/2019 de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Para el efecto de que el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, con sede en esta ciudad, señale fecha para el desahogo de audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución, dentro del término que precisa el artículo 73, 75 y 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, en los autos del expediente laboral número 29/2019". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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