Leobardo López Morales

Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
972/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Leobardo López Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que sobreseyó fuera de audiencia dictado en el presente juicio, deberán publicarse sin suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, que en la parte que intresa diece: Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, rinde su informe justificado y anexa copia certificada de la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 212/2017-C de su índice, así como de sus constancias de notificación; documentales a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprende que el siete de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución correspondiente al incidente de competencia dentro del juicio ordinario laboral 212/2017-C, la cual hizo de conocimiento de las partes. Lo anterior pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución de referencia, cesó la omisión de dictar la misma; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de emitir y notificar la resolución interlocutoria respecto del incidente de competencia planteado en el expediente laboral 212/2017-C del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó al oficio registrado con el folio 17804 copia certificada de la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio ordinario laboral 212/2017-C de su índice, entre lo que interesa, mencionan: "(...) R E S U E L V E PRIMERO. Se tramitó y substanció legalmente el incidente de competencia, promovido por la parte demandada en lo principal y actora incidentista, Ayuntamiento del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a través de su apoderado legal. SEGUNDO. Se declara improcedente el incidente de competencia que nos ocupa, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución, en consecuencia se ordena la reanudación del procedimiento. TERCERO. Se señalan las doce horas del día quince de febrero de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, concretamente con la réplica y contrarréplica, continuando con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, quedando vigentes los apercibimientos decretados en el auto admisorio de demanda. NOTIFÍQUESE. Personalmente a las partes en términos del artículo 104, fracción VII, de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. (.)" Asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación por las que se hizo del conocimiento a las partes, la resolución en cita, entre las que se destaca la practicada a la parte quejosa. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Asimismo, dese de alta la presente resolución en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rinda su informe justificado, ello en atención a que mediante oficio 1675/2017 -que obra en copia certificada en el presente juicio- signado por el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informó a este órgano jurisdiccional que en sesión de pleno ordinaria de cinco de enero de dos mil diecisiete, se declaró inhábil el día doce de diciembre del año en curso, por tanto, aún se encuentra transcurriendo el término para ello. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de un día concedido a Leobardo López Morales, quien se ostenta como apoderado legal de Icela Vega Espinosa, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, a fin de que desahogara la prevención hecha en el mismo, sin que la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene como acto reclamado la omisión de emitir y notificar la resolución interlocutoria respecto del incidente de competencia planteado en el expediente laboral 212/2017-C, atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. En mérito de lo anterior, vista la demanda de cuenta que promueve Leobardo López Morales, quien se ostenta como apoderado legal de Icela Vega Espinosa; en atención a que la misma satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsables su informe con justificación, que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si son ciertos o no los actos que se le reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo; en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se hará efectiva una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se previene a la autoridad responsable que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto los actos que se le reclaman, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberá rendir su respectivo informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, en términos del diverso 251 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento del Municipio de Yauhquemecan, Tlaxcala. En tal virtud, se ordena emplazarlo mediante oficio con la inserción correspondiente del presente proveído y copia de la demanda de amparo, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene.

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