Leobardo López Morales apoderado legal
Expediente 473/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Leobardo López Morales apoderado legal
- José Porfirio y/o Porfirio Martínez Castillo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de julio de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 26 a 30), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Archivo Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible por ubicarse en los supuestos contenidos los artículos vigésimo, fracción III, vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales al no obrar éstos en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese el oficio y anexo signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas autoridades responsables De igual forma, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y constancias que anexa en apoyo al mismo, se advierte que niega el acto reclamado; y al efecto, precisa que el diez de junio de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo correspondiente, teniendo por recibidas en esta data, copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así entonces, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente C.D.T. 562/2009-2, de su índice, de las que se desprende que el diez de junio de dos mil diecinueve, admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, mediante escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al emitir el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, proveyó respecto al escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve, presentado por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, y admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por el ahora quejoso; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La omisión de acordar el escrito presentado el ocho abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se interpone recurso de revisión de actos del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del juicio laboral C.D.T. 562/2009-2. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente C.D.T. 562/2009-2, de su índice, de las que se desprende que el diez de junio de dos mil diecinueve, admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, mediante escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve, circunstancia que se acredita con las copias certificadas de la referida determinación. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la determinación en comento -diez de junio de dos mil diecinueve-, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 9); por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecisiete de junio de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese el oficio y anexo signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas autoridades responsables De igual forma, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y constancias que anexa en apoyo al mismo, se advierte que niega el acto reclamado; y al efecto, precisa que el diez de junio de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo correspondiente, teniendo por recibidas en esta data, copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así entonces, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente C.D.T. 562/2009-2, de su índice, de las que se desprende que el diez de junio de dos mil diecinueve, admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, mediante escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al emitir el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, proveyó respecto al escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve, presentado por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, y admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por el ahora quejoso; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La omisión de acordar el escrito presentado el ocho abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se interpone recurso de revisión de actos del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del juicio laboral C.D.T. 562/2009-2. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente C.D.T. 562/2009-2, de su índice, de las que se desprende que el diez de junio de dos mil diecinueve, admitió a trámite el recurso de revisión de actos del actuario, interpuesto por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, mediante escrito de ocho de abril de dos mil diecinueve, circunstancia que se acredita con las copias certificadas de la referida determinación. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la determinación en comento -diez de junio de dos mil diecinueve-, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo a través de su apoderado legal, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 9); por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve José Porfirio Martínez Castillo y/o Porfirio Martínez Castillo, a través de su apoderado legal Leobrado López Morales, contra actos de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 473/2019-I. Se admite de demanda de amparo Una vez precisado lo anterior y toda vez que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Acto reclamado Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado, el siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el ocho abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se interpone recurso de revisión de actos del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del juicio laboral C.D.T. 562/2009-2. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual, remítasele copia de la demanda de amparo. Lo anterior, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 41, base II, inciso a); 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero; y 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a la autoridad responsable que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsable Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Se reserva emplazar a terceros interesados En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para el desahogo de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leobardo López Morales, Raquel George Miranda, Iván Vladimir Sánchez Grande y Roberto Téllez Fernández por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental que acompaña a su demanda de amparo, así como la presuncional legal y humana, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Párrafo de Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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