Lazaro Flores Pérez
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- Lazaro Flores Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de veintisiete de octubre, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, remite testimonio de la resolución dictada por ese tribunal en sesión extraordinaria virtual de ocho de octubre del año en curso, en el recurso de queja 262/2021; en consecuencia, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que del estado de autos se aprecia que similar información se acordó mediante proveído de trece de octubre pasado.
- Incidental
VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 816/2021-III; y, R E S U E L V E : Único. Se niega la suspensión definitiva a Lázaro Flores Pérez, que solicitó contra los actos y autoridades mencionados en los Considerandos Primero y Segundo y para los efectos precisados en el Considerando Segundo de la presente determinación.
- Incidental
Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia del auto admisorio y dos copias simples del escrito inicial de demanda, así como con el proveído del día de la fecha, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 816/2021-III, promovido por Lázaro Flores Pérez, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx., o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las trece horas con cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, dado que el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: La omisión de emitir medidas preventivas con el fin de mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en sus nuevas variantes, para el personal de salud con comorbilidades; materializada en, la obligación impuesta por parte de las responsables al quejoso, de seguir prestando sus servicios médicos en la Unidad Médica Familiar 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, soslayando que el quejoso pertenece a un grupo de riesgo, pues padece de la enfermedad denominada diabetes descompensada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, pues tal acto constituye un acto omisivo, mismo que no es dable de ser suspendido puesto que importa una omisión y no así un actuar, motivo por el cual no existe una circunstancia dable de ser suspendida, máxime que conceder la suspensión solicitada, se le estaría dando carácter restitutorio a tal medida, mismo que es propio de la sentencia que llegara a dictarse en el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, consultable en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 199059; con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." De igual forma ilustra lo anterior, la tesis número I.6º.T.3K(10ª), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 3, octubre de dos mil trece, página 1912, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Ahora, con relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado, esto es, la obligación impuesta por parte de las responsables al quejoso, de seguir prestando sus servicios médicos en la Unidad Médica Familiar 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, soslayando el quejoso que pertenece a un grupo de riesgo, pues padece de la enfermedad denominada diabetes descompensada, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, dado que en el caso concreto, el solicitante de la medida, expuso en su demanda que ha completado su esquema de vacunación en contra del COVID-19; en consecuencia, dejó de formar parte del "grupo vulnerable". En efecto, la pérdida de la vida o el menoscabo en la salud del quejoso, no es una consecuencia directa e inmediata de lo atribuido a las responsables, ya que la circunstancia de no ordenar el resguardo domiciliario, por sí sola, no tiene como consecuencia que el quejoso se contagie del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que, existen una serie de medidas preventivas implementadas por las autoridades a fin de evitar la transmisión del coronavirus en comento. Incluso, conforme a los criterios para poblaciones vulnerables expedidos por el Gobierno de México, en especial el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", se concluye que las personas con "diabetes mellitus", que cuentan con el esquema de vacunación completa, dejaron de considerarse dentro del "grupo vulnerable", respecto del que se debe ordenar el resguardo domiciliario, lo que implica que pueden volver a las actividades cotidianas en su totalidad. En consecuencia, dado que el quejoso ya no se ubica dentro del "grupo vulnerable" para contraer la enfermedad derivada del coronavirus referido, toda vez que, al momento en que promovió la demanda de amparo ya cuenta con el esquema completo de vacunación, por lo que no es una persona que de contraer la enfermedad ocasionada a causa del COVID-19, sea alto el riesgo a daños severos en su salud. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en la demanda de amparo; asimismo, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la ley de la materia a María del Carmen Paola Norman Pérez y Rosa Isela Chavelas Valencia, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; asimismo, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, limitación que se establece hasta en tanto se cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacerse del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Y, en relación a la solicitud de la parte quejosa para que se le expida copia certificada por duplicado del presente auto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto la copia de la presente determinación; lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que recogerá las copias, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Además, para efecto de notificar a la autoridad responsable del presente proveído, dada la contingencia actual, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique el oficio derivado de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcione, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio). Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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