Legislatura del Estado de México

Expediente 393/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
393/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Legislatura del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa lv. Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio positividad y vigencia al artículo 95, fracción I, inciso C), rango 7, de la tarifa; así como la diversa fracción II, rango 7 de la tarifa, también del referido artículo 95, ambas porciones normativas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México: La promulgación del Decreto que originó la positividad y vigencia del artículo 95, fracción I, inciso C), rango 7, de la tarifa; así como la diversa fracción II, rango 7 de la tarifa, también del referido artículo 95, ambas porciones normativas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la aplicación en su perjuicio del artículo 95, fracción I, inciso C), rango 7, de la tarifa; así como la diversa fracción II, rango 7 de la tarifa, también del referido artículo 95, ambas porciones normativas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y el consecuente cobro de las respectivas cantidades de $26,586.00 (veintiséis mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por la aplicación en su perjuicio de ambas porciones normativas, es decir un total de $53,172.00 (cincuenta y tres mil ciento setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Cantidades por concepto de pago de derechos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de los actos jurídicos y el instrumento público que los formalizó a través de la escritura pública número cuarenta mil ochenta y seis (40,086), pasada ante la fe del Notario Público ciento tres (103) del Estado de México, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno. De la Legislatura del Estado de México, La aprobación del Decreto que dio positividad y vigencia al artículo 95, fracción II, rango 6, de la tarifa; del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México: La promulgación del Decreto que originó la positividad y vigencia del artículo 95, fracción II, rango 6, de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la aplicación en su perjuicio del artículo 95, fracción I, rango 6, de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y el consecuente cobro de la cantidad de $22,155.00 (veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad por concepto de pago de derechos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, de los actos jurídicos y el instrumento público que los formalizó a través de la escritura pública número cuarenta mil ochenta y seis (40,086), pasada ante la fe del Notario Público ciento tres (103) del Estado de México, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión en contra la resolución antes referida, en la que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del amparo en revisión 274/2021 de su índice, reasumió jurisdicción y dictó una resolución cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por las consideraciones expuestas en el penúltimo considerando de la misma y para los efectos precisados en el último de los considerandos." Asimismo, en relación a lo anterior, de la determinación emitida por el Ad quem se advirtió que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "NOVENO. Sobre ese contexto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: 1. No aplique a la quejosa, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracciones I, inciso c), en su rango 7, y II, rango 7de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil veintiuno. 2. Dicha protección Constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a los agraviados por concepto de derechos de inscripción del contrato de compraventa y contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria; por ende, deberá devolver las cantidades que pagó por los conceptos referidos, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación; cantidades que deberán de encontrarse debidamente actualizadas. 3. En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ella implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata; en el entendido de que si el fedatario público aún no ha realizado el pago de derechos correspondiente, deberá hacerlo, únicamente, atendiendo a esa tarifa mínima." Por tanto, en atención a lo ordenado por la superioridad, en dieciocho de marzo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el treinta de marzo y el siete de abril, ambos del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 222C0101040000L/813/2022 y 222C0101040000L/888/2022 signado por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante los cuales informó que no aplicará a la parte quejosa Nataly Andrea Nava Ramírez "las tarifas contenidas en el artículo 95, fracciones I, inciso C), en un rango 7, y II, rango 7 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigentes para el año dos mil veintiuno."; así como que emitió un título de crédito a su nombre, para efecto de cubrir el monto total a restituir; el cual se encuentra disponible para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería de ese instituto, y para acreditarlo remitió las constancias respectivas. Constancias que por ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable señalada por el Tribunal Colegiado cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, ordenó no aplicó a la quejosa, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracciones I, inciso c), en su rango 7, y II, rango 7de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil veintiuno y ordenó la devolución de las cantidades que pagó la quejosa por los conceptos referidos. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia ***, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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