Leny Serrano Bañuelos

Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
506/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Leny Serrano Bañuelos

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Se admite recurso de queja Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por medio del cual hace del conocimiento de esta instancia el contenido del proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Leny Serrano Bañuelos, en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mismo que quedó registrado con el número 96/2021 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1620/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil veintiuno. Recurso de queja Visto el escrito de cuenta signado por ********************; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado que se desechó la demanda de amparo; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito del citado recurso, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto y una vez notificado este proveído a la parte promovente, remítase el juicio de amparo en que se actúa al citado Tribunal Colegiado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. ? Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por la quejosa Leny Serrano Bañuelos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído dieciséis de junio del año en curso. ? Acto reclamado. Ahora bien, en atención a la prevención citada con antelación, se advierte que Leny Serrano Bañuelos, señala como acto reclamado destacado, el siguiente: "PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se hace consistir en la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del Recurso de Revocación No. 14/2017/DJ/DRA", derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 124/2017/DJ/DRA, de los del índice de la Contraloría del Ejecutivo del Estado, resolución que en su punto SEGUNDO: ".Se confirma el auto de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por este órgano Estatal de Control dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa No. P.R.A. 124/2017/DJ/DRA".; auto en el que dicha Autoridad tuvo a la infractora LENY SERRANO BAÑUELOS, solicitando por escrito petición para que se gire citatorio y/o se haga comparecer por los medios conducentes a la testigo ofrecida por ésta de nombre CHARLOTTE TAMAYO SIERRA, y comparezca a la prueba testimonial ofrecida por la incoada en dicho Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 procedimiento, por no haber comparecido, acordando la autoridad que no ha lugar a acordar favorable su petición, ordenando en consecuencia el cierre de instrucción del procedimiento. Sin que la autoridad, ahora señalada como responsable, haya procedido en términos del artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria de la materia de amparo, como mediad de apremio, hace comparecer a la testigo con el auxilio de la fuerza pública; dejando en consecuencia a la incoada, ahora quejosa, en estado de indefensión, al no desahogar la testimonial ofrecida de la teste CHARLOTTE TAMAYO SIERRA, dejando de observar la garantía de defensa adecuada prevista por el numeral 20 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que se le reciban y desahoguen los testigos y demás pruebas que ofrezca la instrumentada; acuerdo que desde luego fue recurrido mediante el recurso de revocación que ahora por este medio se combate". ? Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 3 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 5 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del recurso de revocación 14/2017/DJ/DRA, que confirmó el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del citado procedimiento, por el cual no se acordó favorable la petición de la ahora quejosa, respecto de hacer comparecer por los medios conducentes a la testigo ofrecida de su parte, mismo que no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La lectura de la fracción III, incisos a) y b) del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite identificar la clase de actos impugnables en amparo indirecto por la naturaleza de las autoridades de que provienen, pues si se refiere a aquellos actos que no provengan de tribunales judiciales o jurisdiccionales, es lógico deducir que mediante la indicada fracción son reclamables Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 7 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? en amparo, en su caso, los actos administrativos provenientes de autoridades administrativas distintas de tribunales jurisdiccionales. Además, el artículo y fracción en mención establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo: I. En el inciso a, de dicha fracción, aparece la regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante el Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. II. Mientras que, en el inciso b, de la fracción III, aparece una excepción a la regla específica que acaba de señalarse; la excepción consiste en que cuando dentro de ese procedimiento "en forma de juicio" que se tramita ante autoridad administrativa se causa un perjuicio de imposible reparación, el afectado no tiene que esperar hasta la resolución definitiva, sino que puede, válidamente, acudir al amparo de inmediato. Por tanto, aquí el legislador delimita los actos de imposible reparación de la misma manera como lo establece en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, por cuanto establece que deben entenderse como tales aquellos en los que se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Resulta aplicable, la tesis aislada II.1o.4 A (10a.), emitida Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 2921, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2007780, que dice: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 9 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación". Ahora, si bien el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la resolución terminal que se dicte en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por violaciones cometidas en la misma determinación o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. No obstante, el legislador previó la excepción de procedencia del juicio de amparo, de manera inmediata, contra actos dictados en el procedimiento administrativo seguido en Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 forma de juicio, cuando sean de imposible reparación, esto es, afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Destacado lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, para lo cual conviene explicar que en la actualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. La