Leobarda Roque Marcos
Expediente 1422/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Leobarda Roque Marcos
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1422/2023-III, promovido por ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, respecto del acto y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso Sexto de la misma.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual el representante legal de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al proveído de nueve de octubre del año en curso, en el cual se le requirió a fin de que remitiera las constancias que demostraran como se obtuvo la diferencia para realizar la devolución a la parte quejosa del 1.375% en cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio; adjunta el oficio firmado por la Jefa del Departamento de Pensiones, mediante el cual remite el desglose solicitado; además designa delegados, señala domicilio físico y correo electrónico y solicita el acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 9, de la ley de la materia, se tienen como delegados los designados por dicha autoridad y como domicilio el físico que señala en su misiva y por cuanto hace al correo electrónico proporcionado, se toma conocimiento. Además, respecto de su solicitud de acceso al expediente electrónico, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "Mario_RS_88"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Y por cuanto hace a las constancias que remite a fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos, se tiene por cumplido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." N
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba prevista para el veintitrés del mes y año en curso; sin embargo, en atención a lo determinado en la circular 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el aviso emitido el veinticinco de octubre del año en curso, por la Coordinación de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Segundo Circuito en Toluca y Almoloya de Juárez, Estado de México, entre otras cosas, se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, no se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas para tal efecto, en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia constitucional se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. N
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Leobarda Roque Marcos, por sí, y ostentándose como madre en representación de la menor de iniciales ********************, por conducto de sus apoderados legales Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo y Daniela García Abarca, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1422/2023-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la parte promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracción IV, se considera pertinente requerir a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de éste proveído, por escrito, y con las copias necesarias de éste: Exhiba documento fehaciente, con el que acredite la personalidad con la que promueve la demanda en nombre y representación de la menor de iniciales ********************. No se pasa por alto que los promoventes manifiestan que acreditan su personalidad con la carta poder que adjuntan, lo cual acredita la representación legal respecto a la quejosa Leobarda Roque Marcos, no así respecto a la representación de la menor de iniciales ********************, toda vez que no adjuntaron documento fehaciente que acredite la legitimación que tiene la quejosa respecto de la menor en comento, por lo que dicha circunstancia es insuficiente para dar trámite a la presente demanda de amparo, respecto de la citada menor de edad. Circunstancia que deberá ser acreditada, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional acordar respecto a la procedencia o no, del juicio de amparo intentado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." De igual modo, es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J.43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Es oportuno señalar que, conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibida que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, únicamente respecto de la menor de edad de iniciales ********************. Asimismo, toda vez que se encontró registro del usuario ******************** en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico con el mismo, y se autoriza para oír y recibir notificaciones que deriven del presente juicio, al así haberlo solicitado expresamente. De igual manera, se toma conocimiento del domicilio físico proporcionado. Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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