característica de excepcionalidad citada requiere que se satisfaga íntegramente, conforme a la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Registro: 2011428, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la interpretación de la nueva Ley de Amparo no podían seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 11 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", siendo del contenido siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 13 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Bajo estas consideraciones, debe verificarse si los actos reclamados constituyen la resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa, en cuyo caso contrario, será claro que no se actualiza la regla de procedencia prevista en el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto intraprocesal. Asimismo, también será necesario verificar si dicha actuación es un acto de imposible reparación, en cuyo caso afirmativo será procedente el juicio de amparo. Atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo, el juzgador debe analizar la procedencia del juicio respecto de cada uno de los actos en contra de los que la parte quejosa se inconforme, pues aun cuando se reclamen de manera conjunta, las reglas para la procedencia del juicio deben aplicarse a cada uno de ellos. Al efecto, surte aplicación la jurisprudencia 607, de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 1917-Septiembre 2011 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 673, Registro: 1002673, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Ahora, como se precisó con antelación, el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del recurso de revocación 14/2017/DJ/DRA, que confirmó el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del citado procedimiento, por el cual no se acordó favorable la petición de la ahora quejosa, respecto de hacer comparecer por los medios conducentes a la testigo ofrecida de su parte; sin embargo, dicho acto reclamado tiene el carácter de trámite o instrumental en el procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que no pusieron fin a la vía administrativa y únicamente tienen Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 15 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? efectos formales o intraprocesales. Por otro lado, dicho acto intraprocesal, tampoco puede considerarse como de imposible reparación, ya que no causan una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa Leny Serrano Bañuelos, tutelados en la Carta Magna o en los Tratados Internacional, en la medida de que dicha afectación o sus efectos pudieron haberse destruido con la obtención de una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento. En tales condiciones, a consideración de este órgano jurisdiccional, es patente la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que los actos intraprocesales reclamados no constituyen la resolución terminal que pueda emitirse en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ni son de imposible reparación, entendido como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos de la quejosa Leny Serrano Bañuelos,. Luego, tratándose de actos dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, el juicio de amparo indirecto sólo procede hasta que se dicte en éste la resolución definitiva con que culmina, pudiéndose reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, ello a fin de no obstaculizar injustificadamente el dictado de resolución en sede administrativa. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 JUICIO DE AMPARO 506/2021-VIII 17 ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo."2 "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos 2 Décima Época. Registro: 2002359. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530. Christoper Rodriguez Escobar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.bc 23/10/22 13:30:12 deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."3 En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo y consideraciones precisadas en párrafos precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Leny Serrano Bañuelos, por propio derecho, contra actos de la Contralora del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 506/2021-VIII. Prevención. A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en la fracción IV y V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Por tanto, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: ".LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DENTRO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 124/2017/DJ/DRA DONDE SE RADICÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN NÚMERO 147/2017/DJ/DRA de los del índice de la Contraloría del Ejecutivo del Estado." Sin embargo, de los antecedentes que narra la promovente se advierte, que se duele de la resolución dictada dentro del recurso de revocación 14/2017/DJ/DRA derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A 124/2017/DJ/DRA, del índice de la Contraloría del Ejecutivo Estado de Tlaxcala. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV, V, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: Precise cuál es el acto reclamado en la presente instancia; esto es, si el mismo lo constituye la resolución dictada dentro del recurso de revocación 14/2018/DJ/DRA derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A 124/2017/DJ/DRA, del índice de la Contraloría del Ejecutivo Estado de Tlaxcala, pues no lo precisa en el apartado respectivo, pero de los capítulos de antecedentes y conceptos de violación de la demanda se advierte que se duele de la misma; o bien, la notificación de dicha determinación, o ambos actos. De igual manera, del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado actos, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Por tanto, deberá: Manifestar bajo protesta de decir verdad, la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A 124/2017/DJ/DRA. Lo anterior, toda vez que de la determinación emitida el veinte de mayo del año en curso, en el recurso de revocación 14/2018/DJ/DRA derivado de dicho procedimiento, se advierte que en la misma se confirmó la diversa determinación de tres de septiembre de dos mil dieciocho, sin que se advierta con exactitud a qué se refiere la misma. Copias de escrito aclaratorio Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Pineda Fierro, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito.  Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.  Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

